La candidata está acusada del delito de lavado de activos por presuntamente recibir dinero ilegal de la brasileña Odebrecht para financiar sus campañas de 2011 y 2016.
Carlos Noriega
La fiscalía de Perú acusó este jueves a la candidata presidencial Keiko Fujimori por lavado, organización criminal y otros delitos, y pidió una condena de 30 años y 10 meses. La acusación es por el financiamiento oculto con más de 10 millones de dólares a sus campañas presidenciales de 2011 y 2016, en las que fue derrotada en segunda vuelta. En los próximos meses se iniciará el juicio oral.
Los cargos contra la hija del encarcelado exdictador Alberto Fujimori se basan en las confesiones de empresarios que hicieron esos aportes secretos y de excolaboradores de la actual jefa del fujimorismo que han revelado cómo se blanqueó ese dinero para ingresarlo en las campañas.
Para la campaña de 2011, la constructora brasileña Odebrecht, envuelta en un escándalo de megacorrupción, entregó a Keiko en secreto y en efectivo un millón de dólares, y otros 200 mil dólares para una bolsa organizada por el principal gremio empresarial del país.
Tres importantes empresarios peruanos han confesado haber entregado en reuniones secretas valijas llenas de billetes para las campañas fujimoristas de 2011 y 2016, en unos casos a la propia Keiko y en otros a sus emisarios. Aportes que en conjunto superan los 9 millones de dólares.
Keiko postula por tercera vez a la presidencia en las elecciones de abril. Las encuestas la ubican entre el segundo y cuarto lugar, con un apoyo entre 7 y 8 por ciento, igualada en ese bajo porcentaje con varios otros candidatos.
Keiko, de 45 años y madre de dos hijas menores, estuvo 13 meses en prisión preventiva por el mismo caso desde octubre de 2018. Salió en libertad el 29 de noviembre de 2019, luego que el Tribunal Constitucional aceptara un habeas corpus.
RFI y AFP
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