Las familias de los 43 estudiantes de la escuela normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, fueron seleccionadas como objetivo de espionaje, por parte de los clientes mexicanos de la empresa de cibervigilancia israelí NSO Group, creadora del ‘malware’ Pegsus.
Así lo revela este domingo una nueva investigación de la organización francesa Forbidden Stories, con la colaboración de 80 periodistas pertenecientes a 17 medios -entre ellos Aristegui Noticias– de 10 países y el apoyo técnico del Security Lab de Amnistía Internacional.
Si bien Citizen Lab había documentado cómo defensores de derechos humanos e investigadores implicados en el caso, fueron objetivo de los clientes mexicanos de la empresa Hacking Team, distribuidora de Pegasus, ahora se sabe de manera fehaciente que las familias de los normalistas también estuvieron en la mira.
Fue tras el ‘carpetazo’ que el gobierno de Enrique Peña Nieto le dio al caso en 2015, con la instauración de la llamada ‘verdad histórica’ que limitaba la responsabilidad de la desaparición de los estudiantes al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, a su esposa, María de los Ángeles Pineda y al cártel Guerreros Unidos. Ello, sin tomar en consideración las evidencias que apuntaban al involucramiento de las fuerzas estatales, federales y el Ejército en los hechos, ya sea por acciones directas u omisiones deliberadas.
La versión del entonces procurador Jesús Murillo Karam, era que el cártel había incinerado a los estudiantes en el basurero de Cocula, lo que se demostró falso, de acuerdo con las investigaciones que demostraron la manipulación de las diligencias y la obtención de confesiones bajo tortura.
Con la información aportada por Pegasus Project, como se denomina esta investigación periodística de alcance internacional, se puede afirmar que tres familiares de los normalistas estuvieron dentro de la lista de objetivos mexicanos de uno de los clientes de NSO Group, compañía que solo vende su software a gobiernos.
Se trata de Melitón Ortega, tío del estudiante Mauricio Valerio; Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio, y Felipe de la Cruz, padre de uno de los sobrevivientes de la masacre, y vocero de los padres hasta finales de enero de 2021, cuando se registró por una diputación plurinominal por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
De izquierda a derecha: Cristina Bautista Salvador, Melitón Ortega, Mario González Contreras, Felipe de la Cruz y Manuel Olivares Hernández. Foto: José Hernández/Cuartoscuro.
En el caso de Melitón Ortega, que desde principios de febrero hasta finales de mayo de 2017 fue sometido a varios intentos de intromisión por parte del ‘malware’ Pegasus, sospechaba que era espiado por las autoridades mexicanas.
De acuerdo con el reporte del periodista Mathieu Tourliere en la revista Proceso, “escuchaba ruidos extraños y voces mientras estaba en llamadas telefónicas, y asumía que el gobierno lo espiaba”.
“Son absolutamente capaces de esto; yo soy un organizador, mi papel es comunicarme con diversas organizaciones e instituciones estatales y federales; entonces me hace sentido que me hayan atacado”, mencionó en una entrevista que forma parte de los testimonios recopilados por Pegasus Project.
A Cristina Bautista, una de las madres más activas en el movimiento de búsqueda de los estudiantes desaparecidos, se le enviaron mensajes infecciosos en marzo de 2017. Sucedió en las semanas previas a la visita a México de los integrantes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), en la que denunciaron que a esa fecha aún no había sido procesada ninguna persona por desaparición forzada en el contexto de la investigación y no se había presentado ninguna nueva acusación al respecto.
Bautista, quien estuvo presente en la sesión de la CIDH, dijo entonces que existía una intención del gobierno federal por encubrir la participación del Ejército y que el 19 de enero de 2015 la entonces Procuraduría General de la República (PGR) intentó cerrar el caso con la versión del basurero de Cocula. “Y con pruebas científicas les dijimos que nuestros hijos no fueron calcinados en el basurero. Se derrumbó su verdad histórica”, comentó, según el periódico El Sur.
De acuerdo con las revelaciones del Pegasus Project, en las que participa el Proyecto de Reportería sobre Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP), a Felipe de la Cruz se le ubicó como objetivo entre marzo y mayo de 2017, con varios intentos infecciosos documentados.
En la imagen, el abogado Vidulfo Rosales. Foto: Paulina Negrete/Cuartoscuro.
En 2017, Citizen Lab de la Universidad de Toronto, reveló que miembros del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” -también conocido como Centro Prodh- fueron espiados con el software Pegasus a partir de su participación en las indagatorias de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Mario Patrón, Stephanie Brewer y Santiago Aguirre recibieron mensajes en sus dispositivos con el fin de infectarlos. También los recibieron miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como periodistas, políticos y miembros de organizaciones civiles.
Ahora, Pegasus Project confirma que Vidulfo Rosales, abogado de los normalistas y miembro del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, también fue objeto de intentos de intromisiones desde enero de 2017.
De la misma manera que el antropólogo Abel Barrera, fundador del centro, recibió extraños mensajes en su teléfono desde que se involucró en el caso. “Hemos sido monitoreados, amenazados y nuestros teléfonos han sido interceptados desde 1996, cuando defendimos a un profesor torturado por las fuerzas armadas, que decían que era un guerrillero”, mencionó en una entrevista concedida a Pegasus Project, recuperada por Proceso.
La vigilancia sobre Rosales tiene un antecedente en 2016, momento en que algunas de sus conversaciones telefónicas fueron filtradas a la prensa con el objeto de sembrar la división en el movimiento. Llama la atención que los intentos de intervención al abogado mediante Pegasus en 2017, se realizaron en los mismos horarios y fechas que los intentos contra Cristina Bautista, lo que configura un escenario de seguimiento del movimiento de los padres y sus defensores.
Foto: Cuartoscuro
Además, el Pegasus Project pudo verificar de forma independiente que un investigador del GIEI también estuvo en la lista de objetivos del programa de cibervigilancia. Este grupo evidenció desde 2015 las contradicciones e irregularidades en la investigación hecha por el gobierno de Peña Nieto. CitizenLab había revelado intentos de intromisión en marzo de ese año; la investigación publicada este domingo documentó otro intento en junio, que no parece haber funcionado, al no ser un teléfono inteligente o ‘smartphone’, detalla Forbidden Stories.
Incluso apareció el exguerrillero y activista David Cabañas Barrientos, hermano de Lucio Cabañas -quizá el alumno más destacado de la escuela normal de Ayotzinapa-, quien fue asesinado por el Ejército en 1974.
De la misma forma, el exprocurador de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, está en la base de datos con cinco selecciones como objetivo entre el 11 de abril y el 18 de mayo de 2017. También el que fuera primer fiscal del estado, Miguel Ángel Godínez Muñoz, así como el que fuera fiscal federal encargado del caso, Alfredo Higuera Bernal.
La nueva investigación muestra que, para tratar de tomarle el pulso a las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, no se escatimaron esfuerzos ni se hicieron distinciones entre objetivos.
De acuerdo con Proceso, el gobierno mexicano intentó espiar en junio de 2016 a Emilio Álvarez Icaza, quien había dejado la secretaría ejecutiva de la CIDH y fundado en el país el movimiento político Ahora. También detalla que en abril de 2017 buscó intervenir los teléfonos celulares de Israel Núñez Delgadillo y Eduardo Navarro Padilla, líderes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y del Frente Popular Francisco Villa México Siglo XXI, organizaciones que han apoyado la lucha de los padres de Ayotzinapa.
¿Quién fue el cliente de NSO Group interesado en seguir a detalle a familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, a sus defensores y hasta las autoridades que investigaban el caso? En 2016 se publicó un contrato entre la entonces PGR y la empresa Tech Bull por 32 millones de dólares para usarlo contra 500 objetivos.
Un año después, Aristegui Noticias reveló que la PGR, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y el Ejército mexicano pagaron 489 millones de pesos a una sola empresa para actualizar el sistema Pegasus y escalar sus capacidades de espionaje.
Los comprobantes fiscales en poder de este medio confirmaron que además de la Procuraduría, el Cisen y la Sedena también tuvieron acceso a la plataforma de espionaje, utilizada en todo el mundo para atacar a periodistas, activistas anticorrupción y defensores de derechos humanos.
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