María Josefina Menéndez, directora ejecutiva de Save the Children en México, dijo que la transferencia directa de recursos a las familias no garantiza que las niñas y los niños accedan a su derecho a la educación inicial, ya que bajo condiciones de pobreza, es posible que usen el dinero para la satisfacción de otras necesidades.
Este miércoles, las organizaciones Oxfam México, Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y Save the Children hicieron un llamado al gobierno de México para reconsiderar la decisión anunciada sobre los cambios en el Programa de Estancias Infantiles para realizar transferencias monetarias directas a madres y padres.
En un comunicado, advirtieron que esta medida aumenta la desigualdad de oportunidades y pone en riesgo el derecho de la infancia a la educación inicial.
Recordaron que el Estado debe garantizar las condiciones que permitan conciliar la vida personal y laboral, además de fortalecer el acceso a servicios de cuidado infantil y educación inicial.
Asimismo, plantearon generar una nueva política integral para la primera infancia basada en enfoque de derechos.
En el documento señalaron que hay alrededor de 13 millones de niñas y niños de 0 a 5 años en México, y de acuerdo con proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), en los próximos seis años, nacerán casi 12.6 millones, lo que significa que al gobierno actual le corresponderá garantizar los derechos de casi 26 millones de niñas y niños en la etapa de primera infancia, incluyendo la educación inicial y el acceso a la seguridad social.
Desde su punto de vista, los cambios anunciados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador reflejan una visión en la que no se establece el cuidado de las niñas y niños como un derecho, sino como una transferencia de dinero sujeta a manejos discrecionales; poniendo toda la responsabilidad a la estructura familiar, que históricamente es desventajosa para las mujeres.
De acuerdo con Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), México es el país de América Latina en el que las mujeres destinan mayor porcentaje de tiempo al trabajo doméstico y de cuidados, en comparación con los hombres: aportan un 78.3 por ciento de las horas destinadas a las labores en el hogar, frente a un 21.7 por ciento en el caso de los hombres.
Estas cifras suponen que, en México, las mujeres realizan el 70 por ciento del trabajo de cuidados. Del total de niños y niñas entre 0 y 6 años de edad que no son atendidos por sus padres o madres, 51.2 por ciento son cuidados por las abuelas, mientras que 11.3 por ciento asisten a estancias infantiles o guarderías públicas, 4.3 por ciento asisten a guarderías privadas y 33.3 por ciento se encuentran bajo el cuidado de otras personas.
“El Banco Mundial ha señalado que la distinta cantidad de tiempo que hombres y mujeres dedican al cuidado de otras personas y a labores domésticas conexas es un factor que impulsa la segregación y las consiguientes brechas de ingresos entre hombres y mujeres“, expuso Regina Tamés, directora de GIRE.
María Josefina Menéndez, directora ejecutiva de Save the Children en México, añadió que la transferencia directa de recursos a las familias no garantiza que las niñas y los niños accedan a su derecho a la educación inicial.
“Bajo condiciones de pobreza, es posible que usen estos recursos para la satisfacción de otras necesidades. Es importante recordar que la mayoría de quienes se benefician de este programa trabajan en el sector informal. Como consecuencia, si deciden no llevar a sus hijos e hijas a estancias infantiles o si carecen de la oferta suficiente para hacerlo, los niños y niñas quedarían expuestos a entornos poco favorables para su desarrollo, esparcimiento y protección, se sobrecargaría el trabajo a las personas adultas mayores o, incluso, otras niñas y niños podrían quedar al cuidado de sus hermanos mayores”, señaló.
En este contexto, las tres organizaciones hicieron un llamado al Presidente a tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:
*Tener un periodo de transición que garantice la operación de las estancias infantiles y la atención a los niños, niñas y sus familias que requieren el servicio, en tanto se reestructura un nuevo programa integral que avance progresivamente hacia el incremento de la oferta, y también de la propia demanda, de un servicio de calidad que es clave para el desarrollo de la infancia y para favorecer la igualdad de oportunidades.
*Crear un grupo de trabajo de especialistas para la revisión y reestructuración del programa, sin detener los subsidios durante ese proceso para evitar el cierre de las estancias.
*Asegurar que el nuevo programa fortalezca diversos elementos que el grupo de expertos tendrá que desarrollar, entre ellos: la definición de altos estándares de seguridad y salubridad, unificados para todos los centros de cuidado y desarrollo infantil del país, y el establecimiento de los mecanismos de supervisión y acompañamiento para la mejora del servicio.
*Robustecer los procesos formativos y mejorar las condiciones de trabajo de educadoras y educadores, así como ampliar la cobertura del servicio de forma progresiva y avanzar en la construcción de un sistema nacional de cuidado para niñas y niños.