“Peña Nieto no ganó legítimamente la elección presidencial sino que se impuso por medio de la compra de votos y voluntades”, sostuvo.
El investigador John Ackerman planteó que luego de la denuncia presentada por Emilio Lozoya en contra de Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto, en la que reconoce la canalización de cien millones de pesos de la empresa Odebrecht hacia la campaña presidencial de 2012, debería motivar al INE a reabrir el expediente de la denuncia contra el PRI por financiamiento ilegal.
“Las nuevas evidencias proporcionadas por Lozoya obligan al INE a reabrir el expediente de 2012 e iniciar inmediatamente un procedimiento de investigación hacia la posible cancelación del registro del PRI por violaciones “graves” y “sistemáticas” a la normatividad electoral”, propuso en su columna publicada en Dossier Político.
El doctor recordó el caso Monex: “La periodista Carmen Aristegui ha develado una importante punta de la madeja con respecto al origen del dinero de las tarjetas MONEX. Una investigación periodística de su equipo demostró que por lo menos una parte del financiamiento provino de la empresa Grupo Comercializador Cónclave, operada por Rodolfo David Dávila Córdoba, “El Consul”, alguien identificado por las autoridades como operador financiero del Cartel de Juárez (véase: https://bit.ly/2FmF4S6). Otros medios nacionales también han reportado que desde el año 2003 el mismo Grupo Financiero Monex ha sido investigado por las autoridades por operaciones de lavado de dinero y transferencias de recursos del narcotráfico”.
Ackerman sostuvo que “Peña Nieto no ganó legítimamente la elección presidencial sino que se impuso por medio de la compra de votos y voluntades, lo cual significa que llegó a la silla presidencial por medio de un evidente fraude”.
Y anotó que “la campaña de Peña Nieto utilizó un mecanismo de triangulación de recursos típico de operaciones de lavado de dinero. En el caso de las tarjetas Monex, por ejemplo, la contratación de los plásticos no fue realizado directamente sino por medio de la empresa Alkino Servicios y Calidad que a su vez contrató a la empresa Comercializadora Atama que por su parte delegó a las empresas Inizzo y Efra diversas operaciones financieras. Las investigaciones de las autoridades también revelaron que participaron en diferentes momentos empresas como Akropolis S.A. de C.V., Servicios Luciana S.A. de C.V., Maquiladora Lusa S.A. de C.V., y Comercializadora Baltus S.A. de C.V., entre otras”.
Ante todo ello, Ackerman concluyó: “La información proporcionada por Lozoya no debe tener solamente implicaciones penales sino también electorales. Es hora de acabar de una vez por todas con la idea de que la esfera electoral sea un ámbito especial donde todo se vale con tal de llegar al poder. La elección presidencial de 2012 no fue la única ocasión en que el viejo partido de estado burló la ley. También existen evidencias contundentes con respecto a la operación de fraudes en los casos de la elección para gobernador de Veracruz en 2010 con Javier Duarte, y las elecciones estatales en Chihuahua en 2016 desde las oficinas de César Duarte, así como en Coahuila y el Estado de México en 2017, entre muchos otros casos”.