La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por Daniel Ortega, ha aprobado unas reformas electorales diseñadas a la medida del mandatario, devenido en un autócrata que controla todo el poder en ese país centroamericano. Las reformas son una nueva zancadilla en las aspiraciones de una oposición dividida que pretendía lograr unas mínimas garantías en las elecciones presidenciales previstas para noviembre, pero que ahora prácticamente queda fuera de la contienda. El sandinista, además, ordenó al Parlamento que nombrara a jueces leales en el Tribunal Electoral, con lo que Ortega despeja todo el camino para enroscarse en el poder. Tras la aprobación del paquetazo electoral, Estados Unidos, a través de la subsecretaria interina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Julie Chung, ha afirmado que el presidente nicaragüense abre las puertas para unas “elecciones viciadas”.
Para Ortega, que ya no pretende guardar las apariencias frente a la comunidad internacional, las elecciones son un mero trámite, un proceso engorroso que al menos le da legitimidad entre sus bases e instituciones fuertes como el Ejército, que se mantiene leal al mandatario. Las reformas electorales eran una de las exigencias de Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea. Tanto Washington como Bruselas han impuesto sanciones a funcionarios del régimen por violaciones a los derechos humanos, incluyendo a la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo, a algunos de sus hijos y operadores más cercanos.
Las reformas aprobadas por la Asamblea le permiten al FSLN —el partido de Ortega— mantener el control de toda la estructura electoral, le da a la policía la potestad de autorizar o no los mítines políticos de los opositores, niega el financiamiento a los candidatos que aspiran a participar en el proceso e inhibe de facto a aquellas personas que hayan participado en las protestas de 2018, que el régimen ha catalogado como un intento de golpe de Estado. Las protestas comenzaron como un repudio a una reforma a la seguridad social que Ortega pretendía imponer sin consenso, pero tras la represión del régimen se convirtieron en un movimiento nacional de repudio que exigió el fin del mandato del presidente. La represión dejó 328 muertos, centenares de presos políticos y 88.000 exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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Tras conocerse las propuestas de reforma a mediados de abril, el eurodiputado español José Ramón Bauzá las catalogó en entrevista con EL PAÍS como “el último ataque perpetrado por parte de Ortega a la democracia” en Nicaragua. “Él está absolutamente decidido a consumar el fraude electoral que se van a producir en las elecciones de noviembre. Todas las indicaciones que se le han dado por parte de la OEA, por parte de la propia Unión Europea, por parte de las diferentes instituciones y organizaciones a nivel mundial se las ha saltado a la torera. Por lo tanto, yo estoy absolutamente preocupado por la falta de democracia que vamos a encontrarnos dentro de unos meses en las próximas elecciones nicaragüenses”, afirmó el legislador.
Estados Unidos también ha demostrado su preocupación por las reformas y a través de la subsecretaria Chung el Departamento de Estado ha dicho que Ortega se encamina a unas “elecciones viciadas” en noviembre. “La nueva Ley Electoral defrauda al pueblo de Nicaragua y no convence a la comunidad internacional. El CSE está altamente parcializado”, ha dicho la funcionaria.
La Administración del presidente Joe Biden ha mostrado su preocupación por la situación en Nicaragua. Washington ha exigido un “cambio de rumbo” al régimen de Ortega, ante lo que ha calificado como la “intensificación de la represión”. “La Administración Biden está comprometida con apoyar al pueblo nicaragüense y su demanda de democracia”, afirmó el Departamento de Estado en un comunicado publicado a inicios de febrero.
En Managua, los opositores intentan encajar el golpe. No es que las reformas orteguistas los tomaran por sorpresa, pero esperaban un mínimo de apertura del régimen debido a las presiones internacionales y las amenazas de nuevas sanciones. Hasta ahora no se ha logrado conformar un grupo opositor sólido y hay una decena de aspirantes a convertirse en el candidato de la oposición. Entre esas personas está Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Chamorro, que aspira a repetir la hazaña de su madre, quien en 1990 derrotó a Daniel Ortega en unas elecciones supervigiladas. “Con la elección del nuevo CSE, la dictadura demuestra una vez más su vocación autoritaria, no tiene ni la voluntad política, ni la decencia de realizar elecciones libres y transparentes. Solo en UNIDAD derrotaremos a Ortega”, escribió Chamorro en Twitter.
El obispo Silvio Báez, una de las voces más críticas de Ortega y trasladado a Roma por el Vaticano debido a las amenazas del régimen, escribió también en la red social: “En Nicaragua la dictadura cierra todas las puertas a una salida democrática. No hay que desanimarse. Es hora de deponer la soberbia política y las posturas sectarias. Todavía es hora del acercamiento humilde entre los distantes y del sacrificio de cada uno por el bien de todos”. A pesar de la presión interna e internacional, Ortega no muestra ninguna intención de ceder. Por el contrario, se radicaliza, aísla a Nicaragua y paradójicamente mantiene su afán de imponer otra dinastía familiar como la de los Somoza, contra la que él luchó cuando era un párvulo guerrillero.
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