El maestro rural y ex líder sindical que llegó a la presidencia de Perú hace un año, Pedro Castillo, y los representantes de los poderes del Estado han empezado este jueves con una amonestación verbal del arzobispo de Lima. Monseñor Carlos Castillo lamentó durante la misa que dio comienzo a los actos de la jornada la inestabilidad que vive el país andino por culpa de la clase política. “Hoy, enorme crisis política con fondo viral de corrupción y encubrimiento al servicio de intereses particulares. Indiferencia, individualismos, intereses de grupo, mafias”, lanzó desde la Catedral de la capital peruana frente a congresistas de varias bancadas.
Sin embargo, la alusión directa a la descomposición que sufre el país no se mantuvo después en el Congreso, cuando el jefe de Estado presentó el balance de su primer año al frente del Gobierno. Su lista de logros ocultó los indicios de delitos cometidos por exfuncionarios y sus familiares, y la autocrítica fue casi nula. ”Debo admitir que hemos cometido errores con algunas designaciones, así como brindar confianza a quienes se aprovecharon y burlaron de ella. Nada más opuesto y distante a mis valores son los actos de corrupción e inconductas, tal como se ha registrado en la historia cuando desfalcaron el erario y los bienes públicos”, afirmó el mandatario al inicio de su primer mensaje a la nación por las fiestas patrias.
Esos dos mismos errores ya los había mencionado en enero en la primera entrevista extensa que concedió a un semanario de Lima, cuando la Fiscalía solo lo investigaba por colusión y tráfico de influencias en los ascensos militares. Ocurrió dos meses después de que fiscales encontraran 20.000 dólares en efectivo en la oficina del entonces secretario general de la Presidencia, Bruno Pacheco. El exfuncionario pasó a la clandestinidad y estuvo más de tres meses prófugo hasta el sábado pasado, cuando se entregó al equipo de fiscales y policías que investiga la corrupción de Castillo y su círculo más cercano.
Según los primeros interrogatorios a Pacheco, el dinero era parte de los sobornos que cobraron a policías a cambio de los ascensos. El jefe de Estado afronta otras tres pesquisas: por su supuesta intervención para que la estatal Petro Perú eligiera a una empresa en una compra de bioediésel por 74 millones de dólares, y por organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada en la licitación de una obra pública millonaria en la Amazonia: el caso denominado Puente Tarata.
En esa carpeta fiscal están incluidos, entre otros, dos sobrinos de Castillo y el exministro de Transportes, Juan Silva. Uno de los sobrinos sigue prófugo y el abogado de Silva anunció esta semana que su cliente se entregará en los próximos días. Además, la nueva fiscal general, Patricia Benavides, abrió la cuarta investigación por encubrimiento, debido a que el ex ministro del Interior Mariano Gonzales fue depuesto del cargo a raíz de haber creado un equipo especial de policías de inteligencia para investigar al presidente y su círculo.
Según una encuesta de Ipsos Perú de julio, el 74% de los peruanos desaprueba el gobierno de Castillo y el 79% desaprueba al Congreso, que ha buscado destituir dos veces al presidente mediante la figura de la “vacancia por permanente incapacidad moral”, que requiere de 87 votos y una causal difusa, pues no existe una definición precisa de la incapacidad moral. La confrontación que ha buscado la oposición parlamentaria en el legislativo desde el primer día que asumió Castillo y la continua aprobación de normas contra los derechos sociales y a favor de intereses privados ligados a la corrupción han generado el rechazo ciudadano a ambos poderes del Estado.
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Un 64% -según el mismo sondeo- que desaprueba la gestión del Congreso cree que solo están pendientes de “sus intereses personales” y hay corruptos. Además, un 65% está de acuerdo con el adelanto de elecciones generales. El arzobispo de Lima mencionó durante la misa un momento crítico de la historia peruana, cuando en 1822 el libertador José de San Martín vio que estaba en riesgo la independencia del Perú y se prolongaba una guerra. Entonces, “en un gesto de desprendimiento” buscó a Simón Bolívar para dialogar, se fue de Perú y dejó a Bolívar y un Congreso Constituyente.
La alusión a dicho episodio tenía el eco de las 120 instituciones que este miércoles se unieron en una coalición para pedir nuevos comicios y una salida democrática y constitucional a la crisis institucional. Después del mensaje presidencial, el analista político Paulo Vilca comentó que “lo más resaltante es que ni Castillo ni el Congreso se dan cuenta del rechazo que generan entre la mayoría. El discurso y la actuación de los congresistas durante la sesión es el mejor ejemplo”. El politólogo se refería a los parlamentarios que se pusieron de espaldas al mandatario mientras este leía su balance y otros que prefirieron dejar el hemiciclo luego de sentirse ofendidos por algunas frases del ex líder del magisterio.
Castillo afirmó que empezó su gestión “rodeado de negativos presagios infundados”. “Comenzaron el mismo día de nuestra victoria electoral y, es necesario precisarlo, provenía de los sectores más conservadores que nunca quisieron el cambio ni la justicia social”. Sus opositores hicieron campaña tildándolo de chavista y comunista y hasta ahora los que piden la vacancia del presidente señalan que quieren librar al país del “comunismo”. El jefe de Estado expresó luego que pese al disgusto de “quienes se creen dueños del país” su Gobierno sigue avanzando.
”Ni siquiera llegó a ser un discurso confrontacional con sus opositores, Castillo es tan débil que no pudo siquiera culminar su intervención”, añadió Vilca. Cuando el presidente terminaba su mensaje a la nación invocando a la unión y pedía al Congreso dar trámite a los proyectos de ley que el Ejecutivo ha presentado, los parlamentarios de oposición gritaron: “¡Corrupto, renuncia, fuera!”. Sobre las investigaciones que enfrenta, dijo que se somete a la justicia, “pero no a la justicia mediática”. Y agregó: “Los medios empeñados en desestabilizar al gobierno solo emiten mentiras y noticias falsas de Pedro Castillo, acusado de corrupción sin ninguna prueba, se van a cansar de buscar las pruebas porque no las van a encontrar”. El ex profesor rural mantiene una tensa relación con la mayor parte de la prensa de Lima desde la campaña electoral de segunda vuelta en 2021.
Los avances
Castillo destacó en primera instancia que durante su gestión la economía ha mantenido avances significativos pese a la inflación que afecta a los “países emergentes”. ”Muy pocos lo saben pero en lo que va de este 2022 hemos crecido en 3,5% a pesar de la pandemia, y estamos por encima del promedio de la región. Igualmente, también superamos la proyección del 2,5% del crecimiento económico para este año. Eso no se comunica”, se quejó. También destacó que los puestos de trabajo formales en el sector privado están en aumento, y mayo registró un crecimiento de 8,9% interanual en ese indicador. Asimismo, presentó como un logro el cobro de 5.400 millones de soles (1.376 millones de dólares) de deudas tributarias de grandes empresas, que los Gobiernos anteriores no cobraron. La economía peruana cayó 11% en 2020 debido a la pandemia y el porcentaje de personas en pobreza aumentó 10%, llegando a abarcar el 30% de la población.
El presidente dijo también este jueves que un padrón estatal registra 3.530 ollas comunes y 217.000 personas que se alimentan de ellas, para las que este año el Ministerio de Economía ha destinado 25 millones de dólares de presupuesto. Sin embargo, dicho monto sirve solo para entregar víveres eventualmente a algunas de esas ollas, y otras nunca han recibido insumos del Estado y dependen de las donaciones de los puestos de los mercados o de la caridad de los ciudadanos. Por ejemplo, en el distrito de Carabayllo, en Lima Norte, la olla común Mujeres Unidas organiza este sábado una actividad de recaudación de fondos debido a que hace varias semanas el almuerzo consiste solo en legumbres y arroz, sin proteínas, al igual que en 2020, en el peor momento de la crisis económica.
Este año, debido a las protestas contra el alza de precios de los combustibles y los alimentos, el Gobierno aprobó un subsidio adicional por única vez a los beneficiarios de los programas sociales. que llegó a 1,3 millones de personas; Castillo añadió que en los próximos meses el Estado pagará un “bono de apoyo alimentario” a seis millones de personas.
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