La política peruana suele estar atravesada por alguna crisis, pero desde 2016 la inestabilidad institucional la ha golpeado con más fuerza. Perú ha tenido cuatro presidentes desde entonces y la mayoría de políticos usan el Congreso para bloquear posibles investigaciones y juicios a los líderes de los partidos, la mayoría por casos de corrupción. El escenario empeora ante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, prevista para junio. El desempate entre el maestro radical Pedro Castillo y la derechista Keiko Fujimori condena al país a tener un Gobierno conservador en lo social. Ambos, desde un espectro ideológico opuesto, están en contra de la igualdad de género, el matrimonio entre personas del mismo sexo y rechazan el aborto. No solo quien llegue a la presidencia llevará sus ideas conservadoras, el Congreso tendrá, por primera vez, una bancada de la ultraderecha católica.
A partir del 28 de julio, Perú tendrá un presidente populista y conservador, independientemente de si gana Fujimori, hija del autócrata Alberto Fujimori y acusada por lavado de activos, o el docente y sindicalista rural Castillo. Con el escrutinio al 95%, este obtiene el 19% de los votos y su contrincante el 13%, 26 puntos menos que los que logró en los comicios de 2016. El 12% de electores dejó su papeleta en blanco y hubo un 28% de ausentismo pese a que el voto es obligatorio.
El maestro que defiende desde posiciones de izquierda radical un Estado fuerte, el fin de los monopolios privados y que se acabe “la explotación laboral” es profundamente intransigente ante los avances sociales. Se ha manifestado en repetidas ocasiones en contra del enfoque de igualdad de género en el currículo educativo escolar y al matrimonio igualitario. También afirmó durante la campaña que se pone a legislar sobre el aborto o la muerte digna. Desde la derecha, su competidora ha prometido “mano dura” contra la delincuencia y el indulto a su padre -preso con una condena de 25 años de prisión por delitos de corrupción, robo y homicidios cometidos durante su Gobierno en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos-.
En su tercer intento como candidata presidencial, Fujimori también se opone al matrimonio igualitario y dice ser defensora de la familia, para explicar que no le interesa promover ni reconocer los derechos de la población LGTBI y menos el aborto bajo el supuesto de violación. Desde 2018, la Fiscalía investigó por lavado de activos a la líder del fujimorismo debido a que recibió aportes por millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht y de un grupo financiero peruano para sus campañas presidenciales de 2011 y 2016.
El país andino atraviesa además el pico de la segunda ola de la pandemia de la covid-19, con déficit de oxígeno y de camas de cuidados intensivos y un lento proceso de vacunación. ”El Congreso elegido es mucho más conservador de los que hemos tenido en los últimos años y fragmentado. Esa correlación es interesante porque es muy probable que los sectores conservadores logren una mayoría parlamentaria para darle sostenibilidad a un Gobierno de Fujimori o para realizar una oposición dura al Gobierno de Castillo”, explica el abogado y profesor Juan de la Puente.
Según las proyecciones de la prensa limeña, basadas en el conteo rápido de Ipsos Perú y el escrutinio parcial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la formación Perú Libre, con la que postuló Castillo, tendría la mayor cantidad de escaños, entre 32 y 35, seguida por Fuerza Popular -liderada por Fujimori- que contaría con una bancada de 24 congresistas. El Parlamento en Perú es unicameral y tiene 130 miembros. Castillo es un profesor de escuela primaria y dirigente sindical que saltó a la escena nacional en 2017 durante una huelga de docentes de dos meses pidiendo mejores salarios y condiciones laborales.
El tercer partido con mayor representación sería Acción Popular, por el que postuló Yohny Lescano: una formación política sin doctrina única, fracturada en dos desde las elecciones de 2016. Esta división se ahondó en noviembre último cuando un sector propició el derrocamiento del Gobierno de Martín Vizcarra a raíz de que la Fiscalía lo investigaba por sobornos que, según la acusación, recibió cuando fue gobernador regional.
El grupo político que encabeza el candidato presidencial César Acuña, con varios de sus militantes sentenciados o investigados por delitos comunes y corrupción, colocaría 14 parlamentarios, y Renovación Popular, del empresario ultraderechista y miembro del Opus Dei Rafael López Aliaga, lograría 13 representantes. López Aliaga rechaza de plano el aborto, incluso en caso de violación, y planteó que las niñas embarazadas por violación fueran acogidas en sus hoteles de cinco estrellas para que luego dieran a luz”.
El Congreso tendrá un grupo fundamentalista radical como el de López Aliaga. Es la primera vez que alcanzan una representación propia en calidad de partido religioso y radical. El Legislativo carecerá de fuerza para impedir algunas decisiones controvertidas en materia de rescisión de derechos y libertades. El giro conservador del Perú se advierte en mayor medida que el Congreso, aunque quizás sus primera expresiones serán la elección del defensor del Pueblo y del Tribunal Constitucional”, añade el analista De la Puente. El exjefe de la Organización de Procesos Electorales, Fernando Tuesta, proyecta que 11 grupos políticos tendrán representación en el nuevo Parlamento, aunque al menos un par de ellos podrían perder el registro electoral de acuerdo a las últimas recientes. Pese a la llegada de más conservadores al Parlamento y al nulo interés en la agenda social y la política verde por parte de los partidos que tendrán mayor representación, el periodista y politólogo Enrique Patriau estima que no será peor al Congreso actual. “Pero sí: Perú se resiste a dejar de mirar el abismo”, precisa.
Un Congreso refugio
El expresidente Martín Vizcarra, que afronta dos investigaciones de la Fiscalía, una por delitos supuestamente cometidos en 2014 y otra durante su ejercicio como presidente, es uno de los virtualmente elegidos al Congreso que usará ese foro para defenderse. Además, el líder de Podemos Perú, José Luna Gálvez, también bajo investigación del Ministerio Público por lavado de activos e inscripción ilegal de su partido político, accedería a un escaño. Desde allí puede mantener redes que le permitan neutralizar la acción de la justicia, como lo hace su hijo José Luna, actual congresista de la misma agrupación.
Otro elegido es el fujimorista Alejandro Aguinaga, médico personal del autócrata Alberto Fujimori, a quien la Fiscalía acusó en marzo -al igual que al expresidente- por delitos ligados a las esterilizaciones forzadas contra mujeres pobres e indígenas durante el segundo gobierno de Fujimori en la década de los noventa. Los delitos son contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones graves, seguidas de muerte, en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos.
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