“Durante estos 4 años de lucha, se confirmó cómo la justicia se vende por dinero o por votos”, escribió Teresa C. Ulloa para Cimacnoticias.
Por Teresa C. Ulloa Ziáurriz/ Cimacnoticias
En octubre de 2018, ganamos el amparo, después de 4 años de lucha, entre sobreseimientos y recursos de revisión, por el caso Gutiérrez de la Torre, quien desde abril de 2014 está involucrado en uno de los múltiples escándalos de prostitución pues a través de publicidad engañosa, contrataba edecanes, con puestos de Auxiliares Administrativos al interior del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para explotar sexualmente a mujeres para él y para sus amigos, hechos que se sabe, venía realizando desde el 2003, cuando era diputado local por el mismo partido. Todo ello bajo el cobijo y protección del entonces jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera.
El caso de Gutiérrez de la Torre, sus reclutadoras y sus cómplices: Adriana Rodríguez, Claudia Priscila Martínez González y la hoy diputada Sandra Vaca Cortés, junto con quien era el chofer de Gutiérrez de la Torre, Tonatiuh González Casé, hoy coordinador de la Fracción del PRI en el Congreso de la Ciudad de México e Israel Betanzos Cortés quien era el tesorero del PRI-DF, cuando Gutiérrez de la Torre era el Presidente y hoy es el Presidente del PRI-DF, es un caso paradigmático y un caso que devela las complicidades y encubrimiento del patriarcado para impedir que las mujeres accedan al derecho a la justicia.
La búsqueda de la justicia ha sido un camino muy largo, más de 6 años. Se presentaron tres denuncias en UEITMIO-SEIDO de la PGR, (las denuncias de que se declaró incompetente por instrucciones del entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam), quien argumentó que se declaraban incompetentes porque no quería que se entendiera como una venganza personal por los problemas que había tenido con Gutiérrez de la Torre, recado que me dio por teléfono, la entonces, Subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales, licenciada Mariana Benítez Tiburcio.
Una vez que el área de investigaciones especiales del noticiero que dirigía Carmen Aristegui en MVS en el cual se difundieron grabaciones de una reportera infiltrada que pasó por todo el proceso de reclutamiento, la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México cargo entonces de Rodolfo Ríos Garza, debió de haber iniciado la investigación del delito de oficio porque se trata de delitos graves pero no lo hizo.
Después una de las reclutadoras buscó el Amparo de la Justicia Federal, Claudia Priscila Martínez González, mismo que le fue negado, tampoco se ejercitó acción penal contra ella. Está claro para todas y todos los ciudadanos que en la grabación del noticiero de Carmen Aristegui, se les informa a las jóvenes reclutadas que iban a ser contratadas como secretarias, recepcionistas o auxiliares administrativas, y que sus funciones eran permitir ser explotadas sexualmente por el conocido “Rey de la Basura”. Incluso, después de revisar la nómina del PRI-DF, se pudo constatar que Claudia Priscila cobraba varios sueldos.
Otra figura clave en la red de prostitución es Sandra Vaca Cortés, que fungía como Secretara Particular de Gutiérrez de la Torre y hoy es diputada del Congreso de la Ciudad de México y, por supuesto otro actor en esta red delictiva, Tonatiuh González Case, incondicional de Gutiérrez y próximo a Claudia Priscila Martínez González, posiblemente hasta su pariente, además de Betanzos.
Cuando la PGR se declaró incompetente para conocer de las denuncias de Valentina, Beatriz y Renata, declinó la competencia a la entonces Procuraduría capitalina, quien nunca citó a las víctimas para que ratificaran sus denuncias. Gutiérrez de la Torre interpuso un amparo para que se determinara su situación jurídica, el cual ganó, y el Ministerio Público de inmediato obedeció y acumuló todas las denuncias que había contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, incluso una donde el denunciante era Gutiérrez de la Torre y la Fiscalía de Asuntos Especiales y Electorales, determinó el no ejercicio de la acción penal.
Tramitamos nuestra inconformidad ante la Oficina de MP auxiliares del Procurador, quienes confirmaron la determinación del Ministerio Público. Interpusimos el Recurso de Revocación ante la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales, que en ese tiempo era el hoy Procurador Raymundo Garrido, quien volvió a ratificar el no ejercicio de la acción penal, lo que hizo evidente la complicidad y la protección que Gutiérrez de la Torre estaba recibiendo de las autoridades de la Ciudad de México, lo que se confirmó por el actuar del MP Francisco Soriano Velasco.
El 22 de octubre de 2015 solicitamos el Amparo de la Justicia Federal, que se radicó en el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Penal, con el número 956/2015, que se sobreseyó, por lo que interpusimos un recurso de revisión, que ganamos, ya que le ordenaron al Juez que repusiera el procedimiento.
La Procuraduría capitalina siempre argumentó que la representación victimal no contaba con la representación legal de las víctimas. Y, una vez más, el Juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Penal volvió a sobreseer el amparo por cuestiones de forma y no de fondo.
Cuando nos notificaron el segundo sobreseimiento, interpusimos un segundo recurso de revisión, el que fue radicado en el Quinto Tribunal Colegiado de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, que quedó registrado bajo el número 112/2017. Las víctimas volvieron a ganar y se nos notificó que la Justicia de la Unión protegía a las víctimas “Valentina”, “Beatriz” y “Renata”.
Ante esta resolución, Gutiérrez de la Torre interpuso un recurso de revisión a la sentencia del juicio de Amparo que ganaron las víctimas, tratando de sorprender a los Magistrados con información falsa y pintándose como un hombre honorable. Afortunadamente la resolución al recurso de revisión de Gutiérrez de la Torre no le fue favorable.
Durante estos 4 años de lucha, se confirmó cómo la justicia se vende por dinero o por votos. También se confirmó que existen compromisos que rebasan con mucho la justicia y que los procedimientos para el acceso a la justicia están maquiavélicamente diseñados para que en este tortuoso camino las víctimas se den por vencidas.
En este camino, la entonces PGJDF violó el resguardo de la identidad de las víctimas, mujeres del PRI. Con engaños llegaron a mi oficina, para tratar de llevarme a atender un asunto de trata de niñas y luego me denunciaron por amenazas, balacearon la oficina, nos atacaron cuando fuimos a manifestarnos frente al INE-DF, nos seguían, nos intimidaban, lo que seguramente se revivirá, nuevamente.
Gutiérrez de la Torre fue restituido en sus derechos como integrante del Partido Revolucionario Institucional. Y lo que es peor, designó a más de la mitad de las candidaturas al Congreso de la Ciudad de México.
Hoy, a más de un año de que ganamos el amparo, y se reabrió la investigación con el gobierno de Claudia Sheinbaum, estamos esperando que, finalmente, las víctimas accedan a la justicia, ya que aportamos pruebas, incluso se exhibió el original de la grabación que hizo la reportera del equipo de investigación de Carmen Aristegui y la última vez que hablé con Ángeles Dorantes, Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos de Trata, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, me contestó que están a punto de determinar la Averiguación Previa y que lo van a hacer conforme a derecho, lo que por supuesto, nos sembró sospechas, ya que hemos sabido que los abogados de Gutiérrez de la Torre no salen de la oficina del Fiscal Central de Investigaciones de la Ciudad de México.