Un grupo de defensores de derechos de la infancia manifestaron su preocupación por la iniciativa de reforma legislativa que pretende fusionar 18 organismos y entidades federales en México, entre ellos el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).
La agrupación, integrada por ex vicepresidentes, expertos y expertas independientes que han acompañado al Estado mexicano desde el Comité de Derechos del Niño de la ONU, consideraron que “esta reforma sería contraria al derecho internacional de los derechos humanos, especialmente a la Convención sobre los Derechos del Niño y sus dos Protocolos Facultativos, de los cuales México es Estado Parte”.
A través de un posicionamiento conjunto, advirtieron que la iniciativa de reforma publicada también va en sentido contrario a las recomendaciones realizadas al Estado mexicano por el Comité de Derechos del Niño en 2016.
Hacemos eco del llamado de UNICEF México al gobierno para realizar un debate abierto sobre los aportes del SIPINNA y cómo mejorar sus funciones.
Los expertos señalaron que el SIPINNA es el diseño institucional más avanzado que se ha logrado en las Américas para la protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia.
“Ha demostrado importantes aportes nacionales para prevenir afectaciones a la niñez, con el esfuerzo articulado de miles de funcionarias y funcionarios públicos en todo el país. Su desaparición o fusión con una institución asistencial implicaría un retroceso institucional que afectaría gravemente el interés superior de niñas, niños y adolescentes en México”, destacaron en su misiva.
Por este motivo, emitieron un exhorto al gobierno mexicano a reconsiderar su propuesta de reforma legislativa; y empreender acciones con las sociedad civil y niñez organizada para fortalecer el SIPINNA como un organismo desconcentrado, especializado y coordinador de las políticas públicas en materia de derechos de la niñez y la adolescencia.
También hicieron un llamado a cumplir con sus obligaciones internacionales y a cooperar con el Comité de Derechos del Niño y otros mecanismos de derechos humanos de la ONU para garantizar el pleno respeto y protección de los derechos de todas las niñas, niños y adolescentes en México.
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