El Parlamento de Hungría ha aprobado este martes una legislación que, en opinión de los expertos, afianzará el dominio del Gobierno en las universidades. Con esta nueva norma, los centros de educación superior -que son de titularidad estatal, aunque gozan de una gran autonomía-, pasarán a ser gestionadas por fundaciones privadas afines al primer ministro, Viktor Orbán. Otras instituciones públicas como conservatorios de música, parques, teatros y hospitales también serán administrados por una treintena de fundaciones creadas para este fin antes de las elecciones del próximo año.
El proyecto de ley, redactado por el viceprimer ministro, Sándor Pintér, dice que las universidades deben pasar a este modelo porque las condiciones modernas requieren un “replanteamiento del papel del Estado” y las fundaciones gestionarán las instituciones de manera “más eficiente”. El Gobierno de Orbán nombrará juntas directivas para administrar las fundaciones, que controlarán activos inmobiliarios públicos y se beneficiarán de miles de millones de euros de los fondos de la Unión Europea, al tiempo que tendrán una influencia considerable en la vida cotidiana de las universidades. El cambio de modelo supone que 11 de las 16 universidades públicas del país serán ahora dirigidas por una de estas fundaciones y otra por la Iglesia católica.
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El Gobierno justifica este cambio en la necesidad de que la gestión de esas instituciones sea independiente y no se vea afectada por los cambios de Gobierno. Pero los expertos avisan de que detrás de esa aparente buena intención hay trampa porque los directivos de las fundaciones, cuyo nombramiento es por un tiempo indefinido, serán elegidos por el Gobierno actual. “En general, este es un paso más para controlar a toda la sociedad y para asegurarse de que incluso si el Fidesz es expulsado del Gobierno, seguirá teniendo el poder”, explica a EL PAÍS Zsolt Enyedi, profesor de la Universidad Central Europea (CEU).
Un aspecto clave es quién estará detrás de las juntas directivas de las fundaciones. ”Estarán supervisadas por figuras leales al Fidesz, como la ministra de Familia de Hungría y vicepresidenta del partido de Orbán, Katalin Novák, el exministro de Justicia Tibor Navracsics o el empresario Gergely Böszörmlnyi-Nagy”, apunta Tamás Ziegler, profesor de Derecho en la Facultad de Ciencias Sociales en la Eötvös Lorand University, en Budapest. “Creo que este es el siguiente paso en las políticas gubernamentales para hacerse con el control de las universidades”, enfatiza Ziegler, que ha investigado sobre las restricciones al sistema académico bajo el Gobierno del Fidesz.
El pasado septiembre ya se aplicó este nuevo formato de administración en la Universidad de Artes de Teatro y Cine (SZFE), donde se creó una fundación gestora que quitaba a la dirección del centro las competencias sobre el presupuesto, las normas de funcionamiento o el nombramiento del rector y los catedráticos. El profesor recuerda que la directiva y varios docentes dimitieron y los universitarios organizaron acciones de protesta, pero lamenta que estas acciones no han trascendido. Anticipándose a la votación de este martes, varias organizaciones de estudiantes convocaron una protesta on line y declararon un día de luto por la autonomía de la universidad.
La universidad ya ha estado bajo el foco del Gobierno húngaro. Orbán intentó sacar adelante en 2017 una ley para cerrar la universidad del filántropo estadounidense de origen húngaro George Soros, un prestigioso centro académico, progresista y liberal con sede en Budapest y financiado en gran parte por el magnate. Finalmente, la justicia europea declaró ilegal la ley por considerar que violaba las normas comunitarias sobre libertad de creación de centros docentes.
Identidad nacional
El proyecto de ley estipula que “la expectativa fundamental es que las fundaciones defiendan activamente la supervivencia y el bienestar de la nación y los intereses de enriquecer sus tesoros intelectuales”. Las fundaciones que dirigen algunas de las instituciones culturales tendrán tareas patrióticas como la de “fortalecer la identidad nacional”.
Los críticos dicen que la nueva legislación es un paso más del Ejecutivo ultraconservador para extender su influencia ideológica y toma de poder. “Esto es parte de la guerra ideológica que Orbán declaró hace dos años”, ha recordado Attila Chikan, que formó parte del primer gobierno de Orbán en 1998 y ahora es profesor de la Universidad de Economía Corvinus en Budapest. “Quieren asumir el poder intelectual después del poder político y económico“, ha enfatizado.
“Un futuro nuevo Estado perdería todas las competencias (sobre esas instituciones) también en el caso de un cambio de Gobierno”, ha denunciado Erszébet Schmuck, del partido ecologista LMP. Para la diputada del partido izquierdista Párbeszéd (Diálogo), Tímea Szabó, se trata de “la transferencia de los bienes públicos a los amigos” del Gobierno. Mientras, Gergely Arato, diputado del partido de oposición Coalición Democrática, ha dicho que el proyecto de ley quitaría “la propiedad, las tradiciones, la comunidad, el conocimiento” del pueblo húngaro y se los entregaría a los aliados del Gobierno.
Orbán, que llegó al poder en 2010, ha reforzado su control sobre gran parte de la vida pública húngara, como los medios de comunicación, la educación y la investigación científica, mientras busca remodelar la cultura nacional. El primer ministro expuso los cambios en un discurso en 2018, cuando imaginó una nueva “era cultural”. Su Gobierno, que promueve lo que llama valores cristianos y conservadores, se ha opuesto firmemente a la inmigración y ha limitado la adopción gay y el reconocimiento legal de las personas transgénero.
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