El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú, Aníbal Torres, envió un oficio a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, en el que pidió que se disponga la cremación de los restos del líder histórico de la guerrilla maoísta peruana Sendero Luminoso, Abimael Guzmán.
Torres señaló que la Ley General de Salud establece que los cadáveres de personas que después de haber sido identificadas, no fueron reclamadas por un familiar directo dentro del plazo de 36 horas tras su entrada a la morgue, “quedan bajo custodia de la Fiscalía”.
Así, es la institución la que puede decidir si “donar” los restos con “fines de investigación o “solicitar a un cementerio público la cremación del cadáver”, precisó, de acuerdo con la emisora RPP.
Al respecto, el ministro avisó también que la adopción de otras opciones de sepultura del líder de Sendero Luminoso podría “conllevar a afectaciones al orden público y la seguridad de la sociedad”, ya que señaló que para el “sanguinario grupo terrorista los restos de este delincuente son un símbolo de su insania y buscaran enaltecerlo y homenajearlo”.
Torres indicó que “es importante ponderar la adopción de medidas que (…) protejan derechos fundamentales de las personas y los principios establecidos en el ordenamiento constitucional”. El Gobierno manifestó así su preocupación por la posibilidad de que en caso de sepultarlo se genere un lugar de culto para sus seguidores.
A la opción de incinerarlo se sumó también el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), que capturó a Guzmán hace casi 30 años. En concreto, solicitó que los restos sean cremados y las cenizas lanzadas al mar.
Los portavoces de nueve bancadas del Congreso peruano también demandaron en un comunicado este lunes que “el cuerpo del genocida Abimael Guzmán sea incinerado” para evitar “actos de reivindicación”, informó El Comercio.
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Por su parte, un juzgado peruano rechazó el habeas corpus presentado por la viuda de Guzmán, Elena Iparraguirre, para poder retirar su cadáver de la morgue, mientras que la autoridad penitenciaria la recluyó en una celda de máxima seguridad por “ensalzar” su figura.
Tras la muerte de Guzmán, el pasado sábado en prisión, las autoridades de Perú se encuentran en un dilema porque no existe un protocolo sobre el destino que se le dará a los restos del criminal.
La legislación vigente establece que los restos de los fallecidos sean entregados a sus familiares directos, pero el Gobierno insiste en que no debe haber una tumba que provoque homenajes de sus seguidores.
La esposa de Guzmán y también sentenciada a cadena perpetua por terrorismo solicitó a través de dos abogados que se le entreguen los restos del fallecido, mediante una carta poder a Iris Quiñones, otra sentenciada por terrorismo que recuperó su libertad en los últimos años.
Ese pedido fue rechazado, así como la demanda de habeas corpus que el sábado presentó en su nombre el abogado Alfredo Crespo ante la Corte Superior de Justicia de Lima.
El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente del Callao, que recibió el habeas corpus por ser esa la provincia donde falleció Guzmán, declaró infundada la demanda por la presunta vulneración a la integridad personal y libertad religiosa, así como su derecho para enterrar a Guzmán conforme a sus creencias.
La demanda fue presentada contra el fiscal de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao y el director de la División Médico Legal del Callao, quienes han tenido a su cargo una investigación abierta tras el deceso de Guzmán por neumonía en la prisión de máxima seguridad de la Base Naval del Callao, según la necropsia.
El objeto de la demanda tenía como finalidad que se entregue el cuerpo a quien Iparraguirre designe mediante carta poder. Sin embargo, el juzgado rechazó el recurso al considerar que los fundamentos se basan en “conjeturas y suposiciones” de lo que ocurriría más adelante, y no consideró argumentos suficientes que evidencien una vulneración a la integridad personal ni a la libertad religiosa de Iparraguirre.
El mismo día del deceso de Guzmán, su esposa hizo unas llamadas telefónicas desde el penal de mujeres de Chorrillos, en el que está recluida, a sus simpatizantes y el audio fue compartido.
En esa comunicación, Iparraguirre presuntamente pidió “honor y gloria” a Guzmán y agregó que seguirán “su ejemplo de comunista hasta el fin”.
Además, se quejó de que no tenía ninguna relación familiar que le pudiera facilitar el retiro del cadáver de la morgue y que tampoco tenía a dónde comunicarse para hacer el trámite.
A raíz de esas llamadas, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) anunció que había dispuesto la incomunicación de Iparraguirre porque esas intervenciones “ensalzan hechos ilegales vinculados con el terrorismo” y vulneran las normas de seguridad penitenciaria.
La autoridad penitenciaria le abrió un proceso disciplinario y ordenó su traslado a un sector de máxima seguridad. En tanto, los restos de Guzmán, responsable como líder de Sendero Luminoso de miles de muertos entre 1980 y 2000 en el país, permanecen en la morgue del Callao a la espera de que el Ministerio Público decida si finalmente se los entrega a un familiar o asume otra alternativa.
(Con información de Europa Press y EFE)
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