“México sí participará en la prueba PISA, que mide el rendimiento de loa alumnos en matemáticas, ciencia y lectura. Nos confirman que pese a las dudas que había, la prueba será aplicada las últimas semanas de abril y las primeras de mayo entre estudiantes de tercero de secundaria. La prueba no se aplicó en 2021 debido a la pandemia, y existían versiones de que quizá ya no se volvería a realizar en México. El 24 de marzo el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, nos dicen, recibió las instrucciones de la SEP para que diseñe la logística para la aplicación de esta prueba, de la que nunca una nación participante se ha retirado. Una buena noticia, pues la medición de calidad educativa permite ubicar deficiencias y trabajar en las mejoras”.
“No cabe duda de que trabajar en el gobierno de la Ciudad México es como estar en el paraíso. Cosa de ver cómo Claudia Sheinbaum encubre, perdón, apapacha a sus más cercanos colaboradores hasta cuando cometen ilícitos. Ahí está el caso, por supuesto, de Florencia Serranía, que pese a no haberle dado la debida supervisión y el mantenimiento de la Línea 12, la jefa de Gobierno no procedió en su contra. Todavía después de mes y medio del colapso, la dejó en el cargo y luego la mandó a su casa”.
“Que el tema de la comparecencia de los funcionarios encargados de la construcción del Tren Maya en el Senado, que preside Olga Sánchez Cordero, dejó en evidencia lo endeble del ‘bloque de contención’, ya que opositores que se encontraban en la sesión se lavaron las manos y se ausentaron de la votación. Si esto pasó en este tema, dicen sus crítico, qué se puede esperar de las grandes decisiones en torno a la reforma eléctrica que impulsa el gobierno federal y que requiere de la mayoría para ser aprobada”.
“Si el Presidente sabe todo lo que pasa en México, a Andrés Manuel López Obrador, el fiscal Alejandro Gertz Manero le debió haber informado que quiere meter a la cárcel, por el presunto delito de encubrimiento en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, al secretario de la Marina, almirante José Rafael Ojeda, y exonerar de cualquier probable responsabilidad al Ejército. También debe saber, aunque signifique una violación a la ley, que para crear las condiciones de opinión pública contra el secretario, se reveló un secreto de Estado. El cálculo que debe hacer es sobre las repercusiones y consecuencias que tendrá un conflicto con las Fuerzas Armadas al convertir responsabilidades en culpabilidades”.
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