Daniel Ortega y Rosario Murillo liquidaron el proceso electoral este viernes cuando cancelaron la personería jurídica del partido Alianza Ciudadanos por la Libertad (ACxL), la última esperanza de la oposición para poder enfrentar en las urnas al régimen sandinista. De esa forma, se consagró lo que los analistas políticos venían advirtiendo: una “elección a la medida” de la pareja presidencial, sin condiciones de transparencia ni competitividad, que profundizará más la crisis sociopolítica y de derechos humanos del país centroamericano.
Aunque ACxL decidió apuntarse a un proceso considerado como “viciado” por la comunidad internacional, sin importar tampoco las críticas de un sector opositor inhabilitado con cárcel por el régimen, la agrupación política representaba el último signo de competencia. Al partido que insistió en participar en las elecciones se le achacaba, entre otras cosas, que legitimaría unos comicios cuestionados de antemano. Sin embargo, los Ortega-Murillo decidieron cruzar una línea roja más contra la oposición y cancelaron la personería jurídica de ACxL.
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El Consejo Supremo Electoral (CSE) controlado por el sandinismo decidió anular a ACxL pocas horas después de que el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) presentara una queja “por violaciones a la Ley Electoral”. Uno de los argumentos oficiales para tomar esta medida es que la presidenta de ACxL, Kitty Monterrey, posee doble nacionalidad —estadounidense y nicaragüense—, algo que, según abogados electorales consultados por EL PAÍS, no es causal para suspender derechos y mucho menos representar a una agrupación política.
El PLC es el partido político de Arnaldo Alemán, expresidente acusado de corrupción y antiguo secuaz de Ortega. Sin embargo, el PLC es ahora controlado por María Haydeé Osuna, política liberal y hermana del exmagistrado electoral Julio César Osuna, quien robaba identidades para entregarlas al narco. Osuna fue condenado y puesto en libertad por el régimen Ortega-Murillo en 2016. Por esta razón, en Nicaragua se dice que la política le “paga favores” al sandinismo con la queja contra ACxL.
Al inhabilitar a ACxL, la elección en Nicaragua deja a Ortega y Murillo como candidatos únicos, sin contrincantes que le puedan hacer contrapeso. Los seis partidos inscritos en la elección son colaboracionistas del régimen y sus candidatos son completos desconocidos.
Tras oficializarse la cancelación de ACxL y la anulación de la cédula de Kitty Monterrey, la sede de ese partido en Managua quedó desierta. Fuentes del partido relataron a EL PAÍS que sacaron del edificio computadoras y documentos por el temor a un inminente allanamiento policial. “Kitty Monterrey debe irse del país y a Mauricio Díaz, miembro del partido y exdiplomático, le impidieron salir del país y le quitaron su pasaporte”, dijo la fuente.
Reaccionan con sanciones
La embestida contra ACxL, un partido fundado por el exbanquero y excandidato presidencial Eduardo Montealegre, empezó el martes pasado. Ese día, la Fiscalía del régimen inhabilitó e imputó a la candidata a la vicepresidencia del partido, la joven y exreina de belleza Berenice Quezada, acusándola de haber hecho “una apología del delito e incitación al odio” en unas declaraciones .
Quezada era la fórmula presidencial de Óscar Sobalvarro, vicepresidente de CxL; un hombre que en los años ochenta fue exjefe de la contrarrevolución, la guerrilla financiada por Washington para derrocar al Gobierno sandinista. Tanto Sobalvarro como Quezada eran los candidatos emergentes de CxL, decididos de forma unilateral por el partido, luego de que todos los precandidatos opositores fueran arrestados por el régimen Ortega-Murillo, entre ellos tres de sus miembros.
“Los Ciudadanos por la Libertad saldremos triunfadores de esta y de todas las que vengan, porque nuestro compromiso con una Nicaragua en paz, libertad y democracia no puede ser cancelada. ¡Nos tuvieron miedo!”, dijo escuetamente Sobalvarro en su cuenta de Twitter. Por ahora, el silencio impera en la formación descabezada.
La anulación total de ACxL ocurrió el mismo día que el Senado de Estados Unidos aprobó la Ley Renacer, que amplía el abanico de sanciones contra el régimen Ortega-Murillo y los funcionarios de Gobierno ligados al resquebrajamiento democrático del país, la persecución de la disidencia, las violaciones a los derechos humanos y, más recientemente, el cierre de una elección transparente y competitiva.
El punto toral de la ley (llamada formalmente Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral) es revisar la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica (DR-Cafta). Se trata de un acuerdo clave para Nicaragua, cuyo principal socio comercial es precisamente Estados Unidos.
En Nicaragua impera un estado de terror, en especial entre políticos opositores, activistas y analistas, quienes ya no quieren hablar con los periodistas por temor a ser apresados. “El camino que le queda a Ortega y Murillo es el de la ilegitimidad. Es decir, se espera que la ‘victoria’ del sandinismo, entre comillas, no sea validada, pues su resultado será producto de unas elecciones fraudulentas y sin condiciones, con una oposición perseguida y encarcelada. A nivel internacional es un aislamiento absoluto”, aseguró un especialista en derecho internacional que, por motivos de seguridad, pidió mantener el anonimato.
Enrique Sáenz, exdiputado opositor exiliado en Costa Rica, afirma que la permanencia de los Ortega-Murillo impone “un costo inmenso al país”. “Mientras Ortega esté en el poder, los nicaragüenses no van a tener oportunidad de superarse. Los costos de la vida se elevan, según cifras oficiales. No habrá esperanza frente a la dictadura y eso se traduce en sufrimiento”, alerta.
Integrantes del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanto, el otro bloque opositor descabezado por Ortega, propone que los próximos pasos de la oposición deberían ser desconocer un proceso electoral a la medida de la dictadura. “La no participación, el desconocimiento del proceso electoral, la solicitud de legitimidad absoluta del proceso es el camino al derrocamiento de la dictadura, es el camino a la libertad, a la justicia sin impunidad y a la democracia”, manifestó la plataforma.
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