El Gobierno de Colombia autorizó la instalación de un “espacio de conversación sociojurídico” con el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, para verificar su voluntad de transitar al Estado de Derecho y fijar los términos de sometimiento a la justicia, reveló el lunes una resolución gubernamental.
La decisión de instalar el espacio de conversación hace parte de los esfuerzos del presidente izquierdista Gustavo Petro para poner fin, a través de negociaciones de paz y de procesos de sometimiento a la justicia, a un conflicto interno de seis décadas que ha dejado casi medio millón de muertos.
“Autorizar la instalación de un Espacio de Conversación Sociojurídico entre los representantes autorizados del Gobierno Nacional y los miembros representantes de la Estructura Armada Organizada de Crimen de Alto Impacto, Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)”, precisó la resolución gubernamental.
“El Espacio de Conversación Sociojurídico estará dirigido a verificar la voluntad de transitar hacia el Estado de Derecho, fijar los términos de sometimiento a la justicia en los términos permitidos en la Ley”, precisó el documento que nombró a los representantes del Gobierno para el encuentro con ese grupo armado ilegal.
Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también autodenominadas Ejército Gaitanista y llamadas por las Fuerzas Armadas como el Clan del Golfo, es la mayor banda criminal conformada por unas 5.000 personas, en su mayoría antiguos integrantes de los escuadrones paramilitares de ultraderecha.
Los grupos de ultraderecha combatieron a la guerrilla izquierdista en una violenta confrontación que implicó crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos.
El Clan del Golfo rechazó en mayo del 2023 una propuesta de sometimiento a la justicia que contemplaba reducción de penas y anunciaron que buscarían una negociación de paz con el Gobierno para poner fin a su participación en el conflicto armado del país sudamericano.
El Gobierno suspendió en marzo del año pasado un cese al fuego bilateral con las AGC, acusándolas de incumplirlo con ataques a las Fuerzas Armadas en medio de una protesta de mineros informales en el noroeste del país.
El Clan del Golfo es acusado de actividades de narcotráfico y minería ilegal, además de asesinatos, masacres, desplazamientos y ataques en medio del conflicto.
Una negociación de paz del Gobierno colombiano con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) está congelada y las Fuerzas Militares reanudaron las operaciones ofensivas contra ese grupo armado ilegal.
Petro también avanza en un diálogo de paz con una parte del Estado Mayor Central (EMC), una facción de las FARC que rechazó un acuerdo de paz del 2016.
Recientemente comenzó otra negociación con la Segunda Marquetalia, otra facción de las FARC que abandonó el acuerdo de paz y regresó a la lucha armada en el 2019 alegando incumplimientos del Estado. (Reuters).
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