Uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de Colombia es el de los falsos positivos, el eufemismo para referirse a civiles asesinados por el Ejército que eran disfrazados y presentados como bajas en combate durante el conflicto armado. En un país donde se registraron al menos 6.402 víctimas de esa terrible práctica, según datos de la Jurisdicción Especial para la Paz, las operaciones de las Fuerzas Armadas deben estar libres de toda duda.
El Gobierno de Iván Duque tiene, por tanto, el deber de aclarar qué pasó hace dos semanas en Putumayo, en un operativo militar que el presidente calificó de “éxito” ante la opinión pública. El mandatario sostuvo que las Fuerzas Armadas habían acabado con la vida de 11 disidentes de la guerrilla de las FARC y que habían capturado a otros cuatro. Investigaciones de medios de comunicación, incluido EL PAÍS, y organizaciones civiles han mostrado las fisuras de esa versión.
El operativo tenía como objetivo capturar a un líder de las disidencias, resultado que no se logró. El ataque se lanzó durante la celebración de una fiesta popular, en la que se sabía que habría civiles. Aun así, se realizaron múltiples disparos. Los militares llegaron vestidos de negro y se identificaron como miembros de la guerrilla, según los testigos, y retuvieron durante horas a decenas de personas. Fotografías a las que ha tenido acceso este diario evidencian manipulación de cadáveres. Tampoco hubo ningún capturado, como anunció el presidente y ha desmentido la Fiscalía. Ni siquiera ese punto ha sido reconocido por el Gobierno.
Han pasado ya dos semanas y Duque y el Ejército se mantienen fieles a su versión de una operación exitosa, a pesar de las múltiples evidencias que demuestran lo contrario. El ministro de Defensa deberá responder ante el Congreso para dar explicaciones. No es la primera vez que la polémica se cierne sobre un operativo militar de este Ejecutivo, que en agosto finaliza su mandato. Uno de los ministros de Defensa de Duque dimitió precisamente porque se ocultó que durante una acción militar habían muerto ocho menores.
Entre los fallecidos en el operativo en Putumayo, que se sepa hasta el momento, se encuentran una mujer embarazada, un menor de 16 años y un gobernador indígena. “No es la primera operación donde caen mujeres embarazadas y menores de edad combatientes”, sostuvo como descargo este lunes el jefe del Ejército, el general Eduardo Zapateiro.
El Gobierno tiene la obligación de investigar qué pasó y contar la verdad. Solo así contribuirá a apuntalar la paz que se firmó en 2016 entre el Estado y las FARC para dejar atrás medio siglo de guerra.
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