Portugal es uno de los estados más centralizados de la Unión Europea. Y no resulta fácil ni rápido que vaya a dejar de serlo. La regionalización del país, que fracasó en 1998 cuando se llevó a cabo a un referendo, había sido retomada por el primer ministro, António Costa, como la gran reforma política de este mandato, pero la negativa del principal partido de la oposición, el Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha), a acompañarle en la travesía dificulta la convocatoria de un segundo referendo en 2024, como Costa quería.
Mientras tanto, avanza la descentralización de competencias en educación, sanidad, cultura y cohesión social a los municipios, el otro gran pilar de la arquitectura institucional portuguesa junto al Estado. El Gobierno llegará al debate del estado de la nación de este miércoles con el alivio de haber conseguido luz verde de la Asociación Nacional de Municipios Portugueses (ANMP) al último acuerdo. Al final será su principal logro político tras el accidentado inicio de legislatura, con una grave crisis sanitaria por falta de medios en hospitales y un insólito desacuerdo político entre Costa y su ministro de Infraestructuras, Pedro Nuno Santos, a propósito del nuevo aeropuerto de Lisboa.
La Cámara Municipal de Oporto abandonó a finales de mayo la ANMP, el órgano de representación de los ayuntamientos y el interlocutor del Gobierno para negociar, en protesta por los perjuicios económicos que causaría el traspaso educativo tal y como había sido diseñado por el Ejecutivo. La rebelión de Oporto contra los dictados de Lisboa animó a otros alcaldes a exigir cambios y forzó una revisión de las propuestas estatales.
El proceso descentralizador no empezó con buen pie. Pocos de los 308 ayuntamientos lusos aceptaron las nuevas competencias de forma voluntaria. “El Gobierno impuso las competencias a transferir, las fechas y los importes y la Asociación Nacional de Municipios asumió esos compromisos sin informarnos”, criticó el alcalde de Oporto, el independiente Rui Moreira, en una entrevista con realizada en la Cámara Municipal.
A pesar de su amistad con el primer ministro, heredada de los tiempos en que ambos presidían los ayuntamientos de Oporto y Lisboa, Moreira contrastaba la buena gestión hecha durante el traspaso de competencias de los transportes públicos con la deficiente propuesta en materias educativas. “El peligro es que el hecho de que la descentralización se está haciendo muy mal va a llevar al rechazo de la regionalización, y con razón, por parte de la población”, sostenía Moreira, que cifraba en 10 millones de euros el perjuicio que sufriría la Cámara Municipal de Oporto con el plan del Gobierno.
El desaire de Oporto sirvió de revulsivo para otros municipios. Aunque ninguno siguió su ejemplo de abandonar la asociación que les representa, las reivindicaciones han logrado ablandar el criterio del Gobierno central. Con la obsesión de mantenerse en la senda de “as contas certas” (las cuentas correctas) para tratar de atajar la disparada deuda pública portuguesa, el Ejecutivo de Costa despliega una austeridad presupuestaria siempre que puede. Los ayuntamientos se quejaban de que las transferencias económicas para el mantenimiento de los colegios eran insostenibles y finalmente se ha ampliado la partida. “Las cámaras ya están recibiendo más de lo que el Gobierno gastaba”, aseguró la ministra de Cohesión Territorial, Ana Abrunhosa, hace unas semanas.
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Este viernes el propio António Costa firmará el acuerdo con la ANMP para realzar el significado político del traspaso de competencias, que suaviza el centralismo administrativo del país. Pero lo que no se vislumbra es un Portugal dividido en regiones a medio plazo, aunque el primer ministro volvió a defender la necesidad de un referendo en una reciente reunión de la Comisión Nacional del Partido Socialista. “No se puede dejar de hacer porque se tenga miedo de escuchar a los portugueses”, afirmó.
El presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, que en su día se opuso a la regionalización cuando era líder del PSD y que ahora ha suavizado su rechazo, ha avisado de que una nueva consulta popular requiere del consenso parlamentario. Aunque el Partido Socialista dispone de una cómoda mayoría absoluta, la principal reforma política que acometería el país en las últimas décadas necesitará al menos del respaldo del PSD, el partido que se ha alternado en el poder con el PS desde que se instauró un régimen democrático tras la Revolución de los Claveles de 1974. Este consenso parecía asegurado hasta que el reciente cambio en el liderazgo de los conservadores, que han elegido como nuevo presidente del partido a Luís Montenegro, ha dado un giro a la posición del partido respecto a la regionalización. “No habiendo condiciones para un referendo, no vamos a perder el tiempo en alimentar una discusión estéril sobre nada”, señaló Montenegro
Lo que el presidente del PSD planteaba hace un mes es que antes de llegar a dividir el país en regiones, estaba aún pendiente el traspaso de competencias a los municipios: “Estamos en pleno proceso de descentralización de competencias, que dura ya tres años, que ha sido turbulento y no ha tenido resultados positivos”. Tal vez ahora el acuerdo entre Gobierno y ayuntamientos le deje sin este argumento, pero el PSD es un partido dividido respecto a la regionalización del país, al igual que el Partido Socialista. No parece que las regiones estén a la vuelta de la esquina.
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