El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, anunció este miércoles que su país celebrará un referéndum sobre lo que definió como “la protección de los niños” en alusión a la ley que prohíbe la difusión de cualquier contenido relativo al colectivo LGTBI, no solo en las escuelas sino en todo ámbito donde pueda haber menores. La consulta, afirmó el ultraconservador nacionalista Orbán, tiene como objetivo combatir la “presión de la UE” para cambiar esta legislación homófoba que motivó que la Comisión Europea abriera un expediente a Hungría el 15 de julio.
“En las últimas semanas, Bruselas ha atacado claramente a Hungría por su ley de protección de la infancia. Las leyes húngaras no permiten la propaganda sexual en los jardines de infancia, las escuelas, la televisión y los anuncios”, dijo el primer ministro en un vídeo de la red social Facebook. En esa grabación, Orbán afirmó: “El futuro de nuestros hijos está en juego, por lo que no podemos ceder terreno en esta cuestión”.
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El jefe del Gobierno húngaro no precisó la fecha en la que se celebrará el referéndum, pero sí informó de que incluirá cinco preguntas. Entre ellas, se interrogará a los húngaros sobre si apoyan la celebración de talleres de orientación sexual en las escuelas sin su consentimiento o si creen que los procedimientos de reasignación de sexo deben ser promovidos entre los niños. El primer ministro precisó que las preguntas versarán a su vez sobre si los contenidos que afectan a la orientación sexual de los niños deben ser ofrecidos sin restricciones y si los procedimientos de reasignación de sexo deben estar disponibles para los menores.
La Comisión Europea aún no ha reaccionado a este anuncio del primer ministro húngaro, con quien ha mantenido un pulso constante desde su llegada al poder en 2010, acentuado en los últimos meses por su deriva homófoba. Orbán, que se presenta como el valedor de los valores cristianos tradicionales del liberalismo occidental, ha intensificado su campaña contra el colectivo LGBTI cuando en abril de 2022 tratará de revalidar su cargo en las elecciones previstas para entonces.
La Unión Europea considera que la ley que prohíbe difundir contenido LGTBI entre los menores viola la Carta de Derechos Fundamentales de la UE en aspectos como la libertad de expresión y la no discriminación. La Comisión sostiene que la polémica norma legal vulnera además cuatro normas comunitarias —la directiva de Servicios Audiovisuales, la de Comercio Electrónico, la de Transparencia del Mercado Único y la de Protección de Datos— y que va en contra de la prestación de bienes y servicios de forma transfronteriza. Al abrir el expediente a Hungría el pasado 15 de julio, Bruselas precisó además que esta legislación es incompatible con “la dignidad humana, la libertad de expresión e información, el derecho al respeto de la vida privada y el derecho a la no discriminación”.
La apertura de un expediente a Hungría es el primer paso de un proceso que puede acabar en el Tribunal de Justicia de la UE y tener como consecuencia la suspensión de la financiación europea a ese país. Ya antes del 15 de julio, Bruselas mantenía en suspenso la aprobación de su plan de recuperación de la pandemia para Hungría, de 7.200 millones de euros. Ese mismo día, la Comisión anunció la apertura de otro procedimiento infractor a Polonia por las llamadas zonas libres de ideología LGTBI creadas en varios municipios.
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