Por Gerardo Sánchez Guadarrama
Los vacíos legales de protección y reconocimiento para la comunidad LGBT+ en Bandos y Reglamentos de Policía Municipal, así como el prejuicio cultural permiten a policías locales asumir la diversidad sexual como una falta administrativa, que no sólo juzgan, sino que castigan de manera arbitraria, generando un escenario preocupante de impunidad y violación de los derechos humanos.
Criminalizar la diversidad
“Bésense entre ustedes para que las soltemos” es la frase que policías municipales le dijeron a Andrea y arcela, su novia, mientras estaban en la patrulla y después de haber sido privadas de su libertad durante 10 minutos en el vehículo oficial recorriendo calles de Querétaro sin un destino fijo. El miedo y la impotencia obligaron a la pareja de jóvenes aceptar la propuesta de los uniformados. Y sólo entonces fueron liberadas.
Eran las 9:00 de la mañana. Andrea se había citado con Marcela en el Parque Alameda Norte. Platicaron, fumaron. Se abrazaban de vez en vez y cada tanto le robaba un beso la una a la otra. De pronto, arribaron policías municipales (dos hombres y una mujer) al lugar donde ellas estaban y sin darles mayor explicación revisaron sus mochilas y bolsas de los pantalones. Les preguntaron sobre su ocupación y domicilio, pero lo que llamó la atención de las muchachas fue la insistencia con la que cuestionaban el tipo de relación afectiva que había entre ellas: “¿Son amigas o algo más?”.
Sin encontrar evidencia de algún tipo de ilícito durante la revisión, decidieron subirlas a la patrulla para ir a dar “un paseo”.
La también diseñadora gráfica sospecha que fueron los vecinos quienes llamaron a la policía, pues desde su llegada al parque sintió el acoso de quienes se asomaban por las ventanas de su casa para observarlas; además, reconoció que este tipo de persecuciones por parte de policías hacia parejas del mismo sexo que manifiestan su afecto en público lo atribuye a que en Querétaro habita una sociedad muy conservadora.
Andrea no se negó a compartir su experiencia de criminalización policial por motivo de su preferencia sexual ante el temor de represalias por parte de grupos de derecha locales o de la misma autoridad, tal como sí ocurrió con otras víctimas consultadas para este reportaje y que argumentaron su negativa de participar, pues no deseaban ser identificadas por sus cohabitantes, ya que en el ámbito municipal las personas se reconocen entre sí con mayor facilidad debido a una densidad poblacional menor a la que ocurre en las grandes ciudades.
Desde el 2008, la plataforma en línea Visible.lgbt ha registrado denuncias de hechos sobre violencia y discriminación cometidos en contra de la población Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual, LGBTTTI; y casi el 15 por ciento de estos incidentes de agresiones los realizaron servidores públicos en diferentes municipios de todo el país.
Y es que la falta de un marco normativo de protección y reconocimiento para población diversa a nivel municipal -que fueron creados con base en “posturas conservadoras y casi coloniales”-, una capacitación deficiente de las fuerzas de seguridad locales, así como la LGBTfobia arraigada y sistémica son el conjunto de elementos por los cuales la mayoría de las policías municipales asumen la preferencia sexual, la identidad de género, así como a la expresión de género -diferentes a la heteronorma-, como una falta administrativa, la cual juzgan y castigan de manera arbitraria e impune, destacó el abogado Jonathan López de la Rosa.
“Hemos observado que en Baja California los policías municipales te pueden inventar faltas administrativas, como ‘escandalizar en la vía pública’, por ser LGBT+ y usan ese pretexto para extorsionar, principalmente a las mujeres trans, con la amenaza de llevarlas a las estancias municipales de infractores o los separos de las comandancias”, explicó el también defensor de derechos humanos.
No existen cifras para dimensionar este tipo de violaciones a los derechos humanos debido a que las víctimas no denuncian por miedo al estigma, a la represalia y a la discriminación no sólo de la autoridad, sino también de la propia familia y del entorno social, destacó López de la Rosa.
Incluso, explicó, los y las jóvenes de la diversidad en Tijuana han tenido que organizarse para salir en grupo después de haber asistido a algún bar, club o actividad de diversión nocturna por el temor de la persecución policial que normalmente se traduce en acoso, violencia verbal, agresiones físicas, siembra de droga, entre otras.
“Las redes sociales pueden funcionar como foros de denuncia para evidenciar a las policías, como pasó en Quintana Roo con las dos parejas gay que fueron detenidas por darse un beso en la calle, pero estos casos son sólo la punta del iceberg y debería ser motivo de preocupación por aquellos que se desconocen, pues son un foco rojo y la impunidad en todo el país podría ser altísima”, advirtió López de la Rosa.
En la región del Bajío, la persecución presenta un matiz diferente y así lo narra la activista de la agrupación Colectiva Luna Celaya, Vany Vargas, quien reconoce que en el contexto migrante la población diversa, durante su paso por el territorio mexicano hacia la frontera norte, llega a experimentar violaciones a sus derechos por parte de elementos policiales municipales, siendo las agresiones sexuales y el robo de sus pertenencias las más comunes.
La promotora de derechos humanos explicó que esta situación victimiza doblemente a este nicho social, pues adicional de experimentar las penurias propias del éxodo hacia el sueño americano, también deben enfrentar las agresiones y el acoso de los vigilantes del orden. Denunciar, imposible: su estatus de ilegal los priva del respaldo de la ley.
Les expertes del Estado de México, Guanajuato y Baja California consultados coincidieron en que de manera general el actuar de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos llega a ser deficiente o nulo, quedando el trabajo de acompañamiento para las víctimas o el seguimiento de las denuncias en manos de las organizaciones civiles a nivel local, nacional e internacional.
Veracruz y Guanajuato en el limbo legal de la protección
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 21 y 115, otorga facultades a los municipios para que éstos aprueben Bandos o Reglamentos de Policía a fin de salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.
López de la Rosa explicó que los también llamados Bandos de Policía y Buen Gobierno representan el primer contacto entre la ciudadanía y la autoridad policial, por lo tanto tendrían que revisarse y actualizarse de manera constante.
“Deben ser un instrumento armonizado para darle mayor cobertura a la protección de derechos humanos”, dijo el abogado.
Para efectos de conocer la literatura legal a nivel municipal respecto a cómo asumen la inclusión de población LGBT+, se revisó -a manera de muestra- el reglamento de 110 de los 2 mil 469 municipios que existen en México según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Asimismo, los ordenamientos legales consultados para este análisis pertenecen a municipios que se encuentran tanto en Veracruz, la entidad con más asesinatos por LGBT+fobia en México, según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio en 2021; así como de Guanajuato, que no incluye en su código penal estatal referencias de protección a la comunidad diversa. Además, ambos estados forman parte del rankig de las 10 demarcaciones más homofóbicas en el país (Encuesta Nacional sobre Discriminación, ENADIS, 2017).
En este sentido, del universo de 110 bandos verificados, se encontró que sólo 20 protegen y reconocen a la población en tanto su Orientación o Preferencia Sexual y únicamente cuatro municipios lo hacen por lo que respecta a la Identidad de Género de sus habitantes; de tal forma, son 81 municipios, es decir, el 73.6 por ciento restante no consideran a la población LGBT+ en su radar legal.
Para el experto en leyes López de la Rosa, este fenómeno de invisibilización es deplorable y lamentable, especialmente para las mujeres trans, quienes son un sector considerablemente vulnerable respecto al proceder de la policía municipal hacia ellas. Y es que adicional a la violencia que experimentan, también deben atenderse derechos de reconocimiento de manera urgente en el aparto legal, no sólo municipal sino de todo el país, como por ejemplo el respeto a la identidad que ellos y ellas eligen.
Este diagnóstico también encontró que el 89 por ciento de los Bandos, es decir 98 de los 110 textos, instruyen a la policía a que vigilen el cumplimiento de las normas del respeto a la moral y/o las buenas costumbres y/o de los valores tradicionales de la familia; a lo cual, el abogado alertó que con este tipo de disposiciones existe la posibilidad de una criminalización intrínseca en el actuar de los policías municipales, porque la interpretación de estas disposiciones se aplica desde una perspectiva subjetiva de quienes observan el orden público.
El activista explicó que estas disposiciones llegan a ser tendenciosas o ambiguas, como por ejemplo la fracción décima del artículo 101 del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Coahuitlán, Veracruz, que sanciona asumir en la vía pública actitudes que atenten contra el orden público y que sean consideradas por la mayoría de la población como obscenas; o también como el artículo 46 del reglamento de la localidad de San Juan Evangelista que señala como faltas e infracciones aquellas acciones u omisiones que atentan negativamente contra la integridad moral del individuo y la familia.
Por otro lado, 7 de 110 municipios consultados no cuentan con Bando o Reglamento de Policía, y aunque son los menos, el defensor de derechos humanos alertó que debe haber una regulación que vigile la protección a los derechos humanos en todos los municipios, ya que no sólo se pone en riego la protección de garantías a la población LGBT+ por parte de policías, ciudadanos y/o servidores públicos, sino también la de población altamente vulnerables como es el caso de las mujeres.
Sin un marco legal inclusivo a nivel municipal otro tipo de violencia contra la comunidad LGBT+ podría empeorar también, tal es el caso de la discriminación laboral, acceso a la salud o el crimen de odio, su persecución y castigo. Además, aunque la mayoría de los Bandos dicen sujetarse a lo establecido en la Constitución Federal, Local, Tratados Internacionales así como a las leyes federales y estatales aplicables, los reglamentos municipales deben considerar a la diversidad en su literatura, pues como señala la locución latina jurídica Permittiur quod non prohibetury (se presume permitido lo que no está prohibido), explicó López de la Rosa.
En riesgo municipios mayormente rurales
Hasta hace no más de dos años, tomarse de la mano o darse un beso en alguna plaza o parque de Metepec, Estado de México, habría sido motivo para que la fuerza policial local arremetiera en contra de parejas LGBTTTI. Jóvenes y mujeres trans eran las víctimas de esta criminalización siendo las “faltas a la moral” el argumento que la autoridad utilizaba para aprehenderlos. Esta persecución policiaca es muy probable que aún exista, sobre todo en municipios mayormente rurales, reconoce Ernesto Montes de Oca, activista y secretario de la agrupación Fuera del Clóset, A.C.
La forma en que operaban los policías para perseguir a población diversa consistía en que los elementos de seguridad pública abordaban a las víctimas durante los cambios de turno de la jornada de vigilancia, pues entre una ronda y otra había un espacio de tiempo “muerto”, y era ese el momento cuando realizaban el acoso, haciendo así invisible su actuación en sus propios registros para no ser identificados, recordó Montes de Oca.
“Generalmente, extorsionaban a las personas muy jóvenes con la amenaza de delatarlos con su familia, porque sabían que eran de clóset y en el caso de las mujeres trans hasta las acusaban de prostituirse cuando en realidad no se dedicaban a eso”, dijo Ernesto.
El defensor de derechos humanos comparó este asedio policiaco a las denominadas razias que existieron en la década de los años 70 del siglo pasado. Además, su agrupación recibió reportes de que también ocurrían en Toluca, Cuautitlán, Naucalpan, Ecatepec y Chalco; aunque recientemente no han recibido denuncias de este tipo en contra de la población LGBT+, no descarta que este fenómeno vuelva a ocurrir.
Al margen de que los Bandos de Policía del país, debería ordenar la capacitación tanto de policías como de servidores públicos de toda la administración municipal en torno al respeto a derechos de población LGBTTTI, de cambiar conceptos en la literatura legal que podrían ser criminalizantes como el de “faltas a la moral”, así como de crear unidades de atención a la diversidad; también es necesario hacer vinculantes las recomendaciones que emiten las Defensorías Municipales o las Comisiones de Derechos Humanos Locales y, sobre todo evitar, que los liderazgos de estas instituciones sean designadas por la autoridad ejecutiva de la demarcación, pues la mayoría de las veces representan el interés político y no el social, explicó el activista mexiquense.
Por su parte, el abogado Jonathan López de la Rosa sugirió que las policías municipales deberían portar videocámaras para asegurar transparencia en sus capturas y también hace un llamado para que el avance en leyes y acuerdos firmados a nivel nacional e internacional sobre protección y reconocimiento LGBT+ tenga resonancia en la política pública municipal.
En lo que respecta a las víctimas, el activista Ernesto Montes de Oca sugiere que podrían recurrir a las redes sociales para mediatizar la problemática y ejercer cierta presión en caso de estar frente a algún tipo de acoso por su condición diversa, aunque también es importante tratar de denunciar y tener la información necesaria para ello como el número de patrulla o nombre del oficial que pretenda criminalizarle.
Por lo que respecta a la iniciativa del Instituto Nacional Electoral (INE) que obliga a partidos políticos la inclusión de candidaturas LGBT+ y de cómo este hecho podría favorecer el cumplimiento de acciones afirmativas para la diversidad en el foro municipal, Montes de Oca argumentó que es hasta cierto punto un gran avance, pero no suficiente, pues es necesario incluso capacitar con perspectiva de derechos humanos a la misma población diversa que llega a asumir cargos públicos.
El defensor de derechos humanos destacó que otro reto para fortalecer la protección a la diversidad en el ámbito municipal con respecto a este tipo de designaciones de participación democrática del INE sería el de incrementarlas y auditarlas, ya que representan sólo el 1.42 por ciento de todas las propuestas a nivel nacional; además, este margen -ya de por sí reducido- puede mermar aún más, pues ha habido casos de políticos que mienten a la autoridad electoral respecto a su preferencia sexual o identidad de género con tal de cumplir el requisito del partido político.
Gerardo Sánchez Guadarrama, periodista
@gersguadarrama
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