Varios países de América, especialmente Chile y Colombia, se están planteando reformar por ley la extensión de la jornada laboral, que en algunos lugares como México alcanza extenuantes nueve o diez horas diarias.
En especial en las grandes capitales, que concentran la mayor parte de la población, donde a las ocho o nueve horas laborales se suman una o dos para comer, y normalmente dos más para desplazarse al lugar de trabajo y volver a casa.
Si a ello se añade la necesidad de dormir al menos seis horas, como recomiendan los expertos de la salud, el resultado es que para los trabajadores americanos apenas quedan seis horas para ayudar a los hijos en las tareas, compartir con sus parejas, ir al supermercado, cocinar, ir al cine o cualquier otra actividad personal o de ocio.
Significativo y representativo es el caso de México, uno de los países del mundo donde más horas se trabajan al año, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
De acuerdo con sus datos, los mexicanos trabajan 2 mil 124 horas al año, por encima de Costa Rica (mil 913), Rusia (mil 874) y Japón (mil 598).
Número similar en Colombia, Brasil, Perú y Argentina, donde al igual que México la jornada laboral es de 48 horas semanales y suele darse un solo día de descanso, habitualmente el domingo.
Los bajos salarios, la inflación y la crisis económica generalizada hacen que muchos deban compatibilizar dos ocupaciones y muchos más caigan en el mercado negro, donde los expertos coinciden en que “Latinoamérica se ha convertido en la nueva China”.
Mientras que la tendencia a racionalizar los horarios y reducir las horas laborales se extiende en Europa, la reacción en los países de América es diversa: solo Chile y Estados Unidos parecen trabajar de forma decidida en esta misma dirección.
La semana pasada, la Comisión de Hacienda del Senado chileno aprobó un proyecto pionero en la región que busca reducir la jornada laboral semanal a 40 horas, iniciativa que presentó el Partido Comunista 2017 y que será votada por el pleno esta semana.
El proyecto, que cuenta con gran respaldo ciudadano y el apoyo de los gremios empresariales tras un largo proceso de diálogo, es gradual: contempla una rebaja inicial de 45 a 44 horas laborales a la semana durante el primer año de vigencia de la ley.
La segunda reducción, considerada a partir del tercer año, será hasta 42 horas, en tanto el objetivo de las 40 horas se logrará al quinto año de vigencia.
Mejora de la productividad y calidad de vida
En Estados Unidos, el ejemplo más prometedor de los esfuerzos por alcanzar una semana laboral reducida se encuentra en el estado de Maryland.
Allí, dos legisladores demócratas introdujeron el pasado enero un proyecto de ley para ofrecer incentivos fiscales a las empresas que aprueben e implementen una semana laboral de 32 horas sin reducción de paga.
“Creo que vamos a ver más y más ejemplos, sobre todo en los estados más progresistas como California, Nueva York o Illinois, especialmente si se aprueba la propuesta de Maryland en los próximos meses”, aseguró a EFE Christopher Kayes, director del Departamento de Gestión de la Escuela de Negocios de la Universidad George Washington, en Washington, DC.
Para Kayes, todos los indicadores sobre la semana laboral de cuatro días apuntan a una mejora de la productividad, pero también de la calidad de vida de los trabajadores.
Aún así, el experto reconoce que será difícil que se adopte alguna legislación a nivel nacional, ya que las leyes federales sobre la semana laboral no han sufrido cambios desde la década de 1930, cuando se aprobó el límite de 40 horas.
“Lo que sí sucederá será que las compañías que quieran ser competitivas a la hora de atraer trabajadores, y de mantenerlos, esta será una de las herramientas que pueden usar”, aventuró.
También en Colombia, el presidente Gustavo Petro tiene entre sus prioridades la reforma laboral, presentada al Congreso el pasado jueves, con la que pretende establecer una semana laboral de 42 horas y ampliar de 9 a 12 horas el horario nocturno, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana.
Una reforma que, según la ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, busca acabar con la precariedad laboral, los contratos temporales y la informalidad en plataformas como Uber y Rappi.
Al igual que en Chile, será gradual: durante el primer año la semana laboral se reducirá una hora y a partir del cuarto año de entrada en vigencia de la ley se reducirán dos horas cada año hasta llegar a las 42 semanales.
En Argentina, la conveniencia de la reducción laboral está sobre la mesa desde hace años -solo en 2022 se presentaron cuatro proyectos de ley que esperan su tratamiento en el Parlamento- pero el avance es lento.
Impulsadas desde el peronismo, los sindicatos y los movimientos de izquierdas, proponen acortar la carga horaria (6 horas diarias y 36 semanales, 6 horas diarias y 30 semanales u 8 horas diarias y 40 semanales) sin recortar la remuneración y limitando las horas suplementarias o “extras”.
Entre los fundamentos de estos proyectos se plantea la necesidad de dar mejor calidad de vida a los trabajadores, con condiciones psicofísicas y sociales que, a su vez, impulsen un aumento de productividad de las empresas.
Esgrimen además los efectos positivos en la creación de empleo a partir de la redistribución de trabajo que implica una reducción de jornada. Y, por otra parte, señalan la necesidad de actualizar el marco legal.
Según datos oficiales del tercer trimestre de 2022, un 28.8 % de los argentinos están sobreocupados al trabajar más de 45 horas semanales, mientras un 11.9 % están subocupados (trabajan menos de 35 horas semanales).
Si bien el desempleo bajó al 7.1 % en el tercer trimestre de 2022, el mercado laboral argentino arrastra severos problemas, con 37.4 % de los asalariados en condiciones de informalidad, cerca de un cuarto de los ocupados trabajando por cuenta propia y un 40 % de los ocupados cobrando menos que un salario mínimo.
Inmovilismo en México, Brasil y Perú
En México, la cuestión no ha generado interés del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien ha centrado su agenda en incrementos al salario mínimo, en la democracia sindical y en prohibir la subcontratación, mientras que el Congreso se ha enfocado en la reforma para duplicar las vacaciones.
La última iniciativa legislativa sobre la jornada laboral, aún no discutida, la presentó el diputado José Luis Báez Guerrero, del Partido Acción Nacional (PAN), quien propuso establecer que por cada cuatro días y medio de trabajo, el empleado debe disfrutar de dos días y medio de descanso.
El legislador recordó asimismo que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el estrés laboral que puede ocasionar el exceso de trabajo o la falta de vacaciones genera en México pérdidas de entre un 4 % y un 6 % de la economía nacional.
En Brasil, la idea no existía en la agenda del presidente conservador Jair Bolsonaro, pero tampoco parece tener de momento peso excesivo en la del progresista Luiz Inácio Lula Da Silva.
En 2017, se aprobó una reforma laboral que permitió las jornadas laborales de 12 horas seguidas, 36 horas de descanso y un máximo de 220 horas mensuales, siempre y cuando haya acuerdo entre empleador y empleado.
Lula quiere revocar algunos puntos de la reforma laboral de 2017, pero no el que afecta a la jornada laboral en sí misma.
En Perú, se estima que entre el 75 % y el 80 % de los trabajadores son informales, con lo cual no están amparados por ningún tipo de protección legal, y sufren el abuso de los empleadores, que fijan las jornadas.
Esa situación hace que la trata de personas sea un mal cotidiano en Perú.
En 2021, más de 2 mil 600 peruanos fueron víctimas de trata de personas, de los cuales el 83% son mujeres y 25 % menores de edad, pero en ese año sólo hubo 72 sentencias condenatorias en el sistema judicial, según datos de la organización CHS Alternativo.
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