Tras llevar a cabo un perfilamento de las víctimas y la violencia de la represión de las protestas en Perú, las dos organizaciones de defensa de DDHH concluyen que se trata de crimen de lesa humanidad con un evidente tinte racista. RFI entrevistó a Gloria Cano, directora de APRODEH, Asociación Pro Derechos Humanos de Perú.
¿Qué es lo que han denunciado ante la Corte Penal Internacional?
Gloria Cano: “Que esta violencia letal fue utilizada contra manifestantes y contra personas que, si bien no participaron en manifestaciones, estaban, digamos, en la zona donde se efectuaron los hechos, sobre todo jóvenes. Y que estas acciones se dieron sobre todo en el sur del país, en Ayacucho, en Andahuaylas, en Cuzco, en Puno, en Arequipa. Eran los bolsones de votación del expresidente Pedro Castillo y que justamente eran los manifestantes que rechazaban lo que había ocurrido con el presidente Castillo, pero también exigían adelanto de elecciones. Al hacer el perfilamiento se tiene que efectivamente las personas provienen de las zonas quechua hablantes aimaras. Hay un rasgo muy racista con respecto a este abuso de la violencia y justificación de la violencia también”.
¿Quiénes son los victimarios?
“Desde la Presidenta de la República, los ministros que estuvieron a cargo de tomar las decisiones, así como los altos mandos militares. Sabemos que muchos de ellos tuvieron algún tipo de responsabilidad, fueron ascendidos incluso por la Presidenta de la República, como en el caso del Ministro de Defensa que fue ascendido a Primer Ministro. Los mandos militares fueron premiados como agregados militares al exterior. Es decir, hay acciones que demuestran no solamente el conocimiento, la toma de decisión, sino también el encubrimiento al tratar de proteger a las personas que estaban involucradas”.
Ustedes también denuncian un oscuro Pacto de gobierno. ¿En qué consiste?
“Hay un pacto entre el Ejecutivo y el Congreso para ir disminuyendo los derechos de la población, destruir las instituciones tutelares de la democracia como es el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia, que no solamente elige a los jueces y fiscales de la Nación, sino también tienen el poder sancionador hacia ellos y eligen a los órganos electorales. Hay amenazas para intervenir el Ministerio Público, destituir al fiscal de la Nación, destituir a todos los fiscales supremos y no dejar realmente que la justicia avance. Hay una primera votación en el Congreso donde se ha aprobado una ley de amnistía, desobedeciendo es acatando sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Han dejado en libertad a Alberto Fujimori y creemos que la situación en el Perú se agrava cada día más”.
La confianza de la ciudadanía hacia sus representantes también se ha desplomado. Una encuesta reciente realizada por DATUM, revela que solo un 5% aprueba a la presidenta Boluarte. Y, según IPSOS. un 91% de la población rechaza el desempeño del congreso peruano.
📢 Conjuntamente con la @fidh_es presentamos denuncia ante la #CPI por crímenes de lesa humanidad.
Documentamos 49 asesinatos y 937 heridos durante la represión de manifestaciones. Autoridades negaron responsabilidad y obstruyeron investigaciones. #NoAlaImpunidad pic.twitter.com/PZW0U6hOxg
— Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH (@Aprodeh) June 25, 2024