En el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026, una coalición de organizaciones de la sociedad civil y de la academia publicó el informe titulado “Gritar GOL y gritar ¡JUSTICIA! Afectaciones a los derechos humanos en México en el marco del Mundial FIFA 2026”.
El reporte señala que los preparativos y la realización de este megaevento deportivo funcionaron como un catalizador que aceleró y visibilizó dinámicas de exclusión, censura, militarización y criminalización de la protesta social en las ciudades sede.
El documento fue elaborado de manera conjunta por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), El Poder del Consumidor, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos ‘Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes’ (Red TDT), y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana.
De acuerdo con estas organizaciones, la prioridad de los gobiernos por proyectar una imagen internacional de estabilidad, orden y celebración se tradujo en una subordinación de las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos.
La narrativa oficial contra la protesta social
La investigación documenta que las demandas de diversos sectores críticos fueron relegadas bajo el argumento de no empañar el festejo deportivo. Por ejemplo, el 15 de junio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo canceló su visita oficial a Zacatecas ante el anuncio de manifestaciones de maestros pertenecientes al SNTE y la CNTE; en su lugar, decidió viajar a San Luis Potosí para repartir boletos del Mundial e inaugurar una cancha de fútbol, justificando que se priorizaba el “espíritu mundialista”.
Asimismo, tanto la presidenta como la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, promovieron discursos que acusaban a los manifestantes de buscar que “la nota internacional sea que el gobierno de México reprime” previo a la inauguración.
Esta deslegitimación discursiva preparó el terreno para acciones directas de contención y represión policial en las calles.
El informe destaca casos de hostigamiento contra colectivos de familias de personas desaparecidas, quienes sufrieron episodios de represión, como el encapsulamiento por parte de la policía de la Ciudad de México en la Calzada de Tlalpan.
“Ciudad Mercancía”: gentrificación, muros y “limpieza social”
La reconfiguración del espacio urbano para recibir el turismo internacional profundizó procesos de exclusión de poblaciones vulnerables. Según el reporte, en la Ciudad de México se documentó un incremento del doble en las viviendas ofertadas en plataformas digitales entre 2020 y 2026, alcanzando un repunte de hasta 150% en las zonas aledañas al Estadio Azteca un día antes del partido inaugural, lo cual aceleró el aumento desmedido de rentas y las amenazas de desalojo.
Adicionalmente, se reportaron operativos de “limpieza social” y desalojos forzados de personas en situación de calle en áreas turísticas de la capital, como las inmediaciones del metro Garibaldi, así como detenciones y reubicaciones de comerciantes informales y poblaciones callejeras en Guadalajara.
Por su parte, en la Zona Metropolitana de Monterrey, el gobierno de Nuevo León instaló muros y mallas para ocultar zonas habitacionales empobrecidas que contrastaban con la imagen corporativa del torneo.
Agresiones a la prensa y publicidad de riesgo para la salud
La labor informativa también enfrentó un entorno sumamente hostil. El informe documenta al menos seis agresiones directas contra periodistas y comunicadores en la Ciudad de México entre junio y julio de 2026, incluyendo obstáculos de cobertura, despojo de equipos, agresiones físicas por parte de policías y violencia de género diferenciada contra mujeres periodistas.
Finalmente, las organizaciones denunciaron el impacto nocivo del megaevento en los derechos a la salud y alimentación de la infancia. El Mundial FIFA 2026 funcionó como una plataforma para amplificar la exposición a la publicidad de bebidas azucaradas, utilizando cargas emocionales y el patrocinio de marcas transnacionales como Coca-Cola para neutralizar las advertencias sobre los riesgos de obesidad y enfermedades no transmisibles en adolescentes y niños.
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