La situación de las cuentas públicas húngaras es el gran talón de Aquiles del Gobierno de Viktor Orbán. Tras años de tira y afloja con Bruselas por el maltrato del Ejecutivo ultraconservador de Fidesz al Estado de derecho, la economía ha obligado al veterano político a pactar con la Comisión Europea la puesta en marcha de un paquete de medidas contra la corrupción para no perder la gasolina con la que sustenta su Administración, basada en el clientelismo. La Comisión Europea ha propuesto la suspensión de 7.500 millones de euros de fondos de cohesión de la UE para Hungría por propiciar la “corrupción sistemática” en la gestión del dinero procedente del presupuesto comunitario.
La decisión, sin embargo, ha llegado acompañada de un acuerdo precocinado con Budapest. Para evitar el tijeretazo de fondos, Hungría se compromete, por ejemplo, a recibir cada dos meses a los hombres de negro de Bruselas en materia de corrupción, que vigilarán no solo que el país cumple, sino que pondrán en el ojo público la corrupción. “Hungría está plenamente comprometida con la implementación de las medidas dispuestas para proteger y mejorar la lucha contra la corrupción del presupuesto europeo”, ha declarado la ministra de Justicia húngara, Judit Varga, a su llegada a una reunión del Consejo de la UE. Varga, una de las más estrechas aliadas de Orbán, ha pedido a los demás países de la Unión que sean “tolerantes, positivos y constructivos” con su país.
Es un mal momento para perder los fondos europeos para Orbán, que ha dominado durante años el equilibrismo para zafarse de los aguijonazos de Bruselas por su deriva autoritaria y que todavía podría sacarse alguna carta de la manga. Para este año, Budapest se ha propuesto rebajar el déficit al 4,9%. El objetivo es, según señala Goldman Sachs, “factible” porque, por ahora, la economía crece a un buen ritmo. Pero este horizonte tiene muchas posibilidades de cambiar en el corto plazo. “Hay una pronunciada desaceleración del crecimiento y una opción muy fuerte de que haya una recesión a corto plazo”, abunda el banco de inversión estadounidense.
Además del déficit, otros elementos como la balanza por cuenta corriente, la inflación, que se acerca al 20%, o los tipos de interés conducen a Hungría a necesitar los fondos europeos. En el anterior ciclo presupuestario de la UE (2014-2020), el maná que llegaba de Bruselas suponía una cantidad equivalente al 4% del PIB húngaro (una cantidad cercana a los 7.000 millones si se toma como referencia el PIB de 2020). Con este dinero, el Ejecutivo de Orbán trazó buena parte de su política económica y asentó el crecimiento de esos años, que en varios años llegó a superar el 4% del PIB.
6.000 millones de euros en subvenciones pendientes
Ahora estos recursos incluso podrían ser superiores si Budapest cumple finalmente con las exigencias de Bruselas, tanto en lo referente al mecanismo de condicionalidad como en el fondo de recuperación creado para solucionar los estragos de la pandemia, por el que le corresponden a Hungría unos 6.000 millones de euros en subvenciones. “Una posible disminución de las transferencias de la UE al Gobierno —si se prolonga— aumentaría las ya grandes presiones presupuestarias que experimenta el Gobierno húngaro”, subraya la consultora económica global Morningstar.
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Los analistas de ambas empresas concluyen que en el futuro inmediato Orbán no va a tener más remedio que aplicar las medidas correctoras que le reclame Bruselas para reponer sus ataques al Estado de derecho por “las elevadas presiones fiscales”. Esto supondría que Budapest debería aprobar ya las reformas a las que se ha comprometido con Bruselas durante sus negociaciones de este verano, que han concluido con la propuesta de congelar 7.500 millones de euros. Asimismo, debería desbloquearse de una vez la negociación del plan de recuperación, encallada desde diciembre del año pasado, cuando Hungría envió su propuesta.
Para darle la luz verde, la Comisión exige de nuevo reformas contra la corrupción y reforzar el Estado de derecho, algo a lo que Orbán se resiste. Pero el tiempo se agota, porque el Ejecutivo comunitario interpreta que si antes del próximo 31 de diciembre el plan no ha sido aprobado, pierde la posibilidad de recibir el 70% de la cantidad total.
Hungría y su deriva autoritaria ha sido un dolor de cabeza para Bruselas durante años. Los constantes ataques de Budapest a los derechos de las personas LGTBI y las embestidas a los medios de comunicación independientes han ido en aumento. También la corrupción, en lo que se ha centrado la Comisión Europea. Un informe de Bruselas define a Hungría como un problema “sistémico” que va en aumento y señala que el Gobierno de Orbán ha tenido “falta de voluntad” para evitar casos de clientelismo en la contratación pública y los conflictos de intereses. Este informe, que la Comisión ha enviado también a Budapest, asegura que la probabilidad de que empresas “políticamente conectadas” con el Gobierno obtengan un contrato público es de entre 2,5 veces y tres veces mayor que empresas sin esa vinculación, según el estudio de licitaciones del periodo 2005-2021.
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