La jueza Pilar Llop Cuenca, madrileña de 48 años, ha sido diputada autonómica, delegada del Gobierno para la violencia de género, senadora, presidenta del Senado y ahora es ministra de Justicia. Cuenta que su trabajo en los tres poderes del Estado (judicial primero; legislativo, después; y ejecutivo ahora) le ha dado una “visión de 360 grados” para analizar la actualidad. En sus respuestas, prolijas como una sentencia del Supremo, coloca por delante el respeto a los procedimientos, explica cómo vé los hechos y tras varios resultandos y considerandos, dicta veredicto.
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Pregunta. ¿Tiene esperanza de renovar en esta legislatura el Consejo del Poder Judicial?
Respuesta. Nadie podía prever que algún grupo parlamentario pudiera ser desleal con la Constitución y bloquear la renovación. Hay que pedir que se cumpla con la Constitución y que se haga con el sistema vigente, que es válido, constitucional y avalado por una ley orgánica que el propio PP respetó y cumplió cuando gobernó y procedió a nombrar a los vocales en el Parlamento, que es donde corresponde. Este bloqueo genera una imagen muy mala para España, como vimos en el último informe sobre el Estado de derecho que ha hecho el comisario [de Justicia de la UE, Didier] Reynders. Yo me reuní con él nada más llegar al ministerio y lo que dice el comisario es que se proceda ya a la renovación del órgano y posteriormente se abra un debate sobre otros modelos de Consejo del Poder Judicial. Yo ya digo que el Gobierno de España defiende el modelo vigente.
P. ¿Abrirán un debate una vez que se renueve el actual Poder Judicial?
R. Nunca hay que eludir ningún debate. De los países europeos donde hay consejos similares al nuestro, el modelo español es el que dota de mayor independencia y mayores competencias a ese órgano. Si el poder judicial es considerado un poder del Estado, también es de los ciudadanos, que tienen algo que decir a la hora de decidir quiénes van a ser las personas representadas en el Consejo del Poder Judicial. Este es un órgano que, entre otras cosas, nombra a los magistrados del Supremo. En el caso de La Manada hubo una desafección absoluta de la ciudadanía hacia una resolución judicial, una ciudadanía que no comprendía que se hubiera hecho una interpretación jurídica que no se correspondía con la realidad y que luego fue restaurada en la interpretación por el Supremo. Por eso es tan importante el Consejo del Poder Judicial, que además decide sobre la responsabilidad disciplinaria de los jueces y las juezas, sobre la formación de los jueces y las juezas, y por supuesto los ciudadanos tienen algo que decir de todo esto. Otra cosa es que el Parlamento decida cambiar el modelo. Eso no puede ser un proyecto de ley que salga del Gobierno, tiene que ser una proposición de ley que salga del Parlamento. La ciudadanía, a través de sus representantes, debe decidir cuál es el modelo que quiere.
P. ¿Pero aceptan abrir ese debate antes de la renovación?
R. El debate ya está abierto. Otra cosa es si queremos que se haga un debate parlamentario, que creo que sería lo oportuno.
P. Si se renueva el Poder Judicial, ¿le gustaría que fuera elegida una mujer como presidenta de ese órgano y del Supremo?
R. Es evidente que en el Tribunal Supremo hay una infrarrepresentación de las mujeres, cuando además no existe ningún motivo para que las mujeres no estén representadas en un porcentaje que refleje la propia sociedad en que vivimos. Nosotras somos un poco más de la mitad de la población y tenemos que ocupar los espacios públicos y de toma de decisión del modo en el que está representada nuestra sociedad. Es una decisión de pura democracia. La cuestión que me plantea es una necesidad, yo creo que es una cuestión evidentemente de democracia, el que tengamos ahora o en cualquier otro momento, pero si fuera ahora sería muy oportuno, que de una vez por todas hubiera una mujer que pudiera presidir el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo. No se trata de elegir a las mujeres porque son mujeres, sino que se trata de que ante una igualdad de méritos se elija al sexo que esté menos representado, que en este caso sabemos que son las mujeres.
P. Su antecesor anunció varias veces un acuerdo con el PP para renovar el consejo, pero nunca se hizo realidad. ¿Ha hablado ya con el PP? ¿Puede anunciar algún acuerdo?
R. Soy escrupulosa con la división de poderes. La renovación del consejo no puede ser un acuerdo del Gobierno, ni un acuerdo de partido a partido, es un acuerdo de las fuerzas políticas representadas en el Congreso y en el Senado. Ahora bien, cuantas más vías de diálogo se puedan abrir mucho mejor, siempre que estén destinadas a llegar a un acuerdo. No se pueden poner por delante condicionantes cuando lo que se está haciendo es incumplir la Constitución, pido que se cumpla con la Constitución, que se tenga altura de miras y sentido de Estado. Este bloqueo institucional genera un daño a la imagen de las instituciones que no se debe permitir de ninguna manera. Así que pido que el PP proceda al desbloqueo de esta situación.
P. El Tribunal Constitucional está dictando sentencias muy relevantes cuando un tercio de sus integrantes tiene el mandato caducado desde hace casi dos años. Y con un magistrado menos, que dimitió en octubre pasado y que no ha sido sustituido…
R. Mi respeto absoluto a las resoluciones del Constitucional. Eso es evidente. Pero hay que ser realistas con la situación que tenemos. Hay 12 magistrados y magistradas del Constitucional, ahora mismo hay una vacante y lo que ocurre además es que el voto de calidad del presidente del Constitucional no puede operar. Lo que se está generando es una disfunción en el órgano constitucional, el garante de la Constitución, el garante de los derechos y libertades de los ciudadanos, es imprescindible también la renovación del Tribunal Constitucional.
P. Usted y el presidente Sánchez sostienen que el decreto de alarma que impuso el confinamiento domiciliario fue conforme a los parámetros constitucionales, a diferencia de lo que entiende el Tribunal Constitucional. ¿Si se repitiera la crisis sanitaria de marzo de 2020, volverían ustedes a optar por el decreto de alarma para confinar a la población?
R. Esperemos que no vuelva a producirse una situación similar. El Constitucional ya se ha pronunciado, pero es evidente que ha sido una sentencia internamente controvertida donde ha habido cinco votos particulares que han optado por que el instrumento jurídico adecuado era el estado de alarma y no el estado de excepción, y aquí repito, con una vacante sin cubrir y donde el voto de calidad del presidente del Constitucional, que entendió que lo que correspondía era el estado de alarma, no ha podido operar. Pero aquí quiero hacer una reflexión sobre las circunstancias en las que se produjo el estado de alarma. Cuando se hace la interpretación del derecho a la libertad ambulatoria, si era una suspensión de ese derecho o era una limitación, por parte de los seis magistrados que entienden que lo que había era un estado de excepción, se sitúan en una perspectiva de 1981, cuando se dicta la ley del estado de alarma, excepción y sitio. Si se hubiera producido esta misma situación en aquel momento, 40 años atrás, se hubiera producido un colapso total del Estado: no hubiera podido funcionar el Parlamento, un colapso sanitario, económico, del Poder Judicial y de los juzgados y tribunales que no habrían podido celebrar juicios virtuales, como sí han estado celebrando ahora gracias a todo el desarrollo legislativo que se ha hecho; los ciudadanos hubiéramos estado confinados en nuestros hogares sin tener información de lo que pasaba. Y, sin embargo, eso no ha ocurrido. Porque hemos estado presentes, a lo mejor no físicamente, pero hemos estado presentes en reuniones de trabajo, el Parlamento ha podido funcionar a través de videoconferencias… Hay personas que lo han pasado muy mal y no han podido continuar con su actividad normal, pero para eso se ha desarrollado un escudo social para atender a sus necesidades. Ese colapso del Estado ahora no se ha producido, se hubiera producido en aquel momento [de 1981]. Hay que hacer una reflexión sobre el derecho a la libertad deambulatoria y situarnos en la perspectiva actual, con el desarrollo de las nuevas tecnologías, que nos va a permitir salir de esta crisis cuanto antes y con el menor daño posible.
P. ¿Teme que el Constitucional aborde la sentencia de la ley del aborto con la ponencia que prepara el exdiputado del PP y magistrado Andrés Ollero?
R. No puedo aventurar cuál puede ser la resolución del Constitucional, pero lo que sí puedo decir es que ahora, cuando no hay un clamor por reformar el sistema de la actual ley del aborto, que es una ley de plazos que cuando se hizo nos situó al nivel de otros países avanzados democráticamente en el respeto de los derechos y la dignidad de las mujeres, la libertad para decidir sobre su maternidad, que es algo absolutamente personalísimo que tenemos las mujeres y que nos corresponde por nuestra propia naturaleza. Ahora no es el momento en que tenemos que tocar este tema. Cuando se intentó por [Alberto] Ruiz-Gallardón, le costó el puesto de ministro. Esto supondría un retroceso absoluto para los derechos de salud y reproductivos de las mujeres, volverían a la clandestinidad poniendo en riesgo la vida y la integridad física de las mujeres… Lo que tenemos que hacer es avanzar en derechos. España es un país que ha defendido la igualdad de mujeres y hombres, es un país avanzado que ha hecho las leyes más progresistas de la historia cuando en el Gobierno ha estado el PSOE: la ley contra la violencia de género; la ley de igualdad del año 2007; en esta legislatura hemos aprobado la ley de eutanasia, la ley de violencia contra la infancia y la adolescencia, la de modificación del Código Civil y Procesal para el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, estamos trabajando en la ley trans y de derechos LGTBI, en la ley contra la violencia sexual. Esto que me pregunta usted de retrotraernos y retroceder en los derechos de las mujeres sería, desde luego, dar un paso atrás sin precedentes.
P. Dos magistrados del Constitucional han firmado votos particulares contra la sentencia que avalaba las condenas del Supremo a los líderes del procés. Esos dos magistrados consideraban las penas por sedición desproporcionadas. ¿Han aparcado definitivamente el proyecto de reforma del delito de sedición?
R. No está aparcado definitivamente. Pero me gustaría separar el debate sobre la reforma del Código Penal, no solo respecto al delito de rebelión y sedición, sino respecto a otras conductas, del tema de Cataluña. Se está haciendo un estudio en el Ministerio de Justicia tendente a una mejor regulación de esos delitos para adaptarlos a otros países democráticos y Estados de derecho de nuestro entorno y analizando la proporcionalidad en las penas de estos delitos. No se ha aparcado, pero recordemos que el presidente del Gobierno ha dicho que actualmente no se dan las mayorías necesarias en el Congreso y en el Senado para poder aprobar una reforma de estas características, pero los trabajos se están haciendo.
P. ¿La Sala de lo Contencioso del Supremo puede anular los indultos del Gobierno a los líderes independentistas catalanes?
R. No sé lo que va a hacer la Sala de lo Contencioso Administrativo, pero sinceramente creo que es bastante improbable que eso suceda desde el punto de vista jurídico.
P. ¿Si vuelve el expresidente Carles Puigdemont a España será detenido?
R. Hay que esperar la decisión del Tribunal de Justicia europeo sobre la cuestión prejudicial que ha planteado el juez Llarena, lo que va a arrojar luz sobre la actuación de los tribunales belgas en relación con la euroorden, cuyo cumplimiento debería ser automático y no estar sometido a ningún tipo de cuestión sobre reciprocidad en la legislación de un país y otro. La decisión del Tribunal Superior de Justicia Europeo va a sentar un precedente sobre todos los países de la Unión y sobre la aplicación que hay que dar a las órdenes de detención.
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