Un policía muestra un arma que fue entregada en el módulo de desarme en la delegación Magdalena Contreras, el 24 de febrero.Gladys Serrano
Los niños van llegando al atrio de la iglesia en uno de los barrios pobres de México, allí cambian sus pistolas de plástico por un juguete educativo. “Sí al desarme, sí a la paz”, se llama el programa. Está pensado, en realidad, para los adultos, que también tienen su oportunidad de entregar las armas y recibir una compensación económica: unos 4.000 pesos por arma corta, 7.000 por las largas. No está mal si se tiene en cuenta que, en México, por menos de eso se puede comprar una pistola. Cómo se hizo con una de esas el padre del chico de 12 años que se dio un tiro en un dedo el pasado lunes en una escuela de la capital es asunto irrelevante, no lo es el susto que se llevaron los maestros y compañeros del chaval cuando sonó el disparo que pudo haber causado una desgracia. Esa es la razón de que la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, inaugurara el jueves y el viernes dos módulos de desarme en sendas iglesias. La medida no es nueva, pero sigue siendo acuciante sacar de los hogares los miles, quizá millones de armas que hay en todo el país y que los niños, en las zonas más deprimidas, de tanto en tanto, empuñan en el patio de la escuela o a la salida.
Dos tragedias que aún estremecen a los mexicanos preceden a este accidente del tiro en el dedo ocurrido en un centro de Iztapalapa, una de las alcaldías más problemáticas de la capital. En 2017, un niño disparó contra la maestra y sus compañeros en Monterrey y se suicidó dejando heridos graves. Dos años después, la tragedia se trasladó a Torreón (Coahuila), donde otro estudiante, de 11 años, mató a la profesora y dejó heridos a varios alumnos. El tirador también murió con sus propias balas. Llevar armas a la escuela no es algo nuevo en México, dicen los docentes, aunque tampoco generalizado y ven la escuela como uno de los espacios más seguros donde pasar la infancia y la adolescencia en un país con unos índices de violencia que dejan 100 muertos al día de promedio.
Padres y maestros opinan también que entregar dinero por armas está bien, pero que la medida por sí sola no tapona el origen del problema. Hay que buscarlo, dicen, en la violencia generalizada en la que se desangra el país cada día, donde unos tienen pistolas para matar y otros para defenderse y ni los unos ni los otros están dispuestos a deshacerse de ellas así les den un buen puñado de pesos. “Las tienen por seguridad, porque cuando reclamas a las autoridades no hacen nada, lo que se necesita es que la policía haga su trabajo”, dice María Luisa Arriaga, una de las madres que ha ido a cambiar los juguetes bélicos de sus hijos por otros más pacíficos al atrio de la iglesia de la alcaldía de Magdalena Contreras. Esta es sin duda una de las claves. En Iztapalapa, el padre del niño que por poco se vuela el dedo adujo que tenía el arma para defender su clínica odontológica, donde había sufrido algún asalto.
En México, la posesión de armas no es legal, como en Estados Unidos, pero parece que lo fuera, habida cuenta del fácil acceso y la enorme cantidad que hay por todo el país. Hasta 7.000 se han recogido para su destrucción en esos módulos de desarme desde que Sheinbaum llegó al poder a finales de 2018, según sus propios datos. Y eso que el programa ha estado muerto con la pandemia y que se reaviva cuando un accidente de estos detona la preocupación social. El jueves, en el puesto instalado en la iglesia solo había dos, una corta y una larga. Dicen que las habían entregado particulares. Fue más una fiesta infantil con una buena causa de fondo. Pero hay que buscar otras causas, precisamente, para llegar al fondo.
La violencia, si no crece, se ha estancado en unos niveles alarmantes en México y “la escuela no es más que el reflejo de su entorno”, dice Ana Cárdenas, madre de dos niños de cinco y ocho años. A pesar de todo, ella, que ha participado en la organización Abre mi escuela, donde se agruparon las familias que querían poner fin al cierre decretado por la pandemia pasados ya demasiados meses, defiende la seguridad de los centros escolares frente a la violencia de algunos barrios. “Dijimos que era mejor que estuvieran en la escuela cuando la pandemia, porque allí se evitaban más contagios que estando en casa y ahora mantenemos que son espacios más seguros también a este respecto. Solo hay que ver cómo crecieron los casos de abuso sexual contra los niños en sus propias casas durante el confinamiento, por ejemplo”.
La pandemia, argumento de las autoridades para el cierre de los módulos de desarme, es un asunto que de nuevo cobra importancia, a decir de maestros y familias. “Las autoridades no han analizado el efecto del encierro del alumnado en sus casas, cómo se han incrementado las depresiones, las agresiones domésticas y la agresividad de los chicos y chicas, y eso es fundamental cuando además, tienen armas a su alcance”, dice Cárdenas. Felipe Ramos, docente en un colegio de Iztapalapa, observa también los problemas socioemocionales que ahora presentan los alumnos, distintos de hace décadas: “La violencia entre iguales en la escuela, el famoso bullying, las broncas familiares o cómo han quedado emocionalmente tras dos años de encierro pandémico”. Y todo ello en un contexto donde la pólvora está a la orden del día. “Hasta las fiestas del barrio se celebran dando tiros al aire”, dice. Lleva Ramos 33 años impartiendo clases, y recuerda haber encontrado algún arma en manos de un niño, pero también navajas, drogas. No cree, sin embargo, que sea algo generalizado, ni mucho menos que se deba criminalizar por ello a los niños ni a los maestros. Pero sí, sabe que a menudo el alumnado lleva armas para defenderse de los matones del barrio o simplemente para presumir o intimidar en plena adolescencia.
Operativo “Mochila Segura” en una escuela en Coahuila, después de que un niño le disparó a su maestra y a varios compañeros, en enero de 2020.STRINGER (Reuters)
Cuando ocurren incidentes como el de esta semana o mucho más lamentables, se reabre el debate de la mochila segura, o sea la revisión de los bultos que cargan los chavales a su ingreso en los centros. Se hizo poco y se abandonó después de que la Suprema Corte y las oficinas de Derechos Humanos entendieran que tal medida invadía la intimidad de los muchachos y que en nada contribuía a su bienestar. Las críticas también se centraron en la conversión de los maestros en policías y en la arbitrariedad de estigmatizar a los alumnos quizá por su aspecto, a falta de reglas claras para proceder a esos registros. “Hasta en Estados Unidos están en desacuerdo con eso, y mira que allí, cada tanto se dan terribles matanzas en los centros educativos”, dice Cárdenas. Dos hermanas suyas viven allí, en Estados Unidos, y la medida que se ha tomado es colocar a la entrada un arco de detección de metales, menos invasivo y más igualitario y protector para toda la comunidad escolar, opina Cárdenas.
El arco detector de metales es una de las sugerencias que plantea también el profesor Ramos. “No estamos de acuerdo con esculcar las mochilas, además, ellos aprenden a esconder lo que está prohibido en sus cuerpos, como el celular, por ejemplo. Y además, ¿cómo vamos a registrar una por una las bolsas de 500, 600, 800 alumnos que puede haber en un plantel solo en el turno de la mañana?”. A su parecer, las precauciones deben venir de los propios hogares, antes de salir para la escuela. Es un tema complicado, con muchas aristas, yo creo que todo radica en problemas socioeconómicos que no va a solventar el registro de una mochila, eso solo violenta la privacidad. Condenar es fácil”. La mochila, en todo caso vive en paz por ahora, ni las autoridades plantean ese asunto.
Humberto Fernández, delegado educativo del Gobierno federal en la Ciudad de México, no quiere insistir en la revisión de la mochila aun cuando en algún centro haya consenso para hacerlo entre las familias y los maestros. Aboga por investigar en qué casas hay armas sin certificación, es decir, que no corresponden al oficio de los tutores, policías o militares, por ejemplo. “Y garantizar que los menores no tengan acceso a ellas, pero eso es algo que excede la responsabilidad de las autoridades educativas, que solo podemos invocar a la concienciación”, afirma. Y lanza un mensaje de alerta: “La mayoría de las veces en que se registra un accidente desgraciado con arma de fuego ocurre en las casas. O se usan para un suicidio”.
Alfredo todavía se acuerda del vecinito que agarró el arma de su padre y se mató con ella. Hará unos cuatro años, también en Iztapalapa. El niño tenía 14 años, peleas familiares y obsesión con las calificaciones escolares, dado que era un joven brillante, risueño, muy alejado de una adolescencia introvertida o con señas de depresión. La pistola acabaría después también con la vida del padre, en un suceso algo más oscuro, en el ámbito familiar. “Claro que no es generalizado, pero a los niños se les hace fácil llevar un arma a la secundaria, yo lo he visto, y lo sigo viendo en las calles del barrio. Por 800 pesos puedes comprar una. Las tienen los padres, los primos, los hermanos. Los padres a veces ni se enteran”, dice este joven de 28 años que vive en ese barrio de negocios informales y escasa economía donde la vida se abre paso con más dificultad que la muerte. “Lo que yo vi cuando iba a la secundaria sigue pasando y cuando alguna vez revisaron las mochilas en el salón de clase salieron armas, drogas, pornografía, no solo pistolas, también navajas y otros objetos para la pelea”, recuerda. También ha oído disparos al aire para intimidar al adversario al salir de clase. “Todo está demasiado normalizado”, asegura.
Cuando una mañana suenan las balas en la escuela, todo el mundo se pone en guardia, “pero el foco no se centra donde debe: el país está lleno de armas, más de 6,5 millones recorriendo el territorio nacional”, dice Tania Ramírez, presidenta de la Red por los derechos de la infancia en México (Redim). “El año pasado, 789 niños y adolescentes murieron bajo las balas, un incremento sobre 2020 de 2,7 puntos. La crisis está tocando la vida de los niños y eso no se soluciona mirando mal a la escuela ni con medidas discriminatorias ni anticonstitucionales, que suele ser el modo de reaccionar de ciertos grupos conservadores. La carga de la responsabilidad está en el Estado”, añade Ramírez. No, definitivamente, no se trata de buscar en la mochila de los escolares.
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