Autoridades en Veracruz cometieron el crimen de lesa humanidad por la desaparición forzada de personas en el estado, denunciaron organizaciones, al tiempo que exigieron al Estado mexicano que reconozca la existencia de los mismos y enjuicie a los responsables.
El informe, elaborado por la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), Litigio Estratégico en Derechos Humanos (IDHEAS) y el colectivo de familiares Solecito de Veracruz, se ha perpetuado dicho delito en por lo menos cuatro estados de la República, por lo que la Corte Penal Internacional debería abrir un examen sobre la situación.
El grupo contabilizó que en Veracruz, desde 2006, se han producido entre 3 mil y 20 mil desapariciones forzadas. Además, el colectivo Solecito encontró las dos fosas clandestinas más grandes de América, las cuales suman en conjunto más de 600 cadáveres: Colinas de Santa Fe, con 305 cuerpos, y El Arbolillo, con 310.
Sin embargo, apuntan que la violencia tuvo un auge en la entidad entre 2010 y 2016, durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
El informe analiza las características de 22 casos, ocurridos entre noviembre de 2012 y julio de 2016, para argumentar que la situación en Veracruz califica como crimen de lesa humanidad.
Las víctimas en su mayoría eran hombres jóvenes (un 68% tenían menos de 40 años) laboraban como mecánico o taxista, o eran estudiantes. En contraste, sostiene, las personas implicadas en las desapariciones fueron autoridades estatales, en particular integrantes de la Policía Estatal o la Policía Ministerial de la entidad.
De acuerdo con el análisis, todos los casos siguen un mismo patrón: cada una de las víctimas fue detenida por la Policía Estatal o Ministerial de Veracruz, en la mayor parte de los casos fueron trasladados en vehículos de la fuerza pública, con uso de la fuerza o de armas, y los hechos ocurrieron en una zona urbana de la ciudad de Veracruz o localidades cercanas.
Tras estos sucesos, sus familiares no volvieron a tener noticias de su paradero o las personas fueron encontradas en la fosa clandestinaubicada en Colinas de Santa Fe.
“Después de cada acto de desaparición forzada, la Fiscalía Estatal de Veracruz no realiza una investigación imparcial ni eficiente, a pesar de las denuncias realizadas por parte de los familiares”, apunta el documento.
Asimismo, las organizaciones señalan que, a pesar de que algunos funcionarios fueron imputados, la impunidad sigue porque no se han realizado investigaciones sobre el “contexto sistemático”y ninguno de los altos mandos de la Policía Estatal o la Gobernación han sido enjuiciados. De igual forma, recalcaron:
“A su vez, cientos de cuerpos de las fosas Colinas de Santa Fe y El Arbolillo siguen sin identificar”.
A esto se suma que, en 2014, ONGs presentaron ante la CPI crímenes similares en Baja California entre 2006 y 2012, mientras que en 2017, colectivos, en asociación con más de 90 organizaciones, entregaron a la Corte una comunicación sobre asesinatos, desapariciones y torturas cometidos en Coahuila de Zaragoza.
Además, en 2018 organizaciones denunciaron crímenes de lesa humanidad cometidos en Chihuahua entre 2008 y 2010, mientras que en 2021 denunciaron estos delitos en Nayarit, ocurridos entre junio y septiembre de 2017.
Ante esto, la FIDH, IDHEAS y el colectivo de familiares Solecito demandaron a la autoridades federales en México que reconozcan la existencia de crímenes de lesa humanidad y avancen las investigaciones para enjuiciar a los máximos responsables.
Igualmente, el informe completo fue remitido a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, solicitándole abrir un examen preliminar sobre México.
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