Dan garantías de confidencialidad y seguridad a quien quiera aportar información sobre los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Durante la cuarta sesión ordinaria de la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, se acordó crear un grupo de búsqueda en vida y en fosas para dar con el paradero de los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala, Guerrero.
Durante la reunión realizada este miércoles, a la que asistió el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, se reiteró lo expresado por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que cualquier persona que posea información en torno a los hechos, pueda hacer llegar a la Comisión los datos con que cuente.
Lo anterior, con las debidas garantías de confidencialidad y seguridad, en el entendido de que la colaboración de la sociedad es fundamental para el esclarecimiento de este caso.
De acuerdo con un comunicado de Segob, en la reunión estuvieron presentes las personas que integran dicha Comisión, así como representantes en México, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), además del Mecanismo Especial de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El subsecretario Alejandro Encinas dio cuenta de las tareas realizadas durante marzo, entre ellas, los acuerdos alcanzados en la reunión con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la firma del Acuerdo de Asistencia Técnica entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la OACNUDH, en el marco de la visita de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet.
El funcionario informó sobre los avances que se tienen en la delimitación de las líneas de trabajo en el caso y las gestiones ante la Fiscalía General de la República para la instalación de una Fiscalía Especial para el caso.
Por su parte, los asistentes y representantes de la OACNUDH reiteraron la importancia del inédito acuerdo suscrito y la disposición de las instituciones del Estado mexicano para que la supervisión internacional continúe en el caso.