Por Gustavo Sánchez B.
La Cámara de Diputados aprobó ayer, en lo general y en lo particular, el dictamen que expide la Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, el cual se remitió al Senado de la República para su respectiva discusión y aprobación.
No obstante, en la votación en lo particular, se aprobó por 309 votos a favor, 146 en contra y 3 abstenciones, pues principalmente el PRI y el PAN tenían propuestas en esta materia que no fueron aprobadas.
En el artículo 81 se precisa que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y el Congreso de la Ciudad de México incluirán, en su caso, en los presupuestos que aprueben las partidas necesarias para el ejercicio del derecho a la consulta en cumplimiento a la ley.
También, la adición de un Artículo Sexto Transitorio, para señalar que las obligaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del decreto no darán lugar a un incremento del presupuesto autorizado de los ejecutores del gasto responsable para el presente ejercicio fiscal.
Al respecto, el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, señaló que “sin duda es un paso histórico en muchos sentidos, pues teníamos lamentablemente un vacío normativo en la materia y después de 30 años de que el Senado aprobó el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas en países independientes, y en 1991 que fue ratificado ese convenio por el Estado mexicano, hoy 30 años después tenemos esta nueva ley que sin duda será un instrumento para nuestros pueblos y comunidades puedan defender sus derechos y sobre todo que su voz sea escuchada en las decisiones, en las medidas administrativas y legislativas, susceptibles de afectarles”.
La legislación, como toda ley, no tiene efecto retroactivo, apuntó, pero “será la base para que en las diversas medidas administrativas o en su caso legislativas puedan sus planteamientos y sus demandas ser tomadas en cuenta, creo que ese es el espíritu fundamental de esta norma, que particularmente en aquellos casos donde pueda haber una afectación a sus tierras, a sus territorios, a sus recursos y bienes naturales, que se les consulte para que puedan expresar o no su consentimiento con relación a las medidas propuestas”.
“Esta consulta, que tendrá que ir al Senado para que sea revisada y aprobada, define por lo menos 5 grandes etapas para la realización de cualquier proceso de consulta:
1- De acuerdos previos;
2- Etapa informativa;
3- Etapa deliberativa;
4- Consulta;
5- Seguimiento y verificación”.
El rechazo en lo particular, apuntó el director del INPI, fue porque querían que estas comunidades fueran reconocidas como “sujetos de interés público”, pero lo que quedó es que son “sujetos de derecho público”, pues “estamos considerando a los pueblos y comunidades como sujetos capaces de decidir su propio destino”.
“Hay un conjunto de propuestas del sector empresarial que traen el diálogo e interlocución con el PRI y el PAN, yo lo que quiero decirles a los empresarios es que estén tranquilos, esta ley no afecta a nadie”, atajó.
Ve la entrevista para Aristegui Noticias:
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