Torreón, Coahuila.- Un juez federal de control vinculó a proceso al ex secretario de Finanzas del Gobierno de Coahuila, Ismael Ramos Flores o Ismael Eugenio Ramos Flores, por la suscripción indebida de 18 contratos públicos por un monto de 475 millones de pesos que fueron asignados a una red de empresas que compitieron entre sí durante procesos de licitación restringida.
En la resolución emitida por el Juez de Control Adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Torreón, Coahuila, Benito Edgardo Hernández Luna, se concluyó que el ex secretario de Finanzas del ex gobernador de Coahuila y actual diputado federal del PRI, Rubén Moreira Valdez, cometió el delito de uso indebido de atribuciones y facultades en las fracciones que sancionan el otorgamiento de autorizaciones indebidas de carácter económico y la firma de contratos públicos de forma indebida.
Durante la audiencia inicial celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal de Torreón, Coahuila, la Fiscalía General de la República (FGR) cambió el delito de peculado que pretendía imputar al ex funcionario de Coahuila por el de uso indebido de atribuciones y facultades, sin que la dependencia explicara la razón de esta determinación.
Los 18 contratos bajo investigación fueron firmados por Ramos Flores entre febrero y marzo del 2016 por conceptos de asesoría y análisis en diversos rubros y se pagaron con recursos federales provenientes del ramo 23.
Previamente, se firmaron dos convenios entre el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto con el gobierno de Coahuila a través de la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda (SHCP), cuyo titular era el asesinado Isaac Gamboa Lozano, relacionado con la “Operación Safiro” para el financiamiento de campañas electorales del PRI en 2016 y 2017.
Sin embargo, en la imputación formal por estos hechos, la FGR no hizo referencia explícita a la denominada “Operación Safiro“, conocida también como “Operación Saneamiento Financiero”, ni a un posible peculado por el desvío de estos recursos.
Debido a que los contratos públicos se firmaron antes de mayo del 2016, la Fiscalía formuló su imputación utilizando el Código Penal Federal vigente hasta junio del 2016, fecha en que fue reformado el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
Por lo anterior, las penas previstas para este ilícito al momento de los hechos, son de seis meses a doce años de prisión, de cien a trescientos días multa, y la destitución e inhabilitación del cargo en caso de que estuviera en funciones.
Durante la audiencia que tuvo lugar entre la tarde del martes y la madrugada de este 22 de junio, la Fiscalía no solicitó la prisión preventiva justificada contra el imputado ni argumentó daño al erario, con lo que se hubiera podido reclamar una reparación del daño a las finanza de la Federación, el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio impuso como única medida cautelar la obligación del imputado de no salir del país, así como la entrega de su pasaporte y visa estadounidense para garantizar esta situación.
A través de sus fiscales Blanca Flor Ramón Peralta, Aejandro Maya y Julio Antonio Cobos, la FGR había solicitado como medidas cautelares que se confinara la movilidad de Ismael Ramos Flores a la ciudad de Saltillo, Coahuila, donde tiene su lugar de residencia, y la obligación de acudir a la Unidad de Medidas Cautelares cada 15 días para firmar el libro de registros y así documentar el cumplimiento de la libertad condicionada.
No obstante, el juez de control determinó que está última medida es inútil y riesgosa ante los vaivenes de la pandemia de Covid-19, que actualmente registra su quinta ola en México, destacando que la entrega de visa y pasaporte fue una propuesta de la defensa para poder garantizar que su cliente no tiene intención de abandonar el país y de que se va a presentar en las siguientes audiencias a la que vaya a ser citado para comparecer.
De hecho, Ismael Ramos Flores compareció a través del sistema de videoconferencia, lo que revela que el Ministerio Público Federal descartó de antemano la posibilidad de solicitar prisión preventiva justificada contra el imputado.
En una de sus intervenciones, el Ministerio Público federal advirtió que una de las líneas de investigación sobre este caso, es la red de empresas que compitieron entre sí en licitaciones restringidas a tres empresas o personas morales, ya que la Fiscalía General de la República documentó cómo en algunos de estos procesos intervinieron las mismas empresas, permitiendo que aún cuando una de ellas no se viera beneficiada en uno de estos procesos de contratación, obtuviera ese mismo beneficio en otra invitación restringida de carácter público.
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