Un grupo de organizaciones civiles y medios de comunicación repudiaron el uso de la tecnología de NSO Group, Pegasus, en El Salvador para vigilar a periodistas y a la sociedad civil.
De acuerdo con un comunicado de la organización Access Now, el espionaje fue alertado inicialmente por los medios El Faro y Gato Encerrado, y después confirmados por Front Line Defenders, The Citizen Lab, Amnistía Internacional, Fundación Acceso y SocialTIC.
Si bien, hasta la fecha, no se ha identificado quién fue responsable de esta vigilancia, NSO Group ha alegado en repetidas ocasiones que solo vende la tecnología Pegasus a gobiernos.
Estos ataques son particularmente preocupantes, ya que muchas de las infecciones tuvieron lugar luego de que las revelaciones del Proyecto Pegasus se hicieran públicas en julio de 2021, lo que indica que quienes están detrás de los ataques del software espía eran conscientes de las denuncias del uso del programa —incluidas las de las ONG internacionales de derechos humanos y personal experto y autoridades de la ONU—, pero las ignoraron.
Infección de teléfonos de periodistas: los sucesos
En septiembre del 2021, un grupo de periodistas independientes se puso en contacto con la Línea de Ayuda de Seguridad Digital de Access Now, luego de haber testeado sus dispositivos mediante el uso de la herramienta Mobile Verification Toolkit de Amnistía Internacional para detectar la presencia del software espía Pegasus.
SocialTIC, una organización de la sociedad civil que trabaja en tecnología digital, también remitió casos a Front Line Defenders para su investigación. Todas las infecciones fueron confirmadas a través de un análisis forense realizado por The Citizen Lab, y luego confirmadas de forma independiente por Amnistía Internacional.
A la fecha, se ha confirmado que 37 dispositivos pertenecientes a 35 personas han sido infectados. Veintitrés de estos dispositivos pertenecen a profesionales afiliados al medio regional El Faro, y cuatro al medio nacional Gato Encerrado.
El Faro y Gato Encerrado son medios independientes de periodismo de investigación que a menudo han publicado información que es crítica sobre las acciones del gobierno salvadoreño. Los dispositivos infectados confirmados correspondientes a otros medios de comunicación incluyen: un dispositivo del personal de La Prensa Gráfica, uno de Revista Digital Disruptiva, uno de El Diario de Hoy, uno de El Diario El Mundo y dos periodistas independientes. Los dispositivos infectados confirmados correspondientes a ONG incluyen: uno de Cristosal, dos de Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ) y uno de una ONG que desea permanecer en el anonimato.
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Los dispositivos fueron infectados entre julio del 2020 y noviembre del 2021. Uno de los dispositivos fue infectado más de 40 veces, hecho que refleja uno de los usos más persistentes e intensos de Pegasus para vigilar periodistas alrededor del mundo. No descartamos la posibilidad de que más personas de medios independientes y de la sociedad civil de El Salvador sean blanco de Pegasus u otro software espía.
El 23 de noviembre de 2021, El Faro anunció que 12 de sus periodistas habían recibido una notificación oficial de Apple que alertaba que sus dispositivos probablemente habían sido blanco de Pegasus. Al día siguiente, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) informó que un total de 23 periodistas de diferentes redacciones de noticias habían recibido la misma información. Otras personas que también recibieron la notificación de Apple sobre Pegasus incluyen Jhonny Wright Sol, parlamentario (anterior miembro del partido ARENA y fundador del partido Nuestro Tiempo); y Héctor Silva, concejal local de San Salvador.
Un Estado y un presidente intimidadores
El trato hostil por parte del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, hacia la prensa comenzó en la etapa inicial de su administración, cuando, durante los primeros meses de su mandato, en general evitó dar conferencias de prensa. En cambio, usó su cuenta personal de Twitter para emitir órdenes, despedir a autoridades públicas, y hostigar a periodistas, a quienes con frecuencia califica arbitrariamente como “activistas políticos”.
Nayib Bukele
El gobierno salvadoreño ha acosado en repetidas ocasiones a periodistas de El Faro y Gato Encerrado. En septiembre de 2019, el acceso de El Faro y otros medios a una conferencia de prensa fue bloqueado por “mal comportamiento” en el pasado. Desde julio de 2020, El Faro denunció ser víctima de hostigamiento administrativo por parte del gobierno en forma de auditorías desproporcionadas, acompañadas de falsas acusaciones de evasión fiscal. En el mismo mes, Julia Gavarrete, una víctima de Pegasus que actualmente trabaja en El Faro y anteriormente trabajaba en Gato Encerrado, denunció el robo de su computadora portátil del trabajo, lo que levantó la sospecha de que las autoridades podrían estar implicadas en el hecho. En febrero del 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de 34 miembros de El Faro debido a que “estarían siendo objeto de hostigamiento, amenazas, intimidaciones y estigmatización, principalmente a través de redes sociales, por motivos de sus actividades periodísticas”. Luego, en septiembre de 2021, Javier Argueta, asesor legal de casa presidencial, amenazó con infracciones a Gato Encerrado para que revelara sus fuentes de información. El presidente Bukele ha realizado múltiples acusaciones en las que desacreditaba a ambos medios en Twitter.
Además, Bukele contribuyó a la subestimación y tergiversación del trabajo de algunas periodistas mujeres. Tras los tuits de Bukele, usuarios de Twitter acosaron y hostigaron a dichas mujeres, en algunos casos incluso expresando sus deseos de que las violaran.
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Es alarmante que otras autoridades de gobierno estén imitando al presidente en su hostigamiento a la sociedad civil salvadoreña. En junio de 2021, el Ministro de Seguridad señaló que “vivimos en libertad de expresión, pero yo siempre lo digo, todo tiene su límite, y sí le estamos dando seguimiento a muchos periodistas”. En octubre, el partido del presidente, Nuevas Ideas, debatió un proyecto de “agentes encubiertos digitales”, que podría permitir a la Fiscalía General eludir las órdenes judiciales y autorizar a agentes, lo que pondría en grave riesgo la privacidad de las personas. Y en diciembre, el asesor legal de la casa presidencial recomendó a funcionarios señalados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por actos que pudieran estar relacionados con corrupción, emprender acciones legales contra quienes escriban al respecto en El Salvador.
Además, si se convierte en ley, el nuevo proyecto de ley de agentes extranjeros podría crear un clima de temor y censura al limitar y controlar la actividad de organizaciones de la sociedad civil, señala el documento, cuyas actividades “sean financiadas directa o indirectamente por un extranjero”. Este aumento de la autoridad incluye inspecciones por parte del gobierno, 40 % de impuestos a la financiación externa y abrir la puerta a la censura mediante la prohibición de actividades políticas. Leyes similares fueron aprobadas en Rusia y Nicaragua para perseguir y silenciar a organizaciones de derechos humanos, medios independientes, periodistas, blogueros(as) y activistas.
¿Qué sigue?: llamado a la acción para proteger a periodistas y sociedad civil contra el software espía
Alentamos a periodistas y activistas de El Salvador, independientemente de su afiliación, a ponerse en contacto con la Línea de Ayuda de Seguridad Digital de Access Now para verificar si sus dispositivos han sido infectados. Como ya sabemos, el software espía Pegasus de NSO Group puede infectar silenciosamente el dispositivo de una persona, sin la necesidad de hacer clic en un vínculo o atender una llamada telefónica. Al infectarlo Pegasus tiene acceso completo al dispositivo, lo que incluye las fotos, los contactos, las conversaciones y mucho más.
Reiteramos nuestro pedido de que los estados implementen una moratoria inmediata sobre la venta, la cesión y el uso de esta tecnología de vigilancia hasta que se adopten las salvaguardas de derechos humanos que correspondan.
Las 12 organizaciones firmantes de este documento exigieron que el gobierno de El Salvador tome las siguientes medidas:
Detener todo hostigamiento a periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos, proteger la libertad de expresión, de opinión y de prensa, y respetar el derecho a la privacidad de su ciudadanía.
Iniciar una investigación, a través de la Fiscalía General de la República de El Salvador, sobre el uso de Pegasus en el país.
Cumplir plenamente las recomendaciones recientemente emitidas por la CIDH en su informe, en especial en lo que respecta al Capítulo 6: El derecho a la libertad de expresión.
Cumplir plenamente las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a favor de periodistas de El Faro.
Asimismo, solicitaron a las organizaciones internacionales y regionales que tomen las siguientes medidas urgentes:
ONU: denunciar el desarrollo y la escalada sin precedentes de violaciones de los derechos humanos por parte de los Estados facilitadas por el uso del software espía Pegasus de NSO Group, y ofrecer un sólido apoyo para investigaciones imparciales y transparentes sobre el abuso.
Organización de los Estados Americanos (OEA): continuar monitoreando la situación de El Salvador, en particular la situación de periodistas y la sociedad civil, en relación con el uso del software espía Pegasus de NSO Group. También llamamos a que convoquen una reunión urgente del Consejo Permanente sobre las consecuencias del uso de software espía para los derechos humanos, y que a esta reunión se invite al Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos: solicitar al Estado el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas a El Faro. También instamos a la CIDH a seguir monitoreando la situación y a reactivar la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI) para este fin.
El mundo está siendo testigo de una explosión inédita del uso de vigilancia por parte de los gobiernos, apoyada por empresas privadas como NSO Group y otras. La falta de rendición de cuentas de estas conductas tan atroces por parte de las autoridades públicas y empresas privadas permite que florezca la cultura de la vigilancia y se destruyan los derechos humanos. Debemos actuar de inmediato.
Firmantes
Organizaciones:
Access Now
Amnesty International
Article 19 Oficina México y Centroamérica
Asociación de Periodistas de El Salvador (APES)
Committee to Protect Journalists (CPJ)
El Faro
Free Press Unlimited
Front Line Defenders
Fundación Acceso
Gato Encerrado
Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D)
SocialTIC
Personas:
Ron Deibert, Professor of Political Science and Director, the Citizen Lab at the University of Toronto’s Munk School of Global Affairs and Public Policy
Siena Anstis, Senior Legal Advisor, the Citizen Lab at the University of Toronto’s Munk School of Global Affairs and Public Policy
John Scott-Railton, Senior Researcher, the Citizen Lab at the University of Toronto’s Munk School of Global Affairs and Public Policy
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