Diez congresistas de Estados Unidos instaron a la representante comercial de EU, Katherine Tai, a solicitar al gobierno de México garantizar que cualquier reforma promulgada no entre en conflicto con las obligaciones en virtud del Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC).
En una carta dirigida a Katherine Tai, el grupo de 10 congresistas estadounidenses externaron sus inquietudes sobre las reformas al Poder Judicial y la desaparición de organismos autónomos que son discutidas en el Congreso de la Unión.
Los congresistas son: Adrian Smith, Jim Costa, Jodey C. Arrington, Mike Carey, Claudia Tenney, Ron Estes, Greg Stanton, Beth Van Duyne, Michelle Steel y David Schweikert.
En el texto pidieron a Katherine Tai que se comunique con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la mandataria electa Claudia Sheinbaum y el Congreso entrante de México.
Si bien reconocieron el derecho soberano de cada gobierno de actualizar su constitución y valoramos profundamente la sólida asociación entre Estados Unidos y México, los 10 congresistas señalaron que “muchas de las reformas propuestas parecen comprometer el acceso de los inversores estadounidenses a un marco regulatorio estable, predecible e imparcial”.
“También nos preocupan los esfuerzos del Gobierno mexicano para prohibir o limitar ciertos métodos de extracción, reducir la exploración de litio, restringir las operaciones eléctricas y los permisos, restringir las importaciones de maíz modificado genéticamente o abolir los organismos reguladores independientes. Tales políticas socavarían la competitividad de América del Norte y crearían un entorno desafiante para las empresas relevantes que buscan operar bajo las reglas del T-MEC en México”.
El cronograma previsto para considerar estas reformas, apuntas los estadounidenses, requiere que la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR , por sus siglas en inglés) interactúe rápidamente con el Gobierno mexicano para garantizar que las preocupaciones de las partes interesadas estadounidenses se comuniquen adecuadamente.
Además, mencionan que mientras se preparan para la revisión del T-MEC en 2026, es imperativo que cada país socio respete la integridad del acuerdo. Cualquier acción que contravenga las obligaciones del T-MEC creará dudas significativas sobre el compromiso con los objetivos compartidos e inevitablemente hará que el proceso de revisión sea más difícil, señalan.
Katherine Tai
Dados los desafíos significativos que estas reformas plantean para las partes interesadas estadounidenses, solicitaron una sesión informativa para el personal del Congreso sobre la participación de la USTR. Además, pidieron una respuesta por escrito a las siguientes preguntas y que sean despejadas antes del 20 de septiembre.
1. ¿Cuál es la posición de la Administración Biden-Harris sobre las reformas constitucionales propuestas relacionadas con la energía, la minería, el maíz genéticamente modificado, las agencias reguladoras autónomas y la reforma judicial?
2. ¿Cuál es el impacto previsto que estas reformas tendrían en las empresas e inversores estadounidenses?
3. ¿Cómo se alinearían estas reformas con las obligaciones de México en virtud del T-MEC?
4. ¿De qué manera la USTR ha estado interactuando con las partes interesadas estadounidenses para defender sus intereses?
5. ¿Cómo ha interactuado la USTR con el Gobierno de México sobre estas reformas constitucionales desde que se anunciaron las iniciativas por primera vez?
6. ¿Cuál es la estrategia a largo plazo de la USTR para proteger marcos regulatorios confiables e imparciales y el acceso al mercado para las industrias estadounidenses, en caso de que se promulguen estas reformas?
“Agradecemos su pronta atención a este asunto y esperamos trabajar juntos para fortalecer la relación entre Estados Unidos y México”, concluye el documento firmado por los 10 congresistas.
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