El régimen de Daniel Ortega ha despojado este miércoles a otras 94 personas de la nacionalidad nicaragüense. Entre los afectados están los escritores Sergio Ramírez, Premio Cervantes, y Gioconda Belli, ambos en el exilio; el periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro; la escritora y feminista Sofía Montenegro; la activista Azahalea Solís; el obispo Silvio Báez, una de las voces más críticas de la Iglesia, y la activista Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CIDH). El despojo ha sido notificado por el presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, Ernesto Rodríguez y, según el fallo, sobre las personas afectadas pesan cargos de “traición a la patria” y son considerados “prófugos de la justicia”. Además de retirarles la nacionalidad nicaragüense, la justicia bajo el control de Ortega ordena que se incauten todas las propiedades a nombre de los afectados. Entre las personas que pierden su nacionalidad, la mayoría en el exilio, está también el periodista Wilfredo Miranda, colaborador de .
Esta decisión se da una semana después de que el régimen ordenara la expulsión de Nicaragua de 222 presos políticos, a quienes también se quitó la nacionalidad. Estas personas fueron trasladadas la mañana del pasado jueves en un avión fletado por Estados Unidos y llevadas a un hotel en las afueras de Washington, donde los liberados recibieron apoyo del Departamento de Estado para iniciar un proceso que les permita lograr un estatus legal en el país. España ha ofrecido darles la nacionalidad, una decisión a la que varios de los detenidos se han acogido. Entre las personas liberadas la semana pasada estaba la exguerrillera sandinista Dora María Téllez, Comandante Dos de la revolución nicaragüense, quien afirmó a este diario: “Cada día que no me ahorcaba era un triunfo sobre Ortega”.
El periodista colaborador de , Wilfredo Miranda.Ana Escobar
La decisión de este miércoles afecta a religiosos, activistas, políticos, intelectuales, periodistas que siguen su cobertura de Nicaragua desde el extranjero, principalmente desde Costa Rica, epicentro del exilio nicaragüense, y a feministas y algunas de las voces más críticas contra el régimen de Ortega. “Son unos ladrones, pero Dios me va a devolver una casa mejor que esa que se están robando”, ha dicho la periodista Lucía Pineda Ubau, parte del exilio en Costa Rica. Ubau fue detenida en diciembre de 2018 después de que la Policía asaltara y ocupara las instalaciones del canal de televisión 100% Noticias, en Managua, y apresara también a su director, Miguel Mora. “Esa casa me costó mucho. Planté más de 100 arbolitos. La mejoré con la herencia que dejó mi papá”, ha contado Ubau a periodistas. “Yo sigo siendo nicaragüense y eso no me lo puede quitar la dictadura. Hemos sido avasallados por ellos. Lo robado tendrán que regresarlo a todos los nicaragüenses, a estas personas que han tenido posiciones claras, firmes y valientes”, ha afirmado la periodista. “Esto ya lo esperaba desde que nos robaron el canal de televisión. ¿Creen que nos van a callar a los periodistas en el exilio? Están locos, están desesperados. Están en sus últimos días”, ha dicho Ubau.
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Entre los afectados por el fallo está Arturo McFields, exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), quien el año pasado denunció las arbitrariedades de lo que considera la “dictadura” de Daniel Ortega y había abogado por la liberación de los presos políticos del régimen. En una comparecencia ante el Consejo Permanente de la OEA, McFields Yescas dijo que en su país no hay libertad de prensa, separación de poderes, que se han registrado confiscaciones de universidades y se han cancelado 130 organizaciones de la sociedad civil. “La dictadura me ha declarado traidor a la patria, ha ordenado la confiscación de bienes, me ha inhabilitado, pero esto significa que estamos haciendo la lucha para que Nicaragua vuelva a la democracia. Vamos a seguir adelante”, dijo el exdiplomático en un vídeo publicado en su perfil de Twitter.
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La decisión de Ortega de despojar de la nacionalidad nicaragüense a las voces críticas se ha convertido en una nueva forma de represión e intimidación. Desde 2018, cuando estallaron masivas protestas contra el Gobierno en la capital y otras ciudades importantes del país, el régimen desató una feroz represión que inició reventando las manifestaciones, con el asesinato de más de 360 manifestantes, muchos de ellos jóvenes universitarios, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A esto siguió la cacería contra quienes eran vistos como líderes de las movilizaciones y más tarde la realización de juicios considerados espurios contra los disidentes. Además, decenas de miles de nicaragüenses han dejado el país por la persecución política y el deterioro de la economía.
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