Países Bajos ha paralizado temporalmente este lunes las adopciones internacionales, después de que un demoledor informe oficial haya constatado todo tipo de abusos entre 1967 y 1998: desde robo de niños a sus padres biológicos y trata de menores, a falsificación y sustracción de documentos, entrega de los pequeños bajo pretextos falsos, y falta de ética por parte de algunos funcionarios. Los países de origen de los pequeños son Colombia, Bangladés, Brasil, Indonesia y Sri Lanka, y solo se mantendrán abiertos los procesos de adopción que ya están en marcha una vez revisados. El informe critica la pasividad de los sucesivos Gobiernos cuando iban aflorando los problemas, e insta a que actúe de una vez. Se trata de un nuevo golpe para el Ejecutivo y para la imagen de un país que se identificaba con la integridad y la tolerancia. El escándalo de las cerca de 30.000 familias, muchas de origen inmigrante, acusadas sin motivo de fraude en la recepción de subsidios, obligó al Gabinete de Mark Rutte a dimitir en enero. Semanas antes, el mismo Gobierno, que sigue en funciones, se vio obligado a disculparse con las personas transgénero, que fueron obligadas a esterilizarse hasta 2014 para poder cambiar de identidad.
El informe fue encargado en 2018 por el Ejecutivo al haberse descubierto que hubo adopciones ilegales desde Brasil entre 1970 y 1980, y que varios funcionarios habían colaborado en ello. El primer caso analizado fue el de Patrick Noordoven, de 41 años, sacado ilegalmente de ese país junto con varias decenas de niños. Él lo supo gracias a la Ley de Transparencia, porque recibió documentos del Servicio de Información del Gobierno de los Países Bajos donde había “señales concretas” de la participación activa de diplomáticos y funcionarios holandeses en una adopción irregular. En 2020, Dilani Butink, de 28 años, y adoptada en 1992 en Sri Lanka, demandó a los Países Bajos por los errores cometidos en su caso. Fue adoptada con ayuda de una agencia de mediación, uno de cuyos empleados fue arrestado por fraude. “En Sri Lanka, los intermediarios se llevaron unos 4.000 florines de entonces (1.815 euros al cambio oficial), 50 veces el salario medio mensual; se trataba de hacer negocios”, dijo el abogado de la joven. Los jueces concluyeron que el caso había prescrito porque debió haberse presentado en el plazo de 20 años desde la fecha de adopción.
La comisión encargada del informe subraya que el Ejecutivo pensó que hacía el bien, ya que los niños venían de países desfavorecidos o con problemas, pero por pasividad y falta de supervisión oficial no se subsanaron las irregularidades a medida que surgían. Se señala asimismo que en los años sesenta ya había indicios de abusos, “con documentos dudosos, explotación de la pobreza de las madres biológicas y entrega de niños a cambio de dinero”. El Gobierno lo sabía, y en algunos casos hubo funcionarios involucrados en las adopciones fraudulentas, aunque no se han constatado casos de sobornos o corrupción, según la investigación. Tjibbe Joustra, director de la comisión, añade que es preciso reconocer el sufrimiento de los niños adoptados y de sus padres biológicos, hecho que ha provocado roces en el seno de Gabinete porque no todos los departamentos involucrados estaban de acuerdo en disculparse.
Este lunes, sin embargo, Sander Dekker, ministro de Protección Legal, ha pedido perdón a las familias afectadas asegurando que “duele concluir que el Gobierno no ha hecho todo lo que se esperaba. En este asunto juegan un papel las instituciones privadas y las limitaciones para supervisar los trámites en países lejanos”, ha explicado. “Me he preguntado varias veces si estoy seguro de que los métodos aplicados en los países de nacimiento de los niños son adecuados. Y la respuesta es que no”, ha añadido.
Además, Dekker ha asegurado que el Estado ya no invocará en los tribunales que estos casos han podido prescribir, para facilitar el camino a los que quieran litigar. No se ha cuantificado el número de posibles afectados.
En septiembre de 2017, Sri Lanka admitió la existencia de “granjas de niños” en los años ochenta destinados a la adopción internacional. También había parejas en apuros que tenían bebés para otros a cambio de dinero. De los cerca de 11.000 pequeños así adoptados entre 1982 y 2000, llegaron a los Países Bajos 4.000, según el programa Zembla, de la televisión holandesa. Rajitha Senaratne, entonces ministro de Sanidad y hoy diputado, admitió los hechos y anunció la apertura de una investigación. Un año antes, el Consejo holandés para la Protección de la Juventud ya había recomendado la supresión de las adopciones internacionales. En este caso, era desde China, Estados Unidos y países de la UE, porque no servía a los intereses de los menores y había riesgo de abusos lucrativos en el lugar de origen.
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