El pasado domingo, cuando sentía que su detención era inminente, la disidente nicaragüense Suyén Barahona tomó su teléfono y grabó un mensaje: “Si están viendo este vídeo es porque la policía me ha secuestrado y ha allanado mi casa como ha hecho con otros liderazgos sociales, políticos, defensores y también con los más de 120 presos y presas políticas”, dijo la activista, perteneciente a la agrupación de centroizquierda Unamos. Poco después, el vídeo en el que llamaba a la población a resistir y a convertir la indignación en acción estaba dando vueltas en las redes. Como ella, en los últimos días, al menos 16 personas, entre precandidatos presidenciales opositores, guerrilleros históricos sandinistas, activistas, miembros de ONG y empresarios han sido detenidos en Nicaragua durante la última arremetida del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Los arrestos, fuertemente condenados por la comunidad internacional, son parte de la última ola represiva con la que la pareja presidencial pretende silenciar a la oposición y perpetuarse en el poder cuando faltan menos de cinco meses para las cuestionadas elecciones generales de Nicaragua, el 7 de noviembre, en las que Ortega busca su tercera reelección consecutiva. Tras las movilizaciones masivas contra el Gobierno de 2018, que dejaron más de 300 muertos, decenas de miles de exiliados y cientos de presos políticos, desaparecidos y torturados, se criminalizaron las protestas. Por eso ahora, los disidentes alzan la voz con pequeños actos de resistencia pacífica, como los vídeos que se han grabado varios de los detenidos cuando sentían que podían ser las próximas víctimas de la cacería. “Lo que Ortega se niega a aceptar es que, por mucho que intente apagarla, esta llama de rebelión por la libertad permanecerá viva”, escribió el precandidato opositor Juan Sebastián Chamorro poco antes de ser detenido. “Por mucho que quiera callarnos, apresarnos o censurarnos, es un país entero el que quiere el cambio, una nueva Nicaragua; y a un país entero no podrá encarcelarlo para frenar sus deseos de libertad”.
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En esta nueva embestida contra todo lo que suene a oposición, el régimen orteguista tiene como aliadas varias leyes hechas a su medida y a la policía bajo su control. Para los últimos arrestos han recurrido principalmente a la Ley 1055, aprobada por la Asamblea Nacional controlada por Ortega, y que está usando para ahogar a sus críticos y perseguir a la oposición. La norma define como “traidores a la patria” e inhabilita para cargos de elección popular a quienes el Gobierno considere, entre otras cosas, que “inciten la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares y se organicen con financiamiento de potencias extranjeras”.
Además, una investigación por presunto lavado de dinero que el Gobierno abrió contra la precandidata presidencial opositora Cristiana Chamorro ―actualmente bajo arresto domiciliario―, está siendo usada para avasallar a periodistas y medios de comunicación. En las últimas semanas, más de una veintena de comunicadores han sido llamados a declarar o han sido imputados por ese caso.
Estas son las víctimas de la última cacería de la pareja presidencial nicaragüense:
Precandidatos presidenciales
Cristiana Chamorro fue el primer gran objetivo de Ortega y Murillo en esta nueva arremetida contra la oposición. El pasado 2 de junio, la policía irrumpió violentamente en su vivienda de Managua cuando estaba comenzando una rueda de prensa para denunciar que el oficialismo había bloqueado su opción de postularse como candidata presidencial y la dejó bajo arresto domiciliario. Esta periodista de profesión y vicepresidenta del diario La Prensa, de 65 años, es hija de la expresidenta Violeta Barrios (1990-1997) ―que venció al actual presidente en las urnas en 1990― y del periodista Pedro Joaquín Chamorro, asesinado en 1978 por la dictadura de Anastasio Somoza, y había conseguido alzarse como la principal candidata de la oposición para los comicios de noviembre.
Para sacar a Chamorro de la contienda política, el Gobierno de Ortega recurrió a una acusación de la Fiscalía por supuesto lavado de dinero que se le abrió a la Fundación Violeta Barrios, una ONG referente de la defensa y la promoción de la libertad de prensa en Nicaragua, que ella dirigía. La organización cerró sus operaciones en febrero pasado para no verse sometida a la Ley de Agentes Extranjeros promulgada por el Gobierno, que criminaliza las donaciones y la financiación de medios de comunicación.
El día de su arresto, una jueza de Managua justificó la orden de allanamiento al señalar que la precandidata estaba “acusada por los delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica en concurso real con el delito de lavado de dinero, bienes y activos, en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense”. El Ministerio Público también pidió que la inhabilitaran para cargos públicos. Según su hermano, el también periodista Carlos Fernando Chamorro, Cristiana se encuentra bien y está recibiendo un “trato digno”, pero está “ansiosa” por poder defenderse de los cargos de los que le acusan.
El segundo detenido en esta nueva cruzada de Ortega y Murillo contra sus potenciales oponentes en los comicios de noviembre fue Arturo Cruz, un catedrático y diplomático de 67 años que entre 2007 y 2009 fue el embajador del Gobierno sandinista en Washington. El antiguo aliado del presidente fue detenido el 5 de junio en el aeropuerto internacional Augusto Sandino, de Managua, cuando regresaba de un viaje a Estados Unidos en virtud de la Ley 1055 de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz.
Dos días después, el 7 de junio, su casa fue allanada y dos miembros de su equipo fueron detenidos y liberados al día siguiente. La detención de Cruz se produjo con el argumento de que hay “fuertes indicios de que ha atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo”, si bien la Policía no especificó cuáles son. El último informe del observatorio ciudadano Urnas Abiertas indica que el abogado del precandidato presidencial pudo visitarlo en la cárcel de El Chipote el 9 de junio y que no había sido golpeado. Además, un juzgado rechazó un recurso presentado por su defensa e indicó que hay una decisión judicial para tenerlo 90 días detenido, según informó el equipo del precandidato. “Querer democracia y libertad para Nicaragua no es traición a la patria”, escribieron en su cuenta de Twitter.
Félix Maradiaga sabe bien lo que es ser acusado por Daniel Ortega. En 2018, durante las inéditas protestas sociales que exigían la salida del mandatario del poder, fue indiciado por “terrorismo” y financiamiento proveniente del narcotráfico, dos señalamientos que nunca fueron probados. Pero una brutal paliza recibida por el opositor en la ciudad de León y una orden de captura en su contra le obligaron a exiliarse del país temporalmente. Este 8 de junio, antes de acudir al Ministerio Público a declarar en el marco de una investigación por atentar contra la Ley 1055, y al ver la cacería abierta contra líderes opositores, grabó un vídeo para publicar en caso de ser detenido. “Mis manos y mi conciencia están limpias al igual que las de los más de 130 presos políticos que resisten desde las mazmorras simplemente por pensar diferente”, dijo en la grabación, en la que se muestra sonriente y tranquilo. “No caigamos en las provocaciones de un régimen que está desesperado porque le tiene terror, le tiene temor a la voluntad soberana de la ciudadanía y no se quiere someter a un proceso electoral libre y justo, ni siquiera a un proceso electoral amañado bajo sus propias reglas”.
Tras declarar durante tres horas, el académico de 44 años fue detenido junto a su conductor y su abogado, quienes fueron liberados horas después. Él sigue privado de libertad. Según el informe de Urnas Abiertas, al precandidato “se le informó de que estaba en calidad de investigado” sin acusación u orden de captura y ”fue agredido físicamente durante la detención”. Dos viviendas del opositor así como las de dos miembros de su equipo fueron allanadas. A Maradiaga también le acusan desde el Ministerio de Gobernación de incumplir con sus obligaciones como representante legal de la Fundación Libertad, que él fundó. Según un comunicado del Ministerio Público, el 9 de junio se admitió la solicitud de la detención judicial por 90 días en su contra. En el vídeo que grabó antes de su detención, pedía “no perder la batalla de la esperanza”, no caer en provocaciones de “violencia de una dictadura que solo sabe usar las armas para imponer su voluntad” y tener “una fe de hierro en que un día Nicaragua será libre”.
El exviceministro de Hacienda Juan Sebastián Chamorro, el cuarto precandidato presidencial en ser detenido por el Gobierno de Ortega, fue arrestado el 8 de junio durante un allanamiento de su vivienda y enviado a la cárcel de El Chipote. Al día siguiente, estaba convocado a declarar ante el Ministerio Público por su labor al frente de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), un centro de pensamiento independiente que dirigió entre 2014 y 2019. Como Maradiaga, Chamorro también grabó un vídeo para publicar si le pasaba lo mismo que a otros opositores. “A veces, en la lucha por obtener la libertad definitiva, hay que perderla temporalmente”, dice en el mensaje. “Esta es una lucha buena, de buenas causas. No dejemos que una dictadura criminal nos quite más nuestros derechos”.
Al igual que sucedió con otros dos precandidatos opositores, la policía orteguista detuvo a Chamorro por la ley 1055 bajo la acusación de “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos”. Tres días después, el Ministerio Público informó que se había aprobado su detención judicial por 90 días por “la posible comisión de actos ilícitos a través de Funides y por contar con fuertes indicios de que ha atentado contra la sociedad nicaragüense”, sin especificar cuáles. Sin embargo, en el vídeo que grabó antes de su arresto, advierte de que nunca aceptará un cargo de traición a la patria “y mucho menos de una dictadura que ha vendido a Nicaragua”. De 50 años y sobrino de la expresidenta Violenta Barrios, Chamorro escribió en la página web de su campaña tras la detención de Arturo Cruz que este tipo de acciones represivas “son parte del guion torcido con el que Daniel Ortega quiere acabar con la oposición” y forzar una victoria en los comicios de noviembre impulsada por una gran abstención. Pero advirtió de que este “plan macabro” está “fortaleciendo los lazos de solidaridad entre los opositores”.
“Héroes” sandinistas que lucharon contra Somoza
Después de la de Cristiana Chamorro, probablemente la detención más mediática de esta nueva embestida contra figuras opositoras ha sido la de la exguerrillera Dora María Téllez, la Comandante Dos de la revolución sandinista, que ahora tiene 65 años. Compañera de lucha de Ortega contra la dictadura de Anastasio Somoza, la considerada heroína de la revolución sandinista fue detenida el domingo junto a la activista Ana Margarita Vigil en su casa, a las afueras de Managua. Según fuentes de la familia de las mujeres, en el arresto participaron más de 60 policías de un escuadrón especial y fue “totalmente violento”.
Ese mismo día fueron detenidos otros dos viejos compañeros de armas del actual presidente nicaragüense que, con el devenir autoritario de su Gobierno, se convirtieron en opositores a su régimen: Víctor Hugo Tinoco, quien fuera vicecanciller sandinista, y Hugo Torres. A los tres se los detuvo por la Ley 1055, acusados de incitar a una intervención extrajera en Nicaragua para desestabilizar al Gobierno.
“Estos son zarpazos desesperados de un régimen que se siente moribundo, que no tiene asidero legal, ni justificación alguna en el punto de vista institucional y jurídico como para permanecer en el poder más allá de noviembre”, denunció Torres, de 73 años, en un vídeo cuando su casa estaba siendo asediada y su detención era inminente. “Hace 46 años arriesgué la vida para sacar de la cárcel a Daniel Ortega y a otros compañeros presos políticos (…) Pero así son las vueltas de la vida, los que una vez acogieron principios hoy los han traicionado”, afirma en la grabación.
Activistas opositoras
En la cacería emprendida por el Gobierno de Ortega también han caído activistas que han liderado la resistencia ciudadana en los últimos años como Violeta Granera y Tamara Dávila, de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), Ana Margarita Vijil y Suyén Barahona, de la agrupación opositora de centroizquierda Unamos, el antiguo Movimiento de la Renovación Sandinista. En esta nueva arremetida también ha sido detenido el exministro y economista José Pallais, quien además es dirigente de la opositora Coalición Nacional. El Ministerio Público informó de que todos permanecerán 90 días en la cárcel mientras se lleva a cabo la investigación por “atentar contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo”, según la Ley 1055.
“Seguimos en la lucha. Esto es parte del proceso para salir de Daniel Ortega. Aquí nadie se raja. Daniel Ortega se va. Lo vamos a sacar”, dijo Ana María Vigil en un vídeo grabado mientras su casa estaba rodeada de policías y ante un “inminente allanamiento”. Poco antes de que la policía irrumpiera en su vivienda, Suyén Barahona también grabó un mensaje en el que llamaba a sus compatriotas a la esperanza. “Una patria libre para vivir: esa ha sido la lucha de estos tres años por libertad y justicia. Para que ninguna otra generación tenga que vivir lo que hemos sufrido con esta dictadura”, dice la activista. “Somos la mayoría. Los Ortega-Murillo son una minoría”, agrega.
Empresarios
Quizás la arremetida más sorpresiva en esta nueva fase de represión es la llevada a cabo contra los empresarios, que durante más de una década y hasta 2018 tuvieron un pacto de no agresión implícito con el Gobierno sandinista por el que el sector privado le dejaba actuar a sus anchas a cambio de que no les tocaran sus negocios, un esquema que se conocía como “modelo de consenso”. La imposición de la reforma a la seguridad social, que provocó las protestas aquel año, también generó una fractura entre el oficialismo y la clase empresarial porque la legislación le imponía a la patronal el pago de mayores cuotas.
En mayo de ese año, José Adán Aguerri, quien fue durante 11 años presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), se sumó al diálogo con el Gobierno con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, del bando opositor. El conocido empresario, que el año pasado dejó la presidencia del Cosep, fue detenido el 8 de junio, también por la Ley 1055, el mismo cargo que le imputaron a Luis Rivas Anduray, presidente ejecutivo del Banco de la Producción (Banpro), quien fue detenido el pasado miércoles en Managua.
Al contrario que Aguerri, Anduray no estaba involucrado en política. Además, una jueza de Managua impuso retención migratoria y el congelamiento de las cuentas bancarias a 13 exdirectivos de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), un centro de pensamiento ligado al sector privado, que publica análisis sobre la situación económica del país.
Periodistas, escritores y trabajadores de ONG
Además de la cacería explícita contra líderes opositores, decenas de periodistas nicaragüenses han desfilado en las últimas semanas por los juzgados para declarar ante el Ministerio Público por presunto lavado de dinero, el mismo asidero legal por el que se investiga a Cristiana Chamorro y por el que han sido convocados a dar su testimonio más de una veintena de reporteros, fotógrafos, directores de publicaciones y escritores, entre ellos el Premio Cervantes Sergio Ramírez.
“Lo que veo es un intento de intimidar al periodismo a través de lo que hacemos, criminalizando, como que si lo hacemos es delito”, criticó Fabián Medina, jefe de información del diario La Prensa tras declarar como testigo el pasado 10 de junio. Según informó la agencia Efe, el periodista dijo que la fiscal que lo entrevistó le “insistió bastante” en sus fuentes y le advirtió que lo que escribía en su columna “es un delito”, porque no demostraba hechos, sino opiniones. Aunque la mayoría de periodistas solo han sido citados como testigos, a algunos los han “imputado”, como a la corresponsal en Nicaragua de la cadena hispana Univision Noticias, María Lilly Delgado. “Soy inocente. Yo lo único que he hecho es capacitar a periodistas y eso no es ningún delito”, dijo después de que le impusieran una retención migratoria. “Soy reportera, estoy en Nicaragua y no me van a silenciar”, insistió.
Además, desde hace seis meses, los periodistas nicaragüenses tienen que hacer su trabajo con la amenaza de la Ley Especial de Ciberdelitos (1042), promovida por el sandinismo y que contempla entre uno y diez años de prisión para quien el oficialismo considere que publique noticias falsas. Las organizaciones que defienden la libertad de prensa la han denominado ‘ley mordaza’ y creen que busca silenciar a los periodistas de medios independientes y a cualquier ciudadano que publique en sus redes sociales información crítica.
Por otra parte, dos extrabajadores de la Fundación Violeta Chamorro, Walter Gómez, el administrador financiero, y Marcos Fletes, contable de la extinta ONG, fueron detenidos el 28 de mayo como parte de la causa abierta contra la organización liderada por Cristiana Chamorro. La precandidata presidencial, ahora también en arresto domiciliario, consideró esa medida una “monstruosidad jurídica” y defendió la inocencia de sus colaboradores.