Ocho personas detenidas, animales y materiales de construcción asegurados, así como la intervención de oficinas sindicales, de paquetería, minas, carnicerías y tiendas de comida para animales es el resultado de la “Operación Liberación”, la cual consistió en cateos simultáneos a 52 establecimientos en 14 municipios del Estado de México con el objetivo de desmantelar redes criminales de La Familia Michoacana vinculadas con la extorsión.
Durante el operativo participaron 63 células operativas con 2 mil 866 elementos de seguridad, entre los que había policías y militares.
En conferencia de prensa, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el Fiscal General de Justicia del Estado de México (FGJEM), José Luis Cervantes Martínez, informaron que el operativo conjunto resultó en la detención de siete personas con orden de aprehensión en el Estado de México y una en el estado de Quintana Roo. Los detenidos están vinculados con la extorsión y secuestro exprés.
Imagen: SSPC
Entre las detenciones destaca Yareli “N”, quien fungía como Tercera Regidora del de Ixtapan de la Sal, municipio donde el lunes se registraron bloqueos carreteros en al menos ocho puntos, paralizando el Boulevard Turístico y las carreteras hacia Coatepec Harinas y Villa Guerrero mientras se llevaba a cabo el operativo.
Los bloqueos aparentemente fueron coordinados por sindicatos de transportistas que presuntamente están vinculados a la Familia Michoacana.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que la regidora fue detenida por su probable intervención en el delito de secuestro exprés con fines de extorsión.
En la conferencia de prensa, el fiscal del Estado de México detalló el modus operandi de la red criminal. A través de la creación de sindicatos fachada, como el “Sindicato Libertad” y el “Sindicato Bradosva”, el grupo delictivo disolvió violentamente a las organizaciones legítimas de transportistas y estableció un control monopólico sobre la venta de materiales de construcción, alimentos y otros servicios.
La investigación reveló que los criminales obligaban a la población y a los constructores a adquirir productos exclusivamente en establecimientos “autorizados” por ellos, como las casas de materiales Jimex, Construrama y Aceros Arriaga. En estos locales, los sobreprecios eran exorbitantes, alcanzando hasta un 400% en algunos productos.
Imagen: Fiscalía Edomex
El control se extendía a la extracción de materiales, dominando la operación de minas como San Juan, Michoacana, Nieto y Velázquez.
Este esquema extorsivo abarcaba también el sector alimentario. En Texcaltitlán, catearon la carnicería Don Celes, donde se imponía una cuota de 5 pesos por cada kilogramo de ganado comercializado. En Tejupilco, forzaron el cierre del rastro municipal para operar uno clandestino bajo su control. En Sultepec, el precio del pollo y la carne de cerdo se inflaba hasta en un 300% en los expendios de la red.
Incluso los servicios de paquetería de empresas nacionales fueron cooptados. En Tejupilco, toda la paquetería era interceptada y llevada a un almacén del grupo, donde se exigía un pago ilegal al destinatario para poder reclamar su paquete.
Imagen: Fiscalía Edomex
“Es importante destacar que combatir a este grupo criminal era una necesidad urgente para proteger la economía local y la tranquilidad de miles de familias en el Estado de México, y detener estas prácticas que buscaban controlar sectores económicos, desde el abasto de alimentos hasta materiales de construcción. Fue indispensable actuar de manera conjunta entre las autoridades federales y estatales, a través de operativos coordinados que permitieran desarticular sus operaciones, asegurar bienes vinculados al delito y recuperar el control del territorio en favor de la ciudadanía”, expresó Omar García Harfuch.
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