Un juzgado decidirá sobre la suspensión definitiva en el juicio de amparo para el Río Sonora, por lo que el Comité de Cuenca hizo un llamado a “velar por la vida, salud y ambiente”.
El 6 de agosto de 2014 ocurrió un derrame de 40 millones de litros de desechos tóxicos y metales pesados desde la mina Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, sobre los ríos Sonora y Bacanuchi.
En noviembre de 2020, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) reconoció, a través de una carta enviada a los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS), que el agua de consumo humano en los siete municipios del Río Sonora seguía contaminada con metales pesados.
Ante esto, pobladores presentaron, en agosto del 2021, ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) una solicitud de medidas cautelares, ya que consideraron que no se había cumplido una reparación integral del daño tras 7 años de los hechos.
Estas buscaban “proteger la salud”de la población de 8 municipios, “el pleno acceso a agua limpia, y la reubicación de los pozos contaminados”.
Sin embargo, ante la respuesta no favorable de la procuraduría, el pasado 27 de mayo, diez habitantes de diferentes municipios afectados interpusieron un juicio de amparo, solicitando una suspensión. En este pidieron que se asegure la calidad del agua en las escuelas a lo largo dela zona y que la Profepa atienda la contaminación.
El juzgado ordenó implementar medidas como transporte gratuito a centros hospitalarios y proveer de agua limpia a las escuelas.
No obstante, las personas presentaron una impugnación, ya que consideraron que las medidas eran insuficientes; ésta fue resuelta por el Segundo Tribunal en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito (Sonora) como parcialmente fundada y ordenó algunas precisiones, pero afirmó que no se podía resolver en un incidente de suspensión.
Por lo tanto, el grupo solicitó la apertura del incidente y lograron que el Juzgado abordara el principio de precaución en materia ambiental, concediendo una suspensión provisional para que las autoridades adopten medidas preventivas y la Profepa realice una evaluación actualizada.
Adicionalmente, el Juzgado precisó que la suspensión provisional no implica que se interrumpan otras acciones de las autoridades a favor de la salud y el ambiente en la región del Río Sonora.
En próximos días está previsto que se resuelva si la suspensión pasa de provisional a definitiva. Ante esto, el Comité de Cuenca Río Sonora hizo un llamado a que el Juzgado “continúe anteponiendo el interés público, velando por la salvaguarda de la salud y el ambiente”.
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