La organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ponga “limites claros al fuero militar” y apruebe el proyecto de ley que impide que el Ejército involucre a civiles en investigaciones por delitos militares.
Esto después de que el pasado 14 de marzo, el Máximo Tribunal inició la discusión de la acción de inconstitucionalidad 46/2016 interpuesta en 2016 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En ella se impugnan los 29 artículos del Código de Justicia Militar y del Código Militar de Procedimientos Penales por considerar que violan la Constitución, al permitir que el fuero militar invada al fuero civil.
Las disposiciones de la legislación impugnada establecen que cuando el Ejército investigue a sus elementos por faltas a la disciplina, pueda llamar a civiles a comparecer en calidad de peritos o testigos y sancionarlos si no acceden.
Además, la corporación castrense podrá solicitar la intervención a comunicaciones privadas, clasificar como confidencial toda la información que recaben y confiscar bienes y activos financieros sin orden judicial.
Sin embargo, durante la sesión cuatro ministros se pronunciaron a favor de que civiles puedan ser llamados a comparecer en juicios militares, argumentando que, si esto no sucede, podría tener “consecuencias adversas para la impartición de justicia”.
El MUCD advirtió en un comunicado que con dicha ley no se delimitan los supuestos por los que se pueda pedir esta participación ni sobre cuándo la justicia civil puede intervenir para protegerlos del fuero militar.
Además, recalcó que invade las facultades de la justicia civil y alimente la impunidad. Igualmente, subrayó que la justicia militar sólo observa el cumplimiento de normas castrenses y no puede garantizar justicia a las víctimas.
“La Justicia Militar opera dentro del Poder Ejecutivo, por lo que viola la independencia judicial y la separación de poderes”, agregó.
Ante esto, la organización hizo un llamado a la SCJN para que prohiba “extender el fuero militar a civiles, fijando criterios que impidan el abuso de la jurisdicción penal militar en favor de la impunidad, la opacidad y la falta de rendición de cuentas”.
“En un contexto de militarización es imperioso que la Corte impida que se pueda abusar de la jurisdicción militar para fomentar la simulación de justicia y la impunidad sistemática ante violaciones a los derechos humanos”, concluyó.
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