Uno de los conflictos que Israel más se empeña en mantener a raya amenaza con desbordarse y volver a atraer la atención internacional. Cuatro familias palestinas pendientes de expulsión en el barrio de Sheij Yarrah de Jerusalén Este han rechazado este martes la solución salomónica que les ofrecía el Tribunal Supremo de Israel: permanecer en sus casas como inquilinos durante al menos 15 años mientras abonaban un alquiler a la organización de colonos judíos que pretende desahuciarlos desde hace décadas. “Rechazamos una propuesta que nos habría dejado a merced de los colonos y sin derecho a nuestros hogares en nuestra patria”, respondieron las familias en un comunicado. “La justicia está eludiendo su deber de resolver el caso al obligarnos a elegir entre la desposesión y un acuerdo opresivo”, argumentaron los afectados, que calificaron de clima de “limpieza étnica” su situación.
La tensión vivida en el distrito de Sheij Yarrah, situado al norte del recinto amurallado de la Ciudad Vieja, contribuyó el pasado mes de mayo al estallido del conflicto armado entre el Ejército israelí y las milicias islamistas de la franja de Gaza, que se prolongó durante 11 días. En Jerusalén Este, ocupado y anexionado por Israel a partir de 1967, viven más de 300.000 palestinos junto a unos 200.000 colonos. Mientras el Estado judío considera la ciudad como su capital única e indivisible, los palestinos aspiran que la parte Este se convierta en capital de su futuro Estado.
Las cuatro familias que han rechazado el acuerdo –al que tachan de “allanar el camino hacia la confiscación”– comparten con otros 28 grupos familiares la amenaza de verse expulsados de una arbolada vaguada del distrito, en la que se asentaron en 1956, después de haber fracasado sus reclamaciones ante tribunales inferiores. El Supremo afronta ahora el dilema de hacer cumplir la ley israelí, que discrimina los derechos de propiedad de los palestinos, o afrontar la criticas de la comunidad internacional, ya anticipadas por Estados Unidos y la Unión Europea, al forzar el desplazamiento de población palestina de Jerusalén Oriental.
Nahalat Shimon, asociación que promueve el asentamiento de colonos israelíes en Jerusalén, adquirió los derechos de propiedad en la zona a una fundación religiosa que poseía los terrenos desde finales del siglo XIX, entonces bajo administración otomana, y donde instaló un santuario junto a la tumba de Simón el Justo, un sumo sacerdote judío de la antigüedad. La fundación religiosa abandonó el este de la ciudad tras la partición de Jerusalén en 1948: una parte occidental, judía y controlada por Israel, y otra oriental, árabe y bajo administración de Jordania. Muchos refugiados palestinos, que habían perdido sus casas y tierras en el nuevo Estado de Israel, fueron realojados en propiedades vacantes como las de Sheij Yarrah. Pero a partir de 1967 los propietarios originales reclamaron sus derechos antes de revendérselos a Nahalat Shimon, cuyo objetivo es reforzar el carácter judío de la Ciudad Santa.
Cerca de 3.000 palestinos que viven en unos dos centenares de edificios de Jerusalén oriental se encuentran pendientes de desahucio en procesos judiciales similares, según la ONG israelí Paz Ahora. La fiscalía israelí considera estos casos como disputas inmobiliarias entre particulares. Para la sociedad palestina, Sheij Yarrah se ha converso en un emblema de identidad nacional bajo el régimen legal de la ocupación con doble rasero. Mientras los derechos de los propietarios judíos para recuperar sus bienes no caducan, los que tenían los palestinos en el actual territorio de Israel perdieron validez tres años después de su salida. Pasaron a manos del Estado, a la denominada custodia de propiedades de ausentes, que los administró antes de cederlos a israelíes.
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