La Procuraduría General de la República, ahora fiscalía independiente, investigó a la periodista Marcela Turati, a la antropóloga Mercedes Doretti y a la abogada Ana Lorena Delgadillo como ‘sospechosas’ del caso de las fosas San Fernando, Tamaulipas, que cobró la vida de al menos 196 personas.
La revelación se presentó en una publicación de The Washington Post, firmada por Mary Beth Sheridan, con los documentos judiciales que se presentaron en una corte de México.
Como resultado de estos hechos, las autoridades federales utilizaron sus poderes legales para vigilar a las mujeres, incluyendo registros telefónicos y textos, además de que la Policía Federal mapeó sus comunicaciones.
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‘A dónde van los desaparecidos’, el proyecto periodístico encabezado por Marcela Turati, publicó un posicionamiento público en el que reprueban el actuar de la entonces PGR.
“La Fiscalía General de la República debe desistirse de esta investigación, si sigue en curso, y deslindar responsabilidades. El asedio y posible espionaje so pretexto de investigaciones contra periodistas y defensoras de derechos humanos tiene que parar“.
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Asociaciones de la sociedad civil alistan un pronunciamiento público indicaron que la PGR utilizó las herramientas destinadas a combatir la delincuencia organizada para “perseguir y criminalizar a la defensora de derechos humanos Ana Lorena Delgadillo, a la periodista Marcela Turati y a la perita forense independiente Mercedes Doretti, en lugar de esclarecer los hechos e investigar a los perpetradores de la masacre”.
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