Gustavo Petro sostiene que Colombia no es una democracia completa ni una república asentada por los problemas de violencia que ha sufrido a lo largo de sus doscientos años de historia. La nación ha vivido una serie de conflictos armados, superpuestos unos a otros, que ha regado de muertos su territorio. No es fácil encontrar a un colombiano, sobre todo en las zonas rurales, que no tenga un padre, un hermano, un primo o un tío que no haya sido secuestrado, asesinado o asaltado alguna vez. El nuevo presidente, con apenas dos semanas en el cargo, se ha propuesto encaminar al país hacia una paz total como él mismo la llama, que acabe de una vez por todas con este ciclo perverso al que ni expertos en seguridad del más alto nivel, presidentes con distintos enfoques, ni la fuerza pública han sabido poner freno. El reto parece a la altura de la confianza que tiene Petro en sí mismo.
Para lograrlo debe negociar y someter a guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y jefes de la delincuencia organizada. Algunos son todas esas cosas a la vez y se esconden en selvas y montañas remotas donde la presencia del Estado es débil. Esa red tupida de agentes armados es la que el presidente está decido a desactivar con una política transversal que afecte a todos los ministerios, desde Defensa a Educación. Petro quiere que personajes como Pablo Escobar, los hermanos Castaño o Manuel Marulanda, todos ellos responsables de ciclos de violencia, sean solo un mal recuerdo de los libros de historia.
Todas las decisiones que ha tomado por ahora van encaminadas a construir esa paz integral. Es en lo que quiere ocupar todo su mandato. En la cancillería ha colocado a Álvaro Leyva, un economista de 79 años que ha participado en todos los procesos de diálogo con grupos armados que ha llevado a cabo el Estado colombiano en los últimos 40 años. Nadie tiene más contexto que él y por eso se le ha encomendado la negociación con el ELN, la última guerrilla activa. La reforma tributaria que planea sacar adelante, según dice, conllevará una mayor justicia social que, en último término, ayudará a reducir los índices de criminalidad. La reforma agraria que tiene en la cabeza servirá para repartir con mayor equidad la tierra y acabar con uno de los conflictos más recurrentes, el de los hacendados y sus ejércitos de hombres armados contra los campesinos.
Todavía no existe una ingeniería política que enhebre todos estos asuntos. En la Casa de Nariño se trabaja en ello. Se sabe que cada cierto tiempo se celebrarán consejos de ministros en los que el único punto será los avances en materia de paz. Cualquier política pública va encaminada en ese sentido. “Este es un viejo anhelo de los colombianos y debería concitar el apoyo de todo el mundo. Es un propósito fundamental”, opina el general de policía Óscar Naranjo, exvicepresidente y experto en seguridad.
A su modo de ver, a la espera de que Petro concrete una hoja de ruta clara, el Gobierno debe poner en marcha de forma simultánea cuatro vías: negociación con el ELN; sometimiento y negociación con grupos armados como el Clan del Golfo (narcoparamilitares); idear una forma de acabar con las disidencias de las FARC, guerrilleros que no se acogieron al proceso de paz del presidente Santos; y hacer lo mismo con los luchadores de la Marquetalia, los desertores de ese proceso. Naranjo, que participó en el desarme de las FARC, un hito político de una dimensión mundial, aconseja a Petro que se tome ese acuerdo como guía porque ahí se dejaron por escrito mecanismos legales y palancas constitucionales que facilitan este tipo de negociaciones tan complejas. ¿Se puede concretar algo así en cuatro años, que es lo que dura el mandato presidencial? “Si este presidente tiene la habilidad de estudiar dónde radicaron los éxitos y fracasos de los anteriores procesos de negociación, podríamos avanzar muy rápido. Hay escollos en los que claramente nos demoramos y se podría hacer de una forma más sencilla”.
En Colombia se han llevado a cabo procesos de paz de grupos armados concretos, como el del M-19 (en el que Petro participó como guerrillero) o las FARC. Pero nunca uno que implique a todos los protagonistas. Es lo que el senador Iván Cepeda llama paz radical. “La experiencia demuestra que esa paz de forma sucesiva, sumado a que el Gobierno incumple los acuerdos, hace que surjan grupos residuales que prolongan el conflicto. Toca hacer un esfuerzo global y simultáneo con grupos armados y con el acogimiento a la justicia de grupos criminales. A la vez”, explica por teléfono.
En ese proceso, considera que no se puede dar la espalda a las regiones. Bogotá, la capital, es una burbuja política y económica, una isla en la que no se viven los mismos problemas que en el resto del país. La raíz y la causalidad de la violencia se encuentra en los territorios, añade Cepeda, y es allí donde deben darse los diálogos y el fortalecimiento de las instituciones, a menudo invisibles cuanto más se avanza por carretera. Además, está convencido de que siempre se ha dejado fuera de las negociaciones las políticas generales, más allá de las de carácter policial y militar. “La paz debe avanzar en el terreno de los cambios sociales. Eso significa que la política de paz se convierta en una política por primera vez de Estado”.
Petro dejó algunas pistas en su encuentro bilateral con el presidente español, Pedro Sánchez, sobre los mecanismos que planea utilizar para someter a los capos de la droga a la justicia. Colombia es el primer productor de cocaína en el mundo. A menudo ha utilizado la extradición a Estados Unidos como herramienta para acorralar a criminales. El tráfico de drogas es un delito trasnacional, que implica a los dos países, el que produce y envía y el que lo recibe y comercia. “Narco que no negocie con el Gobierno de Colombia, se va extraditado. Narco que negocie y reincida, se va extraditado. Narco que negocie y no vuelva a ser narco, no se extradita”, dijo al respecto.
Para llevar a puerto un proyecto de este tamaño, seguramente solo comparable al del Frente Nacional, el acuerdo entre liberales y conservadores para cerrar a finales de los años cincuenta una guerra civil que sumaba decenas de miles de muertos, Petro sabe que debe contar con algunos de sus enemigos de siempre, como Álvaro Uribe Vélez, el mandatario conservador que desplegó desde el año 2000 una política de seguridad muy contundente contra las guerrillas y negoció con paramilitares. El ahora presidente dedicaba al menos media hora de sus largos mítines durante la campaña electoral a criticar a Uribe, pese a que sus asesores principales le rogaban que no lo hiciera. Sin embargo, al poco de ganar las elecciones lo convocó a una reunión y le pidió que formara parte de un gran acuerdo nacional. La imagen de uno y otro a los lados de una mesa y con un crucifijo detrás impresionó a los colombianos.
Los presidentes de Uribe y Petro, en una reunión que celebraron en junio en Bogotá.GUSTAVO PETRO PRESS TEAM (Reuters)
“Claro que sí, hay que contar con Uribe”, añade Cepeda, a pesar de que ambos libran desde hace años una batalla judicial que entrampó en un primer momento a Cepeda, pero que ha acabado con Uribe en un laberinto legal del que no sabe cómo salir. Uribe cuenta con mucho prestigio en algunos sectores del país, como el de los terratenientes, los ganaderos y las fuerzas de seguridad, todos ellos actores clave para pacificar el país. Es más, buena parte del ejército colombiano se puede considerar uribista.
Aunque eso no será un problema, según el general retirado Eduardo Herrera Berbel, dedicado ahora a tareas de consultoría. “Los militares van a acompañar a Petro”, dice con rotundidad, pese a que el último general al mando dimitió para no caminar con él en la toma de posesión. El presidente, para los militares más recalcitrantes, no es más que un guerrillero (pese a que lleva más de media vida en política trabajando por la paz) que quiere convertir Colombia en Venezuela. “El ejército tiene un respeto grande a la Constitución, al comandante en jefe (en este caso, Petro) y a las decisiones de pueblo”, insiste ante las dudas. Por eso cree que para que la paz total sea un éxito necesita la implicación de los militares. Primero, para asesorar sobre la manera en la que ejecutar un alto el fuego, y segundo, para consolidar la paz en los territorios, allí donde ahora mismo mandan los criminales.
El propósito supone un reto mayúsculo. Por el momento, todos los pasos que ha dado Petro como presidente se han encaminado en la búsqueda de una paz total, fulminante, radical. Como candidato hablaba de convertir a Colombia en una potencia mundial de la vida, una frase que enarcaba algunas cejas. Está por ver si se trata de una empresa posible o un paso definitivo para el que el país todavía no está preparado.
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