El presidente de Colombia, Gustavo Petro, difundió esta semana la demanda de nulidad contra la elección presidencial de 2026, en cuya segunda vuelta el pasado 21 de junio obtuvo el triunfo el derechista Abelardo de la Espriella frente al candidato oficialista Iván Cepeda, por una diferencia de votos del 0.003%.
El recurso fue presentado ante el Consejo de Estado por el grupo denominado “Testigos Digitales”, promovido por el partido oficialista Pacto Histórico, además de una plataforma en internet que reúne el recurso judicial, herramientas de análisis y documentación sobre presuntas irregularidades en la trazabilidad digital del proceso electoral.
El documento sostiene que la autoridad electoral debilitó los mecanismos de verificación de los formularios E-14 (las actas de escrutinio de las casillas), aunque también aclara de manera expresa que no afirma la existencia de un fraude electoral probado.
El martes, Petro publicó en la red social X un enlace al sitio web con el mensaje: “Aquí todas las pruebas del fraude electoral en Colombia, ya judicializadas”.
La página, denominada “Testigos Digitales 2026”, se presenta como una iniciativa de “auditoría ciudadana y preservación de la transparencia electoral en Colombia”. Contiene una cronología que compara los procesos de 2022 y 2026 y sostiene que durante el actual proceso electoral se eliminó la trazabilidad digital que anteriormente permitía verificar el origen y la integridad de los documentos.
El sitio afirma que, tras analizar más de 700 mil documentos públicos, encontró que “el 97.4% no tiene metadatos y ninguno cuenta con firma criptográfica, dejando la consolidación del preconteo en manos de un software sin auditoría posible”.
Además de alojar la demanda de nulidad y una solicitud de medidas cautelares, la plataforma incorpora un mapa de anomalías territoriales, un visor del escrutinio, un laboratorio para analizar metadatos y un simulador que muestra cómo podrían alterarse los formularios E-14.
El lunes, Petro publicó en sus redes sociales el texto íntegro de la demanda y aseguró que “su lenguaje técnico será explicado en videos que traduzcan hacia la comunicación popular”. Añadió que el recurso fue presentado por los “testigos digitales”, quienes, según afirmó, “lograron descubrir en los trazas dejadas por los metadatos de los documentos subidos a internet por el software de escrutinios electorales, la manipulación algorítmica que hubo del voto real de la ciudadanía colombiana”.
La demanda, presentada contra la Resolución E-3181 del 24 de junio de 2026, mediante la cual fue declarada la elección presidencial, sostiene que la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral (CNE) redujeron los controles de autenticidad, integridad y trazabilidad digital respecto de los utilizados en las elecciones de 2022.
Según el documento, “la autoridad electoral habría degradado, sin motivación técnica suficiente, los controles de identificación, autenticidad, integridad y trazabilidad digital de los formularios E-14 publicados en 2026 respecto del modelo verificable en 2022”, lo que, a juicio de los demandantes, impide verificar adecuadamente la correspondencia entre las actas físicas y los archivos digitales.
Entre los argumentos expuestos figuran, además de la presunta publicación de formularios sin metadatos verificables, sellos cronológicos ni huellas criptográficas; la supuesta modificación del modelo de escrutinio sin consulta pública; la falta de una justificación técnica suficiente para esos cambios y diversas irregularidades documentales que, según la demanda, adquieren mayor relevancia debido al estrecho margen de diferencia entre los candidatos.
El recurso también plantea la necesidad de investigar una posible participación de infraestructura informática ubicada en California, Estados Unidos, durante el procesamiento de las actas. Al respecto, señala: “Se ha identificado un evento técnico de frontera que exige especial verificación judicial: el servidor de la Registraduría no habría operado de manera aislada, pues existirían trazas o pruebas de ‘puente’ en simultaneidad con un servidor ubicado en California, Estados Unidos”.
Asimismo, solicita revisar la documentación relacionada con las votaciones en consulados, particularmente en Estados Unidos y Venezuela, debido a que considera necesario contar con mayores elementos de trazabilidad documental en esos procesos.
No obstante, pese a que Petro presentó el recurso como evidencia de un supuesto fraude electoral, la propia demanda establece en distintos apartados que no sostiene que el fraude haya sido demostrado.
El documento afirma expresamente: “Se precisa, en armonía con lo expuesto en los apartados anteriores, que esta afirmación no supone sostener que se hayan alterado votos, que el resultado sea falso ni que exista fraude probado”.
En el mismo sentido, el peritaje técnico incorporado como prueba señala que “no afirma fraude electoral ni alteración fraudulenta de resultados; su conclusión se limita a la presencia o ausencia de controles técnicos de autenticidad, integridad y trazabilidad”.
La demanda agrega que “no se exige al juez que declare probado el fraude en esta etapa”, sino que reconozca que la falta de mecanismos de verificación impide descartar hipótesis de manipulación y ordene preservar, entregar y auditar la evidencia digital y documental relacionada con el proceso electoral.
De acuerdo con los promoventes, el objetivo jurídico del recurso consiste en cuestionar la validez de la declaratoria de elección por considerar que la eliminación de mecanismos de autenticidad y trazabilidad generó una “inverificabilidad estructural” que, sostienen, vulnera los principios de transparencia y participación política previstos en la legislación colombiana.