A menos de una semana de que se cumplan 9 años desde la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, madres y padres de los estudiantes instalaron un plantón en las antiguas oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR).
En Paseo de la Reforma, los familiares colocaron las fotografías de sus hijos para exigir que se revele toda la información sobre el caso, después de que expertos internacionales señalaran que las Fuerzas Armadas aún ocultan documentos y datos relevantes.
Se tiene previsto que el grupo se traslade la tarde de este jueves a la Fiscalía General de República (FGR) para manifestarse frente a sus instalaciones y dar inicio a las jornadas con motivo de los 9 años de la desaparición de sus hijos.
Los familiares llevarán a cabo una serie de actividades durante una semana con el fin de exigir justifica y que se dé a conocer el paradero de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Finalmente, el próximo martes 26 de septiembre, fecha en que se cumplen 9 años desde la desaparición forzada de los jóvenes, realizarán una marcha desde el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México al Zócalo capitalino.
Estas jornadas se llevan a cabo después de que el miércoles, las familias de los normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que le exigieron que deje de encubrir al Ejército porque, según ellos, faltan documentos sobre el caso.
Ante esto, AMLO informó este jueves que el próximo lunes se llevará a cabo una segunda reunión en la que no participará él, para entregar una respuesta a los padres sobre su pliego petitorio.
Sin embargo, el presidente insistió que las Fuerzas Armadas han entregado todos los documentos e información en su poder, a pesar de que los padres de los estudiantes y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) han denunciado obstrucción del Ejército.
La reunión ocurrió en vísperas del noveno aniversario de la desaparición de los jóvenes, mientras crece la presión para que López Obrador cumpla su promesa de aclarar el caso durante su mandato, que termina el 1 de octubre de 2024.
El Gobierno de López Obrador ha desmentido la polémica versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la llamada “verdad histórica”, que sostenía que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula.
A esto se suma que el GIEI, creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso, abandonó México en julio pasado tras denunciar la obstrucción de las Fuerzas Armadas en la investigación.
La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia concluyó el año pasado que la desaparición de los 43 estudiantes en septiembre de 2014 fue un “crimen de Estado” en el que estuvieron involucrados autoridades de todos los niveles, incluidos miembros de las Fuerzas Armadas.
Source link