Daniel Ortega y Rosario Murillo prestarán juramento presidencial en la tarde de este lunes en soledad. La comunidad internacional no solo ha rechazado la elección en la que se eligieron sin competencia en noviembre de 2021, luego de apresar a todos sus contendientes, sino que esta mañana Estados Unidos y Canadá aplicaron sanciones conjuntas contra funcionarios del régimen sandinista. Se trata de una acción coordinada como respuesta a la perpetuación en el poder de la pareja presidencial, a la que también se sumarán Canadá y Reino Unido, de acuerdo a fuentes diplomáticas consultadas por EL PAÍS.
La Unión Europea fue la primera en despuntar con la ampliación de sanciones contra siete funcionarios más (entre ellos los hijos de la pareja presidencial Camila y Laureano Ortega Murillo), y tres instituciones claves en el esquema represivo del sandinismo: la Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral y el El Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), entidad encargada de una granja de troles para generar información, según reveló una investigación periodística en junio de 2021. Es la primera vez que la Unión Europea sanciona a instituciones.
Seguidamente, Estados Unidos puso la nota dura al sancionar a seis personas más, en especial a tres generales del Ejército de Nicaragua, una institución que siempre ha alegado que se mantiene al margen de la represión política, aunque muchas organizaciones de derechos humanos la señalan de complicidad y de inacción ante el desarme de grupos paramilitares que operan al margen de la Constitución. Más tarde, EE UU también anunció que cancelaba las visas a 116 personas “cómplices de socavar la democracia en Nicaragua”, incluidos alcaldes, fiscales, administradores universitarios y funcionarios policiales, penitenciarios y militares.
Los tres generales del Ejército sancionados son Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz (Jefe de Estado Mayor General), Bayardo de Jesús Pulido Ortiz (General de Brigada), y Ramón Humberto Calderón Vindell (exinspector General). Los tres militares son directivos del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), el fondo público de inversiones del Ejército de Nicaragua y en el cual se concentran los grandes negocios castrenses. El IPSM es uno de los grupos inversionistas con mayor rentabilidad en Nicaragua. De acuerdo a fuentes militares, la sanción golpea a la primera línea de mando, al jefe de Estado mayor, que en teoría es el eventual sucesor del jefe castrense Julio César Avilés.
“Es un mensaje bastante directo al Ejército”, le dice a EL PAÍS Elvira Cuadra, socióloga y experta en seguridad, en referencia a que los militares son considerados un factor clave de estabilidad para Ortega. “Lo que está claro es que el aislamiento internacional, comparado con el de los años ochenta, durante la revolución sandinista, es mayor. Es que en los ochenta había gobiernos europeos que mantenían relaciones y reconocimiento al Gobierno. Ahora no”, añadió.
Por su parte, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos argumentó sus sanciones al decir que con las “elecciones nacionales fraudulentas” de noviembre consolidan “aún más su control del poder en detrimento del pueblo nicaragüense”. “Estados Unidos y nuestros socios están enviando un mensaje claro al presidente Ortega, a la vicepresidenta Murillo y a su círculo íntimo de que continuamos apoyando al pueblo nicaragüense en sus llamamientos para la liberación inmediata de estos presos políticos y el retorno a la democracia”, dijo el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera Brian E. Nelson.
López Obrador trastabilla
Aunque la vicepresidenta Murillo dijo que unas 300 personas de diferentes delegaciones los acompañarán en la toma de protesta, hasta ahora en Managua solo ha aterrizado el aliado de siempre: el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Está prevista la llegada de Nicolás Maduro, el mandatario venezolano. Bolivia enviará al viceministro de Relaciones Exteriores, Erwin Mamani. Argentina y México dijeron en su momento que enviarían delegaciones, pero primero el país austral se retractó y el Gobierno de Andrés López Obrador se ha internado en una espiral de contradicciones.
Rosario Murillo anunció primero que el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, los acompañaría. Este domingo, fuentes de la cancillería mexicana aseguraron que enviarían a Martín Borrego Llorente, director general para América Latina de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sin embargo, en un giro sorpresivo en horas de la noche del domingo, se retractaron al decir que ningún funcionario acudiría a Managua. La primera información generó críticas y controversia por que el Gobierno mexicano prestara apoyo a uno de los regímenes que más derechos humanos viola en la región.
No obstante, en la conferencia mañanera de López Obrador volvió a cambiar la versión oficial al decir que su país enviaría a Ramiro Ayala, jefe de la cancillería en la embajada de México en Nicaragua. “De una vez lo voy a decir, es el encargado de negocios, porque no tenemos embajador, pero ya vamos a pedir el beneplácito”, sostuvo el mandatario mexicano, quien se apuró a decir que mantienen buenas relaciones con todos los países de la región.
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