Desirée Barberá, de 41 años, e Inmaculada Rodríguez, camino de los 74, retiraron esta semana una pancarta de la fachada de su bloque, situado en el número 65 de la Avenida Carlos de Haya, en Málaga. Lo hicieron con la satisfacción del éxito, conscientes del trabajo acumulado tras el simbólico gesto. “Este barrio no quiere la casa de apuestas”, decía la lona, instalada ahí por el vecindario desde que tuvieron conocimiento de que un salón de juegos pretendía ubicarse en el bajo comercial del edificio. El liderazgo de estas dos mujeres ha sido básico para que el negocio no se instale junto a sus viviendas. En el proceso han contado con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga (PP), que ha modificado sus normas para facilitar su reivindicación. Ahora el local acogerá una pizzería. “Cenaremos ahí todas las noches”, dice Rodríguez, que tiene 14 nietos y que durante todo el proceso no hacía más que preguntarse: “¿Y si me toca a mí? ¿Y si alguno de ellos cae en el juego?”.
Málaga cuenta con 81 casas de apuestas, la mayoría en barriadas humildes: 32 en Carretera de Cádiz, 11 en el distrito Bailén-Miraflores y 17 en Cruz del Humilladero, al que pertenece la avenida Carlos de Haya. Los residentes del número 65 encontraron una mañana de septiembre de 2020 un folio pegado con cinta adhesiva en el ascensor. En él se les informaba de la futura instalación del salón de juego en el bajo comercial del edificio, que llevaba años vacío tras el cierre de un antiguo restaurante. Ante las dudas que suscitó el cartel, los vecinos hablaron con distintos abogados de los que recibían siempre malas noticias. “Nos decían que había libertad de empresa, que se podían instalar donde quisieran”, recuerda Barberá. Tenían 40 días para presentar alegaciones a la llegada del negocio y el tiempo corría en su contra, decepción tras decepción. Hasta que dieron con la plataforma Málaga contra las Casas de Apuestas, donde les propusieron promover diversas movilizaciones y les ofrecieron asesoría legal.
El primer paso fue recabar el apoyo de todo el bloque, algo que se consiguió en una excepcional reunión de comunidad. A partir de ahí, los vecinos se repartieron tareas, recibieron el apoyo de los centros educativos de los alrededores y fueron engrosando un documento con informes de especialistas que presentaron justo el día antes de cumplir el plazo. Más tarde colocaron la pancarta, se manifestaron y junto con la plataforma y Adelante Málaga —confluencia de Podemos e Izquierda Unida― promovieron una moción municipal que pedía la modificación de la normativa para que ninguna casa de apuestas pudiera instalarse a menos de 500 metros de centros educativos, parques, espacios deportivos y zonas de afluencia familiar. El inmueble de estos vecinos cumplía todos los requisitos: a su alrededor hay tres colegios o institutos, dos guarderías, un parque, el hospital Regional Universitario y la Ciudad Deportiva Carranque, a la que cada día acuden cientos de menores. Además, 400 metros más abajo hay ya otro salón abierto.
En primavera el municipio acordó por unanimidad aprobar esa distancia mínima y, para conseguirlo, modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Mientras se superan los distintos trámites para lograrlo, el municipio ha aprobado una moratoria de un año para evitar otorgar nuevas licencias a las casas de apuestas. “No hemos hecho más que lo que nuestros vecinos nos reclaman”, dice Raúl López, concejal de Urbanismo. “No pretendemos regular el juego, no es nuestra competencia; pero sí lo es decidir dónde se puede instalar un negocio y dónde no”, subraya López, quien cree que este tipo de infraestructuras se deben ubicar en espacios estratégicos donde, por ejemplo, los menores no se los encuentren al salir del instituto. “Son lugares que no aportan nada a los barrios. Y solo pueden traer problemas a sus entornos y sus jóvenes”, añade Alejandro Torre, portavoz de la Plataforma contra las Casas de Apuestas de Málaga que sabe de qué habla por experiencia propia: comenzó a jugar siendo menor, aunque consiguió rehabilitarse con 21 años.
La capital de la Costa del Sol no está sola en este movimiento. El municipio sevillano de Alcalá de Guadaíra ya aprobó su PGOU con los 500 metros de distancia mínima y las Cortes Valencianas hicieron lo propio aumentando la cifra hasta 850 metros. Otras comunidades como el País Vasco endurecen la normativa, igual que ciudades como Barcelona, y el Defensor del Pueblo insistió este verano en que aumente el control sobre las casas de apuestas. Cádiz también reguló medio kilómetro, pero la Junta de Andalucía ha llevado el caso hasta el Tribunal Superior de Justicia porque entiende que esa regulación choca con la autonómica. La administración andaluza aprobó en mayo un reglamento que establece que la distancia mínima debe ser de 150 metros respecto a centros educativos. El concejal de Urbanismo malagueño defiende que desde su punto de vista no hay injerencia entre competencias. “No regulamos el juego, solo la ubicación”, insiste, “igual que pasa cuando decimos dónde se puede o no instalar un hotel o que en la calle Larios no haya kioscos de la ONCE”.
Mientras tanto, Barberá y Rodríguez, las dos vecinas, agradecen al consistorio el cambio de normativa y animan a residentes de otras zonas de la capital a posicionarse contra las casas de apuestas. “Son legales, pero son malas para la sociedad y pueden hacer mucho daño”, reflexionan ambas en voz alta mientras entregan la pancarta a Alejandro Torre para que pueda ser reutilizada en otro vecindario en caso de ser necesario. Todos esperan con impaciencia la llegada de la nueva pizzería para, de nuevo en equipo, celebrar su éxito.