Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó la venta de las inversiones en bonos por parte del Fondo Global de Pensiones del Gobierno de Noruega, luego de que la agencia Reuters reportara el hecho, por presuntos actos de corrupción cometidos por la petrolera estatal entre 2004 y 2023.
En una nota aclaratoria, Pemex señaló que la venta de las últimas inversiones del fondo noruego -equivalentes a menos del 7% de su inversión máxima-, concluyó el domingo, pero forma parte de un proceso iniciado en 2014 “por distintos motivos, entre ellos, supuestos actos de corrupción dentro de la empresa en aquella administración”.
Así, la empresa aludió a la gestión de Emilio Lozoya Austin, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Detalló que el fondo “había reducido su exposición a Pemex desde hace varios años por el deterioro en la calificación crediticia y temas relacionados con nuevos criterios de la agenda Ambiental, Social y de Gobernanza (ASG)”.
En ese sentido, señaló que en 2014 el fondo tenía alrededor de 600 millones de dólares (mdd) de exposición a Pemex y, para finales de 2024, el monto era de 40 millones de dólares.
La inversión noruega en Pemex data de 2003 y a lo largo de los años y su gasto varió de manera significativa, “llegando a cero entre 2007 y 2010”.
Pemex precisó que en los últimos cinco años, incluso antes de la valoración realizada por la entidad noruega, el monto de la inversión era menor a 150 millones de dólares.
Además, dijo que el Consejo del fondo noruego reconoció que Pemex tiene un sistema anticorrupción “con elementos requeridos por las directrices internacionales, que incluye evaluaciones de riesgos, un servicio de denuncias anónimo auditado regularmente, evaluaciones de debida diligencia a terceros y cooperación con autoridades nacionales e internacionales en investigaciones de corrupción”.
Sin embargo, el fondo consideró que no tenía suficiente información, en específico sobre actos de corrupción del año 2017, señalados en medios de comunicación. En ese año fueron directores generales José Antonio González Anaya y Carlos Treviño.
Pemex defendió que atendió las solicitudes de información del fondo, pero a pesar de ello su Consejo de ética mantuvo la recomendación de retirar las inversiones.
“Actualmente, Pemex tiene, junto con las secretarías de Energía, y de Hacienda y Crédito Público, una estrategia financiera integral para avanzar en la posición financiera de la empresa, apoyar a las líneas de negocio en la ejecución de los proyectos que le permitirán alcanzar sus metas operativas y posicionarla como un socio comercial confiable”, enfatizó la petrolera en su comunicado.
El fondo soberano de Noruega, el mayor del mundo por volumen de activos, informó de la decisión de su Consejo de Ética el domingo en un comunicado, en el que indicó que “las investigaciones han revelado que Pemex podría estar vinculada a múltiples acusaciones o sospechas de corrupción”.
Mencionó que un número significativo de empleados, incluido un exalto directivo, están señalados por haber recibido sobornos en varias ocasiones distintas.
Emilio Lozoya Austin fue acusado de recibir en 2012 un supuesto soborno de 3 millones 400 mil dólares por parte del empresario Alonso Ancira Elizondo, entonces propietario de Altos Hornos de México (AHMSA), para que cuando esté fuera director de Pemex le comprara a sobreprecio la planta de Agronitrogenados. Así ocurrió en 2014 y la paraestatal pagó 275 millones de dólares por una planta que valía 58, según los avalúos.
Emilio Lozoya se encuentra en libertad condicional desde febrero de 2024, cuando un tribunal federal lo amparó y revocó la prisión preventiva justificada que se le había impuesto en el caso Odebrecht y permitir que lleve su proceso en libertad procesal o condicionada al cumplimiento de otras medidas cautelares.
Lozoya debe portar brazalete electrónico, firmar cada 15 días ante autoridades judiciales y no puede salir de la Ciudad de México mientras dure el proceso penal en su contra.
En abril de 2024, los magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado en materia Penal de la Ciudad de México concedieron una suspensión provisional a Lozoya Austin que le permitiría negociar un acuerdo reparatorio en el caso Agronitrogenados.
La resolución modificó la suspensión concedida a Lozoya por un Tribunal de Apelaciones para evitar la reapertura del proceso penal en su contra en este caso. El juez, por lo tanto, no podrá dar por terminado el proceso o determinar la posible responsabilidad de Lozoya mientras el Tribunal no resuelva en definitiva el amparo.
Las negociaciones del acuerdo reparatorio se rompieron luego de que Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) estipularon un monto de 30 millones de dólares, casi tres veces más que los 10.7 millones de dólares que estaba a dispuesto a pagar el exfuncionario.
En agosto de 2023, un juez federal suspendió el proceso penal por lavado de dinero en su contra, tras considerar que la reparación del daño ya había sido garantizada por Alonso Ancira, el otro imputado en la causa.
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