Los vecinos del número 65 de la avenida Carlos Haya de Málaga están en pie de guerra desde que hace unos meses tuvieron conocimiento de que en los bajos se quería abrir una casa de apuestas. “No queremos algo así en el barrio, esta es una zona de paso de estudiantes y gente mayor, desde el primer momento entendimos que su ubicación aquí era intencionada”, explica Desirée Barberá, una de las inquilinas del bloque, que está a 300 metros del Hospital Universitario Carlos Haya, a 40 metros de la Ciudad Deportiva Carranque y que tiene en un radio de menos de 700 metros varios centros educativos. Al final de esa calle, a unos 150 metros, hay otro local de juego. Su distrito, Cruz del Humilladero, es el segundo de la ciudad con más establecimientos de este tipo: 18.
La oposición de los vecinos, respaldada por la Plataforma contra las Casas de Apuestas de Málaga, podría prosperar sin necesidad de más movilizaciones, ya que el Ayuntamiento (PP) iniciará este viernes la modificación de su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para establecer una distancia de 500 metros entre las casas de apuestas y zonas de afluencia familiar, como centros educativos o deportivos, y suspenderá la concesión de nuevas licencias mientras dure la tramitación, que se calcula de un año. “Es una decisión que se adoptó por unanimidad del pleno y que creemos que entra dentro de nuestras competencias porque no estamos limitando la actividad, sino la instalación”, explica el concejal de Urbanismo malagueño, Raúl López Maldonado.
Su iniciativa cuenta con la oposición frontal del Gobierno de Andalucía que ha advertido a los consistorios que han establecido moratorias e iniciado modificaciones de sus PGOU para establecer limitaciones de que las “competencias en materia de planificación de juegos y apuestas” y de “prevención del juego” son exclusivas de la Junta. En los escritos remitidos, entre otros al Ayuntamiento de Sevilla, se recordaba que la Consejería de Hacienda iba a regular unas distancias máximas de 150 metros en un decreto que se prevé para finales del mes de marzo, pero que no tiene una fecha concreta de publicación. En el caso de Cádiz, que aprobó en septiembre unas distancias de 500 metros —con el visto bueno de las consejerías de Fomento y Salud―, el Ejecutivo regional ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia.
La pandemia ha amortiguado la pugna que muchas administraciones locales y regionales habían iniciado a lo largo de 2019 para frenar la proliferación de las casas de apuestas en sus territorios, un fenómeno que había incrementado el riesgo de enganchar al juego a personas cada vez más jóvenes. En estos últimos meses, las moratorias a la apertura de nuevos locales se han solapado con el cierre obligado por el primer confinamiento y las restricciones de las sucesivas olas. La vuelta a la normalidad ha resucitado la necesidad de regular y ordenar la ubicación de los salones de juego en las ciudades, en un camino que no siempre corre parejo entre los gobiernos autónomos y los ayuntamientos, provocando en ocasiones un choque de competencias e intereses.
No hay todavía estudios relevantes sobre los efectos de la pandemia en la adicción al juego, aunque las asociaciones de exjugadores sí reconocen un aumento de las consultas. “Durante el confinamiento ha subido el número de personas que no estaba en el juego atraído por el juego on line, no sabemos qué tanto por ciento caerá en la adicción, pero tras la desescalada y con la reapertura de las salas físicas hay una vorágine en todos los sectores”, advierte Juan Lamas, director técnico de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (Fejar).
La encuesta EDADES 2019-2020 que elabora el Plan Nacional Sobre Drogas —cuyo trabajo de campo finalizó el 13 de marzo, en vísperas del estado de alarma—, constata un incremento de las apuestas on line (6,7% frente al 3,5% en 2017-2018) y presenciales (63,6% frente al 59,5%), en personas de entre 15 y 65 años. “El hecho de que las casas de apuestas vuelvan a estar operativas en las situaciones ansiógenas y estresantes que está provocando la pandemia, con pérdida de empleos e incertidumbre generalizada, puede inducir a desarrollar la actividad del juego como una válvula de escape”, explica José Manuel Recouso, psicólogo de Asociación Gallega de Ludópatas Rehabilitados (Agalure).
De los peligros de los locales de juego presenciales sabe mucho Alejandro Torre, el portavoz de la Plataforma contra las Casas de Apuestas de Málaga. Tiene 24 años y completó su rehabilitación con 21. “Comencé a jugar siendo menor y entrando en los salones de juego”, explica. Torre recalca que a las terapias llegan cada vez más jóvenes de 18 años.
Conflicto de competencias
La regulación del juego presencial es competencia de las comunidades autónomas. Algunas, como Valencia, Murcia o Madrid, actualizaron su legislación para adaptarla al nuevo fenómeno de las casas de apuestas, prevenir la ludopatía en los jóvenes y atender a una demanda social cada vez más creciente de ponerles coto. Otras, como Galicia, Navarra o País Vasco, iniciaron las reformas justo antes o en mitad de la pandemia y establecieron moratorias mientras se tramitaba la nueva normativa.
Varios municipios han optado por acelerar el proceso y regular por su cuenta a través de modificaciones en su PGOU —el mismo procedimiento que cuestiona la Junta de Andalucía― como Zaragoza (PP), que después de una moratoria comenzó a tramitar en enero los cambios para establecer distancias de 300 metros; Burgos (PSOE), que en febrero prohibió instalar casas de apuestas en zonas residenciales; o Pamplona (Navarra Suma), donde se impondrán distancias de 400 metros. Estos consistorios han seguido la estela del de Barcelona, pionero en regular en el ámbito local, en 2019. En todos estos casos las iniciativas han contado con la unanimidad de los grupos políticos y no ha habido injerencias por parte de los Gobiernos autónomos.
El Ejecutivo andaluz ha adoptado una posición muy beligerante respecto de los municipios que en aras de la prevención de la salud pública han regulado distancias ante la ausencia de normativa regional específica. “Nuestros escritos tienen un carácter preventivo. El tema de la salud es importante, pero los límites en la ubicación deben ser proporcionados, porque de lo contrario se iría en contra de la libertad de empresa”, sostiene Manuel Vázquez, director general de Tributos y Juego de la Junta.
Vázquez defiende que en Andalucía hay margen para la instalación de estas empresas y que “no parece lógico que si un operador quiere establecerse se encuentre con normativas distintas en cada municipio”, una argumentación que coincide con la del director general de la patronal del juego (Cejuego), Alejandro Landaluce. “Estamos atónitos ante esta avalancha de normativas y las recurrimos porque va en contra de la Ley, son las comunidades las que deben regularlo. Con algunas limitaciones hay municipios donde no se podría abrir locales”, defiende.
Ambos coinciden en que una casa de apuestas es más segura en cuanto al acceso al juego que la modalidad on line. “En los salones hay controles para evitar la entrada de menores, algo que es más dudoso en las apuestas por internet”, defiende Landaluce. “La gente que juega en salones siendo menor de edad entra por la puerta”, advierte, sin embargo, Torre. “Cuando se limita la opción del juego, baja la actividad”, puntualiza Recouso. “Cualquier medida que se adopte sobre la concesión de licencias es favorable de cara a prevenir la ludopatía, el servicio está cubierto”, abunda.
Moratorias en casi toda España
Más allá de la pugna competencial, es un hecho que en la mayor parte de España resulta complicado instalar nuevas casas de apuestas. Allí donde no se han regulado ya las distancias, están activas moratorias mientras se pone fin a la tramitación. Es el caso de Baleares, de Madrid —que ya ha regulado, pero que va a afinar las medidas sobre todo en materia sancionadora—, País Vasco, Galicia o Asturias, dos comunidades donde sus anteproyectos limitan las licencias a las ya activas. Murcia, la región con mayor densidad de casas de apuestas por habitante, se plantea, sin embargo, levantar la moratoria.
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