Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acusó a tres magistrados de un tribunal colegiado de proteger a Luis Cárdenas Palomino, ex director de Seguridad Regional de la Policía Federal y uno de los más estrechos colaboradores del ex secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, tras concederle un amparo.
Según el funcionario, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito evitó que se incluyera en la lista de personas bloqueadas a Cárdenas Palomino, a quien señaló de ser un “conocido delincuente”.
Esto ante el argumento de que el procedimiento de la UIF es nacional, y no es solicitado por un país extranjero, por lo que “carece de suficiente certeza” y de “seguridad jurídica”.
“Es una resolución definitiva e inatacable. No tenemos recurso”, reiteró, al informar que los importadores de justicia desecharon un recurso presentado por la UIF y por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El funcionario detalló que el pasado 25 de enero de 2023, Luis Cárdenas Palomino recibió del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito la protección y el amparo de la Justicia de la Unión, denunció Gómez.
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Asimismo, denunció que dicho tribunal estuvo integrado por Jorge Antonio Cruz Ramos como presidente, así como María Elena Rosas López y Pablo Domínguez Peregrina, magistrados del Poder Judicial de la Federación.
Ante esto, acusó al Poder Judicial mexicano de evitar que individuos sujetos a procedimientos jurídicos y “que se conoce que realizan actividades de lavado de dinero” sean incluidos en la lista de personas bloqueadas en el sistema financiero.
Explicó que estar en dicha lista implica no solo el bloqueo de sus cuentas, sino que impide el acceso al sistema financiero, limitando acciones como cobro de cheques, compra de valores y monedas extranjeras, entre otros.
Según Pablo Gómez, Eduardo Medina-Mora Icaza, quien se desempeñó como ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 2015 a 2019, elaboró la jurisprudencia que fue aprobada por la Segunda Sala y sobre la que se basó la decisión del amparo sobre Cárdenas Palomino.
Gómez explicó que el Máximo Tribunal resolvió un amparo, con lo que se generó una tesis que establece que el procedimiento de bloqueo que se realiza de acuerdo con la ley, “carece de certeza y de seguridad jurídica”.
Sin embargo, se contempla una excepción: cuando una entidad extranjera solicita al gobierno mexicano el bloqueo.
El titular de la UIF calificó el criterio de ser “malinchista”, “antinacional e inconstitucional” y de “convalidar actividades ilícitas” y “proteger” a criminales de la delincuencia organizada y “corruptos”.
“Este no es un problema de colaboración entre poderes. Este es un problema de otro orden”, advirtió.
Asimismo, reiteró que la medida permite que “personas que están siendo protegidas” por jueces queden en impunidad. “Al momento que se impide que el Gobierno pueda utilizar los datos obtenidos del sistema financiero, los está dejando “en la completa impunidad”, declaró.
Sin embargo, aclaró que para judicializar sobre el delito de lavado de dinero, se requiere forzosamente de la denuncia de la UIF, según del Código Penal Federal en su artículo 400 D.
Por último, añadió que el ex director de Seguridad Regional de la Policía Federal contaba con un bloqueo a una cuenta que contenía 5 millones y medio de pesos, pero este tuvo que ser retirado tras la sentencia de un juez.
“Con ese amparo yo tengo que firmar un acuerdo para sacar de la lista de personas bloqueadas a un señor llamado Luis Cárdenas Palomino, conocido delincuente, ex funcionario público que se encuentra preso en una cárcel de los Estados Unidos”, dijo.
“El juez no puede hacer eso, pero sí puede ordenar a la UIF que desbloqueé la cuenta bloqueada, tenemos una cuenta bloqueada de 5 millones y medio, el juez lo desbloqueó y al día siguiente adiós, esa es la trampa de la cosa”, añadió.
Igualmente, reveló que hay una relación financiera entre la principal empresa de la red de lavado de dinero de Genaro García Luna, quien enfrenta un juicio en Nueva York por narcotráfico, y la empresa de Luis Cárdenas Palomino.
Ante esto, López Obrador afirmó que la decisión sobre el amparo es una “afrenta a la justicia”.
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