Este domingo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador visitó otra vez Nayarit, donde concluyó su gira nacional para supervisar la operatividad del Banco del Bienestar, pero fue interceptado por trabajadores sindicalizados para pedirle una revisión al sistema de pensiones estatal.
Trabajadores afiliados a distintos sindicatos, como el magisterial del SNTE, de trabajadores del estado y municipios SUTSEM, universitarios y otros, esperaron al Ejecutivo federal para pedirle una revisión al nuevo sistema de pensiones, propuesto por el gobernador Miguel Ángel Navarro.
Mientras el presidente López Obrador viajaba en una Urban blanca, el líder del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios (SUTSEM) Óscar Cedano le manifestó que en el estado se planeaba crear un sistema de Afores en perjuicio de los trabajadores.
“Nosotros como usted, no estamos de acuerdo con las Afores, son del sistema neoliberal, solamente los ricos se enriquecen de ese sistema. Lo malo es que ésta Afore la controla el gobierno y la va a manejar el gobierno”.
Además señaló que la ley de pensiones recién aprobada por diputados locales y propuesta por el gobernador local afecta a los trabajadores.
“Aquí la ley de pensiones que aprobaron, el doctor Navarro hizo una ley anticuada, es del neoliberalismo, oligárquica, de los conservadores; él es una persona de la 4T disfrazada, pero él no aplica la filosofía de la 4T, a terminar la corrupción, a terminar la impunidad, quitar sistemas neoliberales y él está aplicando sistemas neoliberales”.
El presidente López Obrador escuchó los señalamientos del sindicalizado y aseguró que enviaría a algún funcionario de su gabinete a atender el problema y hablaría con el gobernador de Nayarit.
“Voy a hablar yo con él y voy a ver si viene alguien de México”.
Entre las condiciones que reclaman las y los trabajadores de Nayarit se encuentra el que la edad jubilación incrementó a 65 años.
Además piden una Auditoría al Fondo de Pensiones —desaparecido con la actual legislación— del que no se sabe el destino de más de 2 mil millones de pesos descontados a los salarios de los trabajadores desde hace más de 12 años, sin que exista una investigación formal de los órganos auditores estatales, ni de procuración de justicia en contra de autoridades pasadas.
También reclaman que la cotización salarial sea en Unidades de Medida de Actualización (UMA) y no en salarios mínimos, además del pago de prestaciones y beneficios a personas jubiladas y pensionadas por considerarlas en la nueva ley como trabajadores no activos.
El gobierno local defiende que el quebranto Financiero de este sistema de pensiones representa más de 600 millones de pesos adicionales a la obligación de ley, a lo que se sumarían 22 millones de pesos si se aprobaran mil 104 solicitudes de trabajadores que buscan pensionarse.
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También señala que debido a los convenios laborales firmados en el estado la administración pierde entre 300 y 400 millones de pesos mensuales.
El estado asegura que los efectos no serán retroactivos y el sistema pensionario nuevo tomará como referencia el de Québec, Canadá.
Por esta situación no hay exfuncionarios —desde la administración de Ney González, Roberto Sandoval o Antonio Echevarría— llamados a cuentas para revisar el desaparecido fondo y otros temas laborales.
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