El féretro recorrió unos dos kilómetros rodeado de una multitud hasta la plaza de San Martín, en el centro de Lima. Los simpatizantes de Alan García no estaban dispuestos a creer las acusaciones que vinculaban al expresidente al caso Odrebrecht. La fotografía de ese día de finales de abril de 2019 resumía la tormenta política que azota periódicamente a Perú desde hace décadas. Los ingredientes de ese cóctel de inestabilidad y polarización siempre han tenido un común denominador: las acusaciones de corrupción. García, que había gobernado el país en dos ocasiones -primero entre 1985 y 1990 y después de 2006 a 2011-, se acababa de suicidar cuando iba a ser detenido por su implicación en la trama de sobornos de la constructora brasileña.
Ese fue el momento más trágico para un sistema político consumido por un grave problema estructural. Desde 1985, todos los mandatarios con la salvedad de Valentín Paniagua, presidente interino entre 2000 y 2001, han tenido problemas con la justicia. El Congreso peruano destituyó este lunes al presidente Martín Vizcarra en un clima de profunda división después de que la Fiscalía abriera una investigación por pagos irregulares presuntamente recibidos cuando este era gobernador del departamento sureño de Moquegua a principios de la década. En septiembre el Parlamento ya había ensayado, sin éxito, una moción de censura alegando el trato de favor concedido a un cantante amigo del mandatario en unos contratos públicos. Vizcarra negó su responsabilidad en todos los señalamientos.
Se trataba, por encima de todo, de una lucha de poder en la que la ejemplaridad pasó a un segundo plano. La paradoja es que varios de los políticos opositores que apoyaron o impulsaron la iniciativa también están bajo la lupa de la justicia por lavado de activos y corrupción. La líder del partido opositor Fuerza Popular y excandidata presidencial, Keiko Fujimori, se encuentra en prisión domiciliaria por la financiación de sus campañas electorales. Y el fundador de Podemos Perú, José Luna Gálvez, otro de los partidos que promovió la moción de censura, fue detenido el pasado sábado por sus vínculos con la trama corrupta del sistema de justicia conocida como Cuellos Blancos del Puerto.
Los peruanos, que volverán a las urnas el próximo mes de abril, no habían elegido a Vizcarra como presidente. El político asumió el cargo en 2018 tras la renuncia de su antecesor, Pedro Pablo Kuczynski, de quien fue primer vicepresidente. Este se vio forzado a dimitir por un caso de compra de votos y, sobre todo, por la investigación de sus relaciones con Odebrecht. Hoy está en arresto domiciliario después de que la justicia dictara en su contra una medida de prisión preventiva de tres años.
El banquero de inversión fue el último mandatario en ser privado de libertad, pero también pisó la cárcel el que lo antecedió en el cargo, Ollanta Humala. El gobernante, que estuvo en el poder entre 2011 y 2016, está investigado por aportaciones de la constructora a la campaña electoral que le aupó a la presidencia. Antes que él, esas sospechas habían alcanzado no solo a García sino también a Alejandro Toledo. Este exmandatario es prófugo de la justicia peruana desde 2017. Huyó a Estados Unidos para evitar la prisión preventiva impuesta y dos años más tarde fue detenido en California. La petición de extradición a las autoridades estadounidenses antes de su arresto mantiene que un exdirectivo de Odebrecht en Perú prometió a Toledo 36 millones de dólares a cambio de la concesión a dedo de obras.
La corrupción carcomió también al aparato gubernamental de Alberto Fujimori tras el golpe que el político dio en 1992. De hecho, ese fue su principal resorte. Su régimen se manchó también de delitos de expolio y crímenes de lesa humanidad. A principios de 2019 Fujimori, padre de Keiko, volvió a la cárcel a pesar de haber sido indultado por otras condenas debido a las graves violaciones de los derechos humanos perpetradas de la mano de su asesor de confianza y jefe de las Fuerzas Armadas, Vladimiro Montesinos.
El caudillismo que sufrió Perú durante toda la década de los noventa fue más allá de la corrupción. Pero ese germen acabó de penetrar profundamente las instituciones y la gestión política. Todos los expresidentes y dirigentes implicados en casos relacionados con el caso Odebrecht, también conocido como Lava Jato, y a otras redes corruptas han rechazado las acusaciones. En cualquier caso, esas tramas han derivado en un ciclo de inestabilidad en el que se suceden medidas cautelares, liberaciones, vueltas a prisión o arresto domiciliario. En el que todos enarbolan la idea de regeneración y, sin embargo, esta acaba a menudo confundida con intereses particulares o partidistas. Y, sobre todo, un ciclo que ha puesto al desnudo un sistema que necesita una reconstrucción radical y dejar atrás las sospechas, esto es, el legado de las últimas décadas.
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