El trato de los talibanes hacia las mujeres y niñas de Afganistán podría tratarse de un crimen contra la humanidad, de acuerdo a un informe de la ONU presentado en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
En agosto del 2021, el régimen talibán tomó Kabul, la capital del país, y se apoderó de la región, restringiendo y aplicando sanciones severas contra las mujeres, entre ellas la suspensión de la educación secundaria y universitaria, el uso obligatorio del hijab, que permanezcan obligatoriamente dentro de sus casas, y la exigencia de que no vistan ropa colorida.
En un informe de 2022, Richard Bennett, relator especial de la ONU en cuanto a derechos humanos en Afganistán, manifestó “su profunda preocupación ante la asombrosa regresión en el ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las mujeres y las niñas desde que los talibanes tomaron el poder”.
“En ningún otro país las mujeres y las niñas han desaparecido tan rápidamente de todas las esferas de la vida pública, ni se encuentran tan desfavorecidas en todos los aspectos de su vida”, se lee en el informe.
“Desde la llegada de los talibanes al poder, los medios de comunicación han informado de la muerte no natural de más de 280 mujeres y niños, de los cuales al menos 75 habrían sido asesinatos intencionados, 130 relacionados con conflictos o suicidios-explosiones y más de 20 relacionados con violencia doméstica; en 60 casos no se informó de la causa. Se prevé que el número real de mujeres y niños asesinados sea mayor, ya que muchos casos no se denuncian”, dijo el relator especial en el informe.
En las conclusiones de dicho informe se establece “la incapacidad de hacer efectivos los derechos económicos y sociales, el deterioro de los derechos civiles, políticos y culturales, y las graves violaciones generalizadas que se siguen cometiendo, se deben principalmente a la actuación de los talibanes“.
Por otro lado, Amnistía Internacional pidió el pasado 5 de marzo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU el establecimiento de un un mecanismo de investigación independiente centrado en la conservación de pruebas para conseguir que se administre justicia internacional en Afganistán.
De acuerdo con el Organismo, en noviembre del año pasado, los talibanes detuvieron arbitrariamente a tres defensoras de derechos humanos de las mujeres —Zarifa Yaqoobi, Farhat Popalzai y Humaira Yusuf—, así como a las mujeres que las acompañaban.
Un mes más tarde, los talibanes prohibieron la entrada de las mujeres a las universidades “hasta nuevo aviso”, así como el ordenamiento de despedir a todo el personal femenino de todas las ONGs locales y extranjeras, situación que podría llevar a millones de mujeres, niñas y niños sin ningún tipo de ayuda humanitaria.
“El efecto acumulativo de las restricciones sobre mujeres y niñas tiene un impacto devastador a largo plazo en toda la población y equivale al apartheid de género“, aseguró Bennett.
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