El Centro de Derechos Humanos Tepeyac en el Istmo de Tehuantepec, expusieron su preocupación sobre el actuar de las instituciones para detener esta ‘nuevo arribo de migrantes’ a México.
Por Diana Manzo
Juchitán, Oax.- Ante el anuncio de una nueva caravana con aproximadamente 3 mil personas de origen centroamericano y el despliegue de las fuerzas militares y la Guardia Nacional, organizaciones civiles, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Tepeyac en el Istmo de Tehuantepec, expusieron su preocupación sobre el actuar de las instituciones para detener esta “nuevo arribo de migrantes” a México.
En un documento público exigieron al gobierno mexicano garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas en tránsito y manifestaron la necesidad de brindar apoyo legal de “condición de refugiados” para las personas que huyen de la violencia, pobreza y persecución en sus países de origen, o por las afectaciones que causaron los pasados huracanes en Centroamérica.
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Señalaron que a partir del inicio del programa “Quédate en México” en enero de 2019, seguido del acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos en junio de 2019, las acciones del gobierno mexicano “ponen en riesgo la seguridad, el bienestar y la vida de la población migrante, al tiempo que limitan la posibilidad de buscar protección internacional”.
Reiteraron que las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional no cuentan con la capacitación en atención a personas vulnerables. Señalaron la recomendación que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió a la Guardia Nacional por su actuar en la respuesta a la caravana migrante de enero de 2020.
“En esa ocasión, la CNDH señaló que el Instituto Nacional de Migración (INM) violó los derechos de las víctimas al permitir que la Guardia Nacional revisará el estatus migratorio de personas migrantes y las detuviera, además de usar arbitraria y desproporcionadamente el uso de la fuerza contra los centroamericanos”, agregaron.
En el contexto de la contingencia sanitaria por el coronavirus, las organizaciones civiles denunciaron que el INM en vez de implementar medidas sanitarias para garantizar el derecho a solicitar la condición de refugiados en México, emitió un comunicado alertando sobre la posibilidad de “penas de 5 a 10 años de prisión a quien ponga en peligro de contagio de salud a otro”.
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Por último, las organizaciones reiteraron su exigencia de “garantizar el derecho a solicitar la condición de refugiado, atender necesidades humanitarias siguiendo protocolos de bioseguridad para evitar la propagación de la Covid-19 y retirar a las corporaciones militares de los operativos de control y verificación migratoria incluyendo la Guardia Nacional”, para que sean las autoridades civiles los que se encarguen de las personas en tránsito que huyen de sus países y que aspiran una vida digna.